Celia Medrano*
En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).
Seguir leyendo
María Clara Galvis Patiño y Rainer Huhle*
Una versión más corta de este artículo fue originalmente publicado en inglés en Opinio Juris, disponible aquí.
Este texto pretende mostrar que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos los órganos que supervisan el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados tienen competencia ratione temporis para conocer de desapariciones forzadas que iniciaron antes de la entrada en vigor de los respectivos tratados y de la aceptación de la competencia de esos órganos para examinar peticiones individuales.
Mario Sánchez, Hloreley Osorio y Jerry Dinarte*
La pandemia causada por el brote del coronavirus SARS-CoV-2 ha impactado en un mundo en crisis y herido por la desigualdad y los efectos devastadores del cambio climático, que amenazan la sobrevivencia de la vida misma en el planeta. Se trata del agravamiento de una crisis, provocada por una forma de vida hipercapitalista, a la que ha sido sometida la población mundial (De Sousa Santos, 2020). En esta crisis, existe una estrecha relación entre la desigualdad social y la probabilidad de convertirse en víctima de una catástrofe humana o natural (Bauman, 2017). Frente a este drama, ocurren dos situaciones: primero, una forma específica del ejercicio del poder, el biopoder “que deja morir y hace vivir” en una sociedad (Foucault, 2000); y segundo, lo que históricamente ha ocurrido, los pobres y los marginados son quienes corren más peligro de ser las “víctimas colaterales” de ese poder y de esa “lógica de sacrificio”, arraigada en el capitalismo neoliberal que, en el contexto de esta pandemia, Mbembe denomina como necroliberalismo (Bercito, 2020).
El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el vínculo entre política y vida que aparece en el discurso y la práctica política del régimen de Ortega frente a la pandemia y sus efectos. Primero, se precisa el contexto en que se da la pandemia, luego se analiza la estrategia del Gobierno ante a la crisis sanitaria y sus potenciales consecuencias.
Karina Ansolabehere*
Las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país. De acuerdo con las cifras presentadas a principios de este año por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 61637 personas se encontraban desaparecidas a lo largo del territorio. La magnitud da cuenta de la crisis de derechos humanos que vive el país en el marco de una democracia electoral. Lamentablemente, esta no es una realidad solo mexicana sino compartida con otros países de América Latina.
Ante este problema desde la academia se organizaron diferentes grupos de investigación para atender las necesidades de las víctimas y buscar soluciones. Las reflexiones que se presentan a continuación resultan de los 5 años de trabajo de uno de estos grupos: el Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)[1]. En este recorrido, en diálogo con organizaciones, periodistas, grupos de familias, autoridades y académicas, logramos identificar algunas dinámicas que presentan las desapariciones en la región noreste de México, así como herramientas útiles para investigar este fenómeno que también podrían serlo para otros colegas interesados en el tema.
Isabel Erreguerena, Maïssa Hubert y Viridiana Valgañon*
El pasado 20 de abril, en medio de una controversial sesión extraordinaria del Senado de la República, se aprobó una Ley de Amnistía que permitiría la liberación de cientos de personas privadas de libertad en México. Esto provocó una ola de críticas tanto por el contexto de contingencia sanitaria, como por sus objetivos y contenidos. Frente a una amplia campaña de desinformación, desde Equis Justicia para las Mujeres nos parece importante deconstruir varios mitos que se vienen difundiendo sobre los alcances de esta Ley. A lo largo de este artículo, explicaremos su origen, el debate relativo a su adopción en medio de la pandemia, y los retos que se tendrán que superar para su implementación.
Giovanna F Vélez Fernández*
La desaparición forzada de personas cuando se comete contra población civil de forma generalizada o sistemática es considerada por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad debido a los múltiples derechos que vulnera entre los que podemos citar: la vida, la libertad individual, la integridad, seguridad personal, derecho a la verdad, el debido proceso entre otros. En el Perú la desaparición forzada fue una práctica ejecutada entre los años 1983 y 2000, teniendo entre sus principales víctimas a la población rural, campesinos quechuablantes, en su mayoría jóvenes entre los 15 a 35 años, tal como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Juan Carlos Sánchez*
Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.
Analía Banfi*
En un momento en que la incertidumbre es la constante a nivel mundial tras el estallido de la pandemia del COVID-19, y en que los Estados no logran una respuesta concertada, nos acercamos al cierre de un proceso judicial de más de dos décadas que revela la gran capacidad de coordinación que supieron tener las dictaduras del Cono Sur de América. No se trató, sin embargo, de una coordinación en pos de un bien público como la salud, sino de perseguir fuera de fronteras y desaparecer a sus propios nacionales.
Algunos meses antes del inicio de los primeros brotes de la pandemia en Italia, la Corte de Apelaciones de Roma daba a conocer los fundamentos de su condena a prisión perpetua dictada contra veinticuatro represores por asesinatos cometidos en el marco del Plan Cóndor, consistente en la cooperación para la represión entre varias de las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970 y principios de 1980. ¿Cómo se llegó a esta condena? ¿Por qué un tribunal europeo juzgó delitos ocurridos en otro continente hace más de 40 años?
Abraham Abrego*
El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar ante la pandemia del COVID-19, cerrando las fronteras y estableciendo una amplia cuarentena domiciliar. Esto le trajo reconocimientos al Presidente Nayib Bukele, quien goza de alta popularidad en el país, pero también críticas, como veremos.
David Lovatón Palacios*
Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.
Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.
Justicia en las Américas 