Sentencia de Suprema Corte sobre la soya transgénica en la península de Yucatán: Una tutela insuficiente de derechos humanos

Jorge Fernández Mendiburu

Integrante de Indignación, promoción y Defensa de los derechos Humanos AC y del Colectivo Ma OGM

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Foto: Colectivo Ma OGM

El 4 de noviembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución de suma trascendencia para el pueblo maya peninsular en México. Se confirmó de manera definitiva la concesión de tres amparos presentados por comunidades y asociaciones de apicultores pertenecientes a dicho pueblo originario, en contra de un permiso otorgado por la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación) a la empresa transnacional de biotecnología y agroquímicos Monsanto, para la siembra, en fase comercial, de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada en 7 entidades del país, incluyendo las tres que integran la península de Yucatán.

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La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

 

Por: Liana Amin Lima

Abogada especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras. Candidata a Doctorado en Derecho Socioambiental por la Pontifícia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

 

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Foto: Manifiesto del movimiento indígena en rechazo a la PEC 215 en el Congreso brasileño. Brasilia, diciembre de 2015. Fuente: www.conferenciaindigenista.funai.gov.br.

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21 en Paris, donde denunciaron las contradicciones del gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no está haciendo su “deber de casa” en relación con la conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación) frente a las violaciones de derechos por la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica. Igualmente, denunciaron los recientes retrocesos legislativos, entre ellos, la promulgación de la nueva Ley de Acceso y Uso del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La promulgación de esta ley se hizo sin el consentimiento previo, libre e informado, violando dicha garantía constitucional en perjuicio de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

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Bolivia: los Guaraníes, el gas y una consulta incómoda

Por: Marcela Torres

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Foto: Juanky Pamies Alcubilla

En términos normativos, Bolivia es uno de los Estados más progresistas de América Latina en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere. La constitución boliviana del año 2009 reconoce una senda cantidad de derechos colectivos a los 39 pueblos indígenas del país, incluyendo expresamente sus derechos territoriales. Dicha constitución reconoce además a la consulta previa como mecanismo principal de la democracia participativa que, junto con la democracia comunitaria y la democracia representativa, constituyen la nueva forma de gobierno de Bolivia. Todos estos cambios normativos dan cuenta del liderazgo político que se gestó dentro de las principales organizaciones sociales de dicha nación en las últimas dos décadas y que alcanzó su máxima visibilidad en el año 2006 cuando el dirigente sindicalista de origen indígena Evo Morales asumió la presidencia. Durante los primeros años de su mandato Morales, quien siempre ha señalado que él “gobierna obedeciendo al pueblo”, instauró una tradición de negociación entre gobierno central y sociedad civil que, si bien dificultó la implementación de políticas públicas en un inicio, le otorgó la credibilidad necesaria que le ha permitido mantenerse en el poder hasta la fecha[1].

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