Anti-indigenismo brasileño

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior DPLF

Erika Yamada, representante de América Latina y el Caribe en el Mecanismo de Peritos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU

Publicado originalmente en Open Democracy 

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En memoria del ex Ministro de Justicia, José de Alencar

Además de político y abogado constitucionalista, Michel Temer suele escribir poemas, algunos de los cuales han sido publicados en el libro Anônima Intimidade. Antes del actual presidente, otros ya se habían arriesgado en el arte de las letras. En 1980, el entonces senador José Sarney pasó a ocupar la silla Nro. 38 de la Academia Brasileña de Letras, muy a pesar de las dudosas habilidades literarias advertidas por el célebre escritor Millôr Fernandes.

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¿Principio pro persona o arcaísmo jurídico?

 Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

Salvador Herencia Carrasco

Director de la Clínica de Derechos Humanos

HRREC, Universidad de Ottawa

 

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Suprema Corte de Justicia de México debe reconocer el derecho de propiedad colectiva de la comunidad indígena Huitosachi

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un pronunciamiento que puede implicar un avance o un grave retroceso para los derechos de los pueblos indígenas en México. En el centro de la controversia se encuentra la comunidad de Huitosachi, del Pueblo Rarámuri, que reclama la obligación estatal de titular su territorio. Su pretensión fue planteada a través de una figura clásica del Derecho Privado: la prescripción adquisitiva o usucapión. Las dos instancias judiciales que conocieron el caso en el estado de Chihuahua decidieron favorablemente a la comunidad, tras lo cual fue presentado un amparo directo por parte de una empresa que reclama ser la legítima propietaria del territorio reivindicado por los Huitosachi.

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Leer el Derecho Agrario a la luz de los estándares internacionales en materia indígena: un desafío para el Estado mexicano

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

David Lovatón

Profesor Principal PUCP y consultor de DPLF

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El 15 y 16 de enero de 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, el seminario “Leer el Derecho Agrario en México a la luz de los Estándares Internacionales en Materia Indígena y Derechos Humanos”. Integrantes de comunidades indígenas, funcionarios estatales, académicos y organizaciones de derechos humanos reflexionaron sobre las transformaciones del Derecho Agrario mexicano y su aplicación por parte de las autoridades nacionales.

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¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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Una Sala de Justicia Indígena en Oaxaca

Por: Gerardo Martínez Ortega

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET)

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Foto: CEPIADET

El 30 de junio de 2015, a través de una reforma a la Constitución de Oaxaca, se facultó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a “establecer y ponderar criterios de homologación y adecuación en la aplicación de las normas estatales y las normas indígenas en el marco del pluralismo jurídico; así como resolver los conflictos derivados de los ámbitos de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal”.

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La CIDH da un paso importante en el debate sobre la responsabilidad extraterritorial y las obligaciones de los Estados frente a empresas extractivas

Por: Daniel Cerqueira

 Oficial de Programa Sénior de DPLF

Cristina Blanco 

Coordinadora Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP,

consultora externa de la CIDH

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El 6 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, exploración y desarrollo.” El documento evalúa los patrones de violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades extractivas en las Américas, particularmente en perjuicio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

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La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

 

Por: Liana Amin Lima

Abogada especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras. Candidata a Doctorado en Derecho Socioambiental por la Pontifícia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

 

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Foto: Manifiesto del movimiento indígena en rechazo a la PEC 215 en el Congreso brasileño. Brasilia, diciembre de 2015. Fuente: www.conferenciaindigenista.funai.gov.br.

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21 en Paris, donde denunciaron las contradicciones del gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no está haciendo su “deber de casa” en relación con la conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación) frente a las violaciones de derechos por la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica. Igualmente, denunciaron los recientes retrocesos legislativos, entre ellos, la promulgación de la nueva Ley de Acceso y Uso del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La promulgación de esta ley se hizo sin el consentimiento previo, libre e informado, violando dicha garantía constitucional en perjuicio de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

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Bolivia: los Guaraníes, el gas y una consulta incómoda

Por: Marcela Torres

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Foto: Juanky Pamies Alcubilla

En términos normativos, Bolivia es uno de los Estados más progresistas de América Latina en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere. La constitución boliviana del año 2009 reconoce una senda cantidad de derechos colectivos a los 39 pueblos indígenas del país, incluyendo expresamente sus derechos territoriales. Dicha constitución reconoce además a la consulta previa como mecanismo principal de la democracia participativa que, junto con la democracia comunitaria y la democracia representativa, constituyen la nueva forma de gobierno de Bolivia. Todos estos cambios normativos dan cuenta del liderazgo político que se gestó dentro de las principales organizaciones sociales de dicha nación en las últimas dos décadas y que alcanzó su máxima visibilidad en el año 2006 cuando el dirigente sindicalista de origen indígena Evo Morales asumió la presidencia. Durante los primeros años de su mandato Morales, quien siempre ha señalado que él “gobierna obedeciendo al pueblo”, instauró una tradición de negociación entre gobierno central y sociedad civil que, si bien dificultó la implementación de políticas públicas en un inicio, le otorgó la credibilidad necesaria que le ha permitido mantenerse en el poder hasta la fecha[1].

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Si globalizan la explotación, globalizamos la resistencia

Publicado originalmente en Global Rights Blog

Por: Carlos Andrés Baquero Díaz[*]

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La lucha por la protección de la tierra es una misión compartida en las Américas que se globalizó de la mano de la explotación.

El pasado 30 de julio, 25 organizaciones del movimiento indígena, afrodescendiente y de derechos humanos, provenientes de 10 países de la Región, se reunieron con Rose-Marie Belle Antoine, Relatora de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar los casos de violaciones de sus derechos. De lo  expuesto por los líderes, se extraen dos lecciones sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la necesidad de proteger sus vidas y territorios.

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El proyecto de un nuevo Código Penal peruano y las “comunidades indígenas”

Autor: J. Fernando Bazán Cerdán*

Artículo originalmente publicado en la ONAJUP del Poder Judicial de la República del Perú

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El 9 de diciembre del 2014 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú aprobó el dictamen del proyecto de nuevo Código Penal, que se encuentra en debate por el pleno del legislativo. La propuesta aglutina en un solo texto sustitutorio 152 iniciativas de modificación al Código Penal de 1991 (Código Alva Orlandini).

Estas reformas son necesarias para actualizar la normativa penal a los avances dogmáticos experimentados en el último cuarto de siglo y para uniformar las reformas parciales de su articulado incorporadas durante el mismo período. Seguir leyendo