Abraham Abrego*
El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar ante la pandemia del COVID-19, cerrando las fronteras y estableciendo una amplia cuarentena domiciliar. Esto le trajo reconocimientos al Presidente Nayib Bukele, quien goza de alta popularidad en el país, pero también críticas, como veremos.
David Lovatón Palacios*
Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.
Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.
La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.
Estefania Medina y Adriana Greaves*
Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?
Leonor Arteaga*
Este artículo fue publicado originalmente en el diario digital ContraPunto.
El mes de julio de 2016 quedó marcado en mi memoria como el momento en que se rompía un hito en El Salvador: la Ley de Amnistía dejaba de existir, en términos jurídicos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la cuestionada norma que por más de 24 años obstaculizó la búsqueda de justicia para miles de víctimas del conflicto armado finalizado en 1992.
De repente, nos encontramos ante la posibilidad de romper la cadena de impunidades. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos nos preguntábamos si había llegado, por fin, la hora de los juicios en El Salvador. Paulatinamente, gracias al empuje de las y los sobrevivientes y pese a la pasividad de la Fiscalía General, los tribunales del país comenzaron a inaplicar la ley de amnistía, reabriendo las causas más simbólicas que permanecieron clausuradas por más de veinte años, como las de las masacres de El Mozote y El Calabozo, y el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pese al tiempo transcurrido, la izquierda y la derecha partidarias siguen empecinadas en impedir que estas investigaciones alcancen a las élites económicas y políticas de ayer y hoy.
Daniel Vázquez*
América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.
Edgardo Amaya Cóbar*
En El Salvador, así como en sus vecinos del Triángulo Norte y otros países de la región, se debate con frecuencia sobre el diseño, gobernanza y gestión de la seguridad ciudadana, por sus grandes impactos en la vida cotidiana y en el devenir de las sociedades democráticas. Estas discusiones parten de realidades de creciente inseguridad, demandas ciudadanas de ofensiva al delito y gobiernos que enfrentan estos desafíos con limitados recursos y con una lógica electoral casi permanente.
Anduvimos por todos lados:
por basureros, por la morgue,
por los penales, por los cuarteles
y en ningún lugar
nos daban referencia de ellos, de ellas.
En los cuarteles nos amenazaban:
nos decían que, si no nos íbamos,
ahí nos íbamos a quedar.
Pero nosotras los buscamos y,
cuando se sabía de cadáveres,
íbamos a ver si eran los desaparecidos.
Nunca pudimos saber de ninguno.
Madre Guadalupe Mejía, CODEFAM Seguir leyendo
Leonor Arteaga and Amanda Eisenhour*
Leonor Arteaga*
Nayib Bukele, con apenas 38 años, reclama el título del presidente más joven de Latinoamérica tras tomar posesión el pasado 1 de junio. Desde el inicio de su carrera política, ha sido un torbellino para el sistema electoral de El Salvador. Sin un título universitario, pero con una crianza privilegiada, se probó talentoso en el sector empresarial antes de virar su atención a los problemas públicos. Con dos gestiones como alcalde en su currículum y armado con una chamarra de cuero y lentes de sol, el ahora presidente se definió como un candidato sin ideología ni partido político, con capacidad de atraer inversión extranjera y desterrar la corrupción. Seguir leyendo
