Daniel Vázquez*

América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.

En este contexto, las violaciones a derechos humanos (tanto civiles como económicos y sociales) permanecen. Lo que se modificó y fragmentó fueron los patrones estructurales que generan dichas violaciones. Hoy por hoy, la violencia, la corrupción y la impunidad, son algunos de los nuevos patrones de las violaciones a los derechos humanos en América Latina.

Si se analiza, por ejemplo, lo que sucede con la violencia en el mundo a partir de la tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), la región más violenta es América Latina con 25 homicidios en el 2017. Le sigue el Caribe con poco menos de 20, posteriormente África Subsahariana, con menos de 10, y América del Norte con poco más de 5. Por su parte, la región menos violenta es Europa occidental con menos de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Gráfica de homicidios intencionales para nueve regiones del mundo en el 2017

Fuente.- Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Con relación al indice de los países latinoamericanos, el país más violento durante el 2017 fue El Salvador, con más de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por Honduras, Colombia, y Venezuela. Los tres países menos violentos de la región fueron Chile, Perú, y Uruguay.

Gráfica de homicidios intencionales para América Latina en el 2017

Fuente.- Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

En cuanto al nivel de corrupción mundial, si se examina el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional entre 2012 y 2015, las cosas no pintan bien para América Latina pues se encuentra en el penúltimo lugar, sólo por encima de África Subsahariana y muy lejos de los primeros lugares; América del Norte y Europa occidental.

Media del CPI para nueve regiones del mundo, 2012-2015

Fuente. – Elaboración propia a partir de información de Transparency International.

Los dos países con menor percepción de corrupción en América Latina son Uruguay y Chile. En tercer lugar, con casi veinte puntos de diferencia, está Costa Rica, seguido por Cuba y Brasil. Un segundo grupo intermedio lo integran El Salvador, Perú, Panamá, y Colombia. Un tercer grupo está integrado por México, Bolivia, Argentina, Ecuador y República Dominicana, y al final de la lista se encuentran Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y por debajo Venezuela.

Promedio del CPI para los países de América Latina, 2012-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Transparency International.

Ahora bien, vale la pena examinar el grado de impunidad a partir de un indicador construido de la medición de Estado de derecho del World Justice Project. En particular, los indicadores de los componentes de justicia civil y criminal dan cuenta de la mayor causa de impunidad: la ausencia de castigo frente a la comisión de un acto ilícito. Nuevamente, América Latina no tiene buenos resultados pues es la región con la mayor percepción de impunidad en el 2017, muy lejos de Oceanía o América del Norte, las mejor posicionadas.

Gráfica de percepción de la impunidad para nueve regiones del mundo, 2017.

Fuente: – Elaboración propia.

Miremos ahora lo que sucede al interior de América Latina, los resultados se muestran en la siguiente gráfica.      Los países que aparecen con el mayor nivel de impunidad son El Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala. En los mejor posicionados aparece Costa Rica, Nicaragua, Uruguay y Chile.

Gráfica de percepción de la impunidad para América Latina, 2017

Fuente. – Elaboración propia.

Hasta aquí tenemos claro que América Latina tiene altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, lo que detona, incentiva y mantiene las violaciones a derechos humanos. Este contexto puede agravarse aún más, cuando los Estados son capturados y alejados de sus obligaciones de garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

Hablamos de captura estatal cuando un político o servidor público se apropia del poder público para fines privados. El Estado puede ser capturado, por ejemplo, por una empresa farmacéutica para emitir una ley de patentes ad hoc a sus intereses; por una rama industrial dedicada a la minería, para emitir una política proclive a sus intereses; pero también por grupos del crimen organizado en México, paramilitares en Colombia, pandillas en El Salvador, o milicias en Brasil. Más aún, el Estado puede ser capturado por la propia clase política, cuando sus acciones se alejan por completo de una idea mínima de bienestar general y se dedican simplemente a satisfacer intereses particulares. En la medida en que el contexto de violencia, corrupción e impunidad sea útil para la red o redes de actores públicos y privados que capturan al Estado, revertir esos contextos se torna mucho más complicado.

Es importante mencionar que el Estado no es un ente unitario, sino un conjunto de actores estatales con relaciones de cooperación, indiferencia y de conflicto, tanto para cumplir con la garantía, protección y promoción de derechos, como para capturar al Estado o para delinquir. Difícilmente todas las y los actores que componen el Estado estarán capturados, siempre habrá algunos espacios de autonomía. El punto es ¿qué órganos son autónomos? Y ¿de cuánta autonomía y capacidad de incidencia gozan?

En otras palabras, de la misma forma en que el nivel de violencia, corrupción, e impunidad varían en cada uno de los países latinoamericanos, el nivel de captura también varía. Ahí donde las principales posiciones políticas de un Estado se encuentren capturadas, los organismos estatales y ordinarios de justicia se verán sistemáticamente impedidos para actuar. En ese tipo de casos tiene sentido echar mano de organismos extraordinarios de justicia como las Comisiones de la Verdad; y de mecanismos de justicia híbrida como los Mecanismos Internacionales contra la Impunidad (como la CICIG en Guatemala). Incluso ahí donde la violencia se encuentra profundamente arraigada, tiene sentido hablar de procesos de justicia transicional. El principal objetivo de la transición en estos casos no será el paso de un régimen autoritario o dictatorial a uno democrático, como sucedió en las transiciones a la democracia mencionadas al inicio del texto, sino la transición de un contexto de guerra a uno de paz.

En breve, lo que se requiere en contextos de violencia, corrupción, impunidad y captura estatal, es la llegada de nuevos actores políticos externos con mayor capacidad de autonomía, que generen procesos extraordinarios frente a las omisiones deliberadas de los ordinarios o locales, y que dinamicen la reconstrucción de los sistemas de justicia. Lo cual implica que aún tenemos mucho por hacer en América Latina.