Ramiro Orias Arredondo*

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El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM), presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022 (A/HRC/51/43), aborda la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar, en un contexto agravado por la presencia de organizaciones criminales y economías ilícitas en convivencia con actores del poder público.

Desde su primer informe en 2020 (A/HRC/45/CRP.11), la Misión llamó la atención sobre la necesidad de una investigación más profunda sobre las causas de la crisis de Venezuela, como es “el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos”. En ese entonces ya señaló que: “un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad” (párr. 116).

La situación en la región del Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido objeto de una creciente preocupación por parte de los organismos de derechos humanos internacionales. En su resolución 45/20 sobre la “Situación de los DDHH en Venezuela” (A/HRC/RES/45/20), el Consejo de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación laboral de los trabajadores mineros, así como trabajo infantil, trata de personas y prostitución forzada, y expresa especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas de la región”.

Según el Informe de la OACNUDH del 15 de julio de 2020 “gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Los denominados pranes o sindicatos, son los “que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por estos grupos criminales organizados, llamados “sindicatos” a nivel local, que han reproducido el modelo del pranato reinante en las prisiones venezolanas y que no son otra cosa más que “estructuras criminales, cuyo líder impone su voluntad con una brutalidad indescriptible y se beneficia de la extorsión y el abuso”, en este caso de la población que habita esa región.

En esa misma línea, el tercer informe de la FFM documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población de esos territorios, afectando de manera especial a los pueblos indígenas que habitan ancestralmente esa región del país, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras entre diversos actores políticos, militares y también no estatales, como los grupos irregulares armados. La Misión ha concluido que la información recibida sugiere la permisividad de las autoridades estatales a las actividades ilícitas de estos grupos en algunas partes del estado de Bolívar, que alberga los territorios tradicionales de 16 pueblos indígenas y grandes áreas protegidas, ricas en minerales estratégicos, sobre todo oro, diamantes, coltán y bauxita.

Desde su inicio, el Arco Minero del Orinoco fue presentado como un “megaproyecto minero”, una tabla de salvación destinada a incrementar la renta del Gobierno en el contexto de la quebrada economía venezolana.  El Informe recuerda que la minería ilegal ha seguido expandiéndose debido la caída de los ingresos petroleros, al aumento de los precios internacionales del oro y a la crisis económica y humanitaria del país. 

La creación de un régimen legal especial para el AMO atrajo una migración masiva desde otras partes del país a esa zona, pero los planes del Gobierno de atraer capital extranjero a través de asociaciones público-privadas no se llegaron a materializar. Desde mediados de la década del 2000, fueron los sindicatos y pranes, los que se han expandido y obtenido el control ilícito de las zonas mineras enteras y las rutas de transporte en base al dominio violento de los territorios, coludidos con actores políticos y militares que se benefician de estos recursos.

Aparte de la participación formal de los militares en la industria minera, la FFM también ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con dichos sindicatos y otros elementos criminales involucrados en el sector minero. Como se explica en el informe, dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos grupos que explotan informalmente esas riquezas. Los funcionarios de bajo rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) también han usado la extorsión y a otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. Sin embargo, las fuentes de ingresos extraoficiales son difíciles de rastrear, y no está claro hasta qué punto estas actividades son llevadas a cabo por individuos deshonestos aisladamente, o si son respaldadas, toleradas o controladas a través de las estructuras del alto mando militar, se pregunta en el Informe de la Misión.

La FFM indica que “los miembros de la élite militar y política venezolana se han beneficiado y continúan beneficiándose financieramente de las actividades relacionadas con la minería del oro en el Arco Minero” (párr. 85). Entre las actividades ilícitas en las que, según detalla el Informe, están implicados funcionarios de la FANB se encuentran: la prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales;  el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras; el contrabando transfronterizo de mercurio; y el cobro de sobornos (“vacunas”) o impuestos extorsivos procedentes de la explotación de las minas ilegales o para acceder a infraestructura, a menudo ejercidos en los puestos de control militares (“alcabalas”). Otra de las principales fuentes de ingresos militares ilícitos constituye el presunto contrabando de oro a los países vecinos, especialmente Brasil y Colombia.

