Anti-indigenismo brasileño

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior DPLF

Erika Yamada, representante de América Latina y el Caribe en el Mecanismo de Peritos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU

Publicado originalmente en Open Democracy 

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En memoria del ex Ministro de Justicia, José de Alencar

Además de político y abogado constitucionalista, Michel Temer suele escribir poemas, algunos de los cuales han sido publicados en el libro Anônima Intimidade. Antes del actual presidente, otros ya se habían arriesgado en el arte de las letras. En 1980, el entonces senador José Sarney pasó a ocupar la silla Nro. 38 de la Academia Brasileña de Letras, muy a pesar de las dudosas habilidades literarias advertidas por el célebre escritor Millôr Fernandes.

En algunos casos, fueron los grandes escritores quienes se arriesgaron en el arte de la política. En 1868, por ejemplo, José de Alencar fue nombrado Ministro de Justicia, cuando ya era considerado el novelista más importante del romanticismo brasileño. Mientras en Europa dicho movimiento artístico se caracterizó por la idealización de personajes medievales, en Brasil los protagonistas épicos serían los indígenas y los esclavos africanos. Es así como la exaltación literaria de los referidos pueblos, conocida como indigenismo romántico (“indianismo romântico”), buscó construir la identidad cultural de un país recién emancipado de Portugal.

Ciento cincuenta años después de que José Alencar publicara la famosa trilogía indigenista O Guarani (1857), Iracema (1865) y Ubirajara (1874), se ha consolidado una narrativa que, lejos de enaltecer al indígena como un componente indisociable de la cultura brasileña, lo define como un obstáculo al desarrollo del país. La expresión más evidente del anti-indigenismo brasileño tuvo lugar el pasado 14 de enero, con la publicación de la Resolución 68/17 del Ministerio de Justicia. Elogiada por Temer, dicha resolución fue duramente criticada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil, quienes mantienen que la intención del gobierno es revalidar el despojo de los pueblos indígenas de sus territorios tradicionales, mediante ofertas de indemnización.

De acuerdo con miembros del Consejo Nacional de Política Indigenista, la mencionada resolución fue adoptada de forma sorpresiva, sin ningún tipo de diálogo ni de consulta previa, contrariando así los estándares internacionales aplicables a las decisiones estatales que afectan a los derechos de los pueblos indígenas. Tras un pronunciamiento del Ministerio Público Federal cuestionando la legalidad de la Resolución 68/17, ésta fue reemplazada por la Resolución 80/17, la cual mantiene las principales disposiciones criticadas tanto del Ministerio Público como por la sociedad civil. Entre otras medidas, la nueva resolución crea una instancia política con la potestad de detener y hasta revertir los procesos de demarcación de tierras ya realizados por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Hasta hace unas semanas, la FUNAI era la entidad técnica responsable por la identificación de los territorios indígenas. Ahora, dicha facultad podrá ser sometida a otros órganos subordinados al Ministerio de Justicia, imponiendo así un filtro político a una decisión que, en un Estado Constitucional de Derecho, debería basarse en criterios técnicos.

Vale aclarar que el anti-indigenismo no es una invención del actual gobierno. Durante la presidencia de Dilma Rousseff, la política indigenista fue sometida a los intereses de la “bancada ruralista”, poderoso frente parlamentario conformado por grandes latifundistas y empresarios del sector agroindustrial. Asimismo, congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos propusieron la evangelización como alternativa de integración de los pueblos indígenas a la sociedad.

La cooptación del Estado por parte de grandes constructoras y empresas del sector minero-energético añadió un componente más a la agonía de los pueblos indígenas, en cuyos territorios fueron concedidas obras faraónicas, tales como la hidroeléctrica Belo Monte, verdadera anti-joya de la corona de Rousseff. Su legado para los pueblos indígenas puede ser resumido con una alocución de enero de 2015, proferida por la entonces Ministra de Agricultura y actual senadora Kátia Abreu: “Brasil requiere una reforma agraria más bien puntual pues el latifundio ha dejado de existir en el país. Los conflictos por la tierra con indígenas tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas de producción.”

Tras años de retroceso, el actual gobierno parece dispuesto a ceder aún más a los frentes parlamentarios que asfixiaron la política indigenista durante el gobierno Rousseff. La reciente resolución del Ministerio de Justicia es tan solo un ejemplo de cómo los derechos de poblaciones históricamente discriminadas vienen siendo sometidos a intereses corporativos y a posturas conservadoras de los actuales dueños de la República Federativa de Brasil. Basta con mirar la uniformidad étnico-racial y de género del volátil gabinete de Temer, conformado en su mayoría por hombres blancos y caciques políticos que responden a procesos penales por crímenes electorales. Es aquí donde Temer parece inspirarse mucho más en el político-poeta José Sarney que en el poeta-político José de Alencar.

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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