Bolivia: los Guaraníes, el gas y una consulta incómoda

Por: Marcela Torres

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Foto: Juanky Pamies Alcubilla

En términos normativos, Bolivia es uno de los Estados más progresistas de América Latina en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere. La constitución boliviana del año 2009 reconoce una senda cantidad de derechos colectivos a los 39 pueblos indígenas del país, incluyendo expresamente sus derechos territoriales. Dicha constitución reconoce además a la consulta previa como mecanismo principal de la democracia participativa que, junto con la democracia comunitaria y la democracia representativa, constituyen la nueva forma de gobierno de Bolivia. Todos estos cambios normativos dan cuenta del liderazgo político que se gestó dentro de las principales organizaciones sociales de dicha nación en las últimas dos décadas y que alcanzó su máxima visibilidad en el año 2006 cuando el dirigente sindicalista de origen indígena Evo Morales asumió la presidencia. Durante los primeros años de su mandato Morales, quien siempre ha señalado que él “gobierna obedeciendo al pueblo”, instauró una tradición de negociación entre gobierno central y sociedad civil que, si bien dificultó la implementación de políticas públicas en un inicio, le otorgó la credibilidad necesaria que le ha permitido mantenerse en el poder hasta la fecha[1].

En los inicios del llamado gobierno indígena, existió una innegable predisposición para la incorporación de las demandas territoriales de los pueblos originarios dentro del sistema legal del país. Junto con otros avances destinados a la consolidación de los territorios comunitarios, el gobierno de Morales dio inicio a la aplicación sistemática de la consulta previa dentro del sector de hidrocarburos. La Ley 3058 vigente desde el año 2005 que nacionalizó la industria hidrocarburífera, no solo estableció la consulta previa a los grupos indígenas como obligatoria sino que además determinó que el resultado de dichas consultas debería ser respetado. Esta ley representó un triunfo considerable para los grupos indígenas del oriente boliviano, cuya lucha histórica por adquirir mayor participación política en torno a sus tierras y la defensa de sus recursos naturales empezó a ganar mayor fuerza política en 1990 con su primera marcha por el territorio y la dignidad. El principal grupo beneficiado por esta normativa ha sido el pueblo Guaraní, cuyos territorios ancestrales, reconocidos legalmente como Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC) localizados en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, albergan la mayor cantidad de gas natural del país, fuente principal de la economía boliviana. Otros pueblos de la zona que también han sido consultados en materia de hidrocarburos son lo weenhayek y los tapietes, quienes por su menor tamaño y débil capacidad organizativa no han tenido la misma visibilidad política de los guaraníes.

Desde el año 2007 el gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo al menos 48 procesos de consulta en la región del Chaco Boliviano entre los que destacan casos emblemáticos de éxito como el del TIOC de Charagua Norte en el año 2010. Luego de 7 meses de diálogo y de avances y retrocesos en la negociación entre las organizaciones guaraníes y el gobierno central se logró alcanzar un consenso. Mediante dicha consulta los guaraníes aceptaron el proyecto extractivo no sin antes incorporar muchas de sus demandas económicas y medioambientales en el acuerdo final. Este caso fue motivo de esperanza para diversos sectores de la sociedad civil para quienes la consulta ofrecía un espacio de negociación política más equitativo en que los grupos indígenas tenían la posibilidad real de transformar la manera en que se habían venido ejecutando los procesos extractivos en sus tierras. Si bien es cierto, las organizaciones sociales de corte más ambientalista criticaron el carácter mercantilista de la consulta previa señalando que las organizaciones indígenas habrían sido cooptadas por el gobierno extractivista de Evo Morales, lo cierto es que la obligatoriedad del consentimiento previo junto con una organización indígena sólida dieron como resultado procesos de dialogo más equilibrados.

Sin embargo, la situación política boliviana ha cambiado considerablemente en los últimos años[2]. La necesidad de agilizar los procesos extractivos, tal como sucede en el resto de países latinoamericanos cuyas economías dependen de la exportación de recursos naturales, ha determinado que los bolivianos tengan actualmente un Poder Ejecutivo menos dispuesto a “gobernar obedeciendo”. En abril de este año entró en vigencia el Decreto Supremo 2298 que modifica sustancialmente la naturaleza de lo que hasta entonces ha sido la consulta previa en materia de hidrocarburos, posibilitando su exploración y explotación dentro de tierras comunitarias aun sin el consentimiento indígena.

Este decreto, junto con otros que buscan facilitar la extracción de gas y petróleo incluso en áreas naturales protegidas, no han sido acatados pacíficamente por las organizaciones sociales afectadas. Los días 1 y 2 de julio en la ciudad de Camiri, conocida como la capital petrolera de Bolivia, ubicada en el departamento de Santa Cruz, se reunieron los principales dirigentes guaraníes en una asamblea nacional que resolvió rechazar las normas recientemente aprobadas por el gobierno del presidente Evo Morales debido a que concluyeron que las mismas vulneran sus derechos territoriales. Este pronunciamiento dio inicio a varias movilizaciones en la capital de Santa Cruz, así como a bloqueos y toma de pozos petroleros por parte de pobladores indígenas en varias localidades del Chaco boliviano.

A fines del mes de agosto de este año y con el respaldo de las organizaciones indígenas, el Defensor del Pueblo Rolando Villena presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2298 en lo concerniente a los mecanismos para la realización de la consulta previa en territorios indígenas. De acuerdo con la interpretación de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los cambios introducidos por dicho decreto vulneran la Constitución, específicamente el artículo 30 que establece como derechos de las naciones indígenas el ser consultadas mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, y el artículo 403 que atribuye a las naciones indígenas la facultad de aplicar sus normas propias en los procesos de consulta previa de conformidad con sus estructuras de representación, a sus criterios culturales y a sus principios de convivencia armónica con la naturaleza.

Dicha acción legal deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano en medio de la presión de las organizaciones sociales y un gobierno que pugna por adquirir mayor control de los recursos naturales. La resolución de esta disputa podría dar nuevas luces acerca de la actual fuerza política de las organizaciones de tierras bajas y de su capacidad de mantener su agenda de reivindicación territorial frente a un gobierno que se muestra cada vez menos tolerante a la diferencia. En el mejor de los escenarios, el conflicto ofrece la posibilidad al pueblo guaraní de renovar sus demandas políticas, avanzar en la titulación de sus territorios de origen y recuperar el protagonismo en la toma de decisiones dentro de los mismos.

[1] En las elecciones presidenciales del año 2014 Evo Morales fue reelecto con el 60 por ciento de los votos. Sin embargo, durante los primeros años de su gobierno Morales tuvo que enfrentar no solo la violenta oposición de las élites del Oriente Boliviano conocidas como la Media Luna, sino además fuertes eventos de protesta protagonizados por sus propias bases como en el caso del Gasolinazo del año 2010 en que el sindicato de trabajadores de la COB junto con juntas vecinales, estudiantes entre otras organizaciones sociales se movilizaron en contra del incremento del precio de la gasolina.

[2] En el año 2011 el conflicto del TIPNIS entre el estado boliviano y los pueblos amazónicos que se manifestaron en contra de la construcción de una carretera sobre sus áreas protegidas dejó ver una actitud muchos menos tolerante por parte del gobierno hacia los grupos indígenas del oriente en contraste con una actitud mucho más inclusiva de los grupos indígenas del altiplano.

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