Una investigación publicada por Transparencia Venezuela revisa en profundidad la devastación ambiental y social que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, donde convergen varias Economías Ilícitas al amparo de la corrupción. El trabajo describe que, durante los últimos dos años, en los pueblos mineros del estado Bolívar proliferaron descontroladamente las actividades para la explotación de oro; creció la deforestación y la erosión de suelos. El texto destaca que en la mayoría de los yacimientos se extrae el mineral de forma ilegal, mediante el uso de sustancias prohibidas. La actividad, que según estimaciones produjo en 2021 hasta 2.385 millones de dólares, no genera riquezas para el país, pues apenas 25% de ese monto, es decir, 580 millones de dólares, ingresaron a las arcas públicas. Esto significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializaron por canales irregulares. 

El régimen bolivariano ha promovido la militarización de la zona supuestamente para combatir la actividad minera ilícita; por otra parte, la emergencia de actores armados no estatales en esa área ha provocado altos niveles de violencia, afectando a la población local, en particular a las comunidades indígenas que habitan ancestralmente esos territorios. Las dinámicas de conflicto vinculadas a la presencia de grupos armados criminales y la expansión generalizada de la minería ilegal y otras economías ilícitas, junto con el aumento de la militarización, han estimulado un fuerte incremento de la inseguridad en el estado de Bolívar. “Las disputas entre estos grupos por el control de las minas, así como entre ellos y las fuerzas de seguridad del Estado han dado lugar a hechos de violencia dentro del perímetro formal del Arco Minero”, reitera el Informe de la FFM. 

La Misión ha documentado varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones a sus derechos. «Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro” señala el Informe. Es decir, viven a fuego cruzado, acosados y abusados por ambos frentes. 

Luego de analizar la información recibida sobre diversos casos, la FFM concluye que tiene motivos razonables para creer que los efectivos de las fuerzas de seguridad venezolana y grupos armados criminales cometieron violaciones al derecho a la vida e integridad física, detenciones arbitrarias y tortura, violencia sexual y de género, incluyendo la violación y la explotación sexual, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar; incumpliendo su obligación internacional de investigar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos ya que ninguno de los responsables ha rendido cuentas en relación con esos incidentes; además de señalar otros impactos negativos a la salud pública y el medio ambiente.

Un reciente estudio publicado en Americas Quartely concluye que la degradación ambiental de la amazonia venezolana tiene la tasa más acelerada de la región y la quinta más rápida del mundo, con un total de 1,4 millones de hectáreas perdidas entre 2016 y 2021, más intensa que en el Brasil, pero menos visible internacionalmente. Una de las causas de este proceso de deforestación constituye la política extractiva depredadora de la industria minera que se ha dado en el Arco Minero del Orinoco.

Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflicto violento entre ellos o con las autoridades del Estado. Además, a medida que ha aumentado la actividad minera en ese territorio, también lo ha hecho el tráfico de armas y mercancías ilícitas, así como las incursiones violentas de actores estatales y no estatales que compiten por acceder a esta zona. Asimismo, la FFM acredita información que muestra como los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales, extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. 

La FFM señala que otro de sus hallazgos evidencia que la violencia involucrada en estos incidentes llevó a muchas personas, especialmente a los líderes y las lideresas indígenas a huir a otras zonas del país o desplazarse a países vecinos. Esto debilitó la capacidad de muchas comunidades indígenas para proteger sus territorios de actores externos, permitiendo que agentes armados, tanto estatales como no estatales, aumentaran su presencia e influencia. Según lo documentado por la FFM, “varias fuentes confirmaron que, hasta la fecha, continúan las incursiones de mineros y grupos armados en tierras indígenas y los enfrentamientos violentos por el control de la tierra y los recursos, así como las amenazas contra los pueblos, líderes y lideresas indígenas por parte de grupos armados criminales y de la FANB” (párr. 98).

La FFM subraya que la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave, y agrega que: El análisis de la Misión sobre la situación en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar da cuenta, además, de cómo “las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por zonas remotas del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad”. La Misión ha concluido, con motivos razonables para creer, que la República Bolivariana de Venezuela y funcionarios específicos detentan responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos que corresponden a su mandato (párr. 120).

En suma, el tercer informe de la FFM plantea en términos dramáticos, como la corrupción está en el corazón del triángulo construido entre crimen organizado, economías ilícitas y captura del Estado, como causa de las graves violaciones a los derechos humanas cometidas en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, que permanecen impunes.

* Abogado y oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 

Imagen: Transparencia Venezuela. Informe Economías ilícita al amparo de la corrupción.