Juan Carlos Ruiz Molleda*

Recientemente en el Perú se reavivó -una vez más- el debate entre inversión extractiva y cuidado del ambiente y licencia social por parte de las comunidades aledañas a los proyectos mineros, a propósito de un serio conflicto social que se desencadenó en la región de Ayacucho cuando las comunidades locales acusaron a cuatro minas de contaminar las fuentes de agua del lugar. La actual primera ministra Mirtha Vásquez suscribió un acta con los pobladores que, entre otros aspectos, mencionaba el plan de cierre de dichas minas; lo que fue objeto de muchas críticas por parte del sector empresarial y grupos políticos en el Parlamento. DPLF ha invitado al abogado Juan Carlos Ruiz a que analice brevemente este caso a partir de estándares constitucionales e interamericanos.

Las actividades extractivas mineras y petroleras tienen cobertura constitucional. Como señala el artículo 59 de la Constitución: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”. No obstante, como todo derecho fundamental, tiene límites. El artículo 59  también añade, “el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo […] a la salud, ni a la seguridad públicas”. En síntesis, la actividad extractiva es bienvenida en el Perú siempre que no contamine.

Recientemente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha acreditado que cuatro minas de Ayacucho: Apumayo, Breapampa, Pallacanta e Inmaculada, cuyo cierre anunció la primera ministra luego del estallido de un serio conflicto social en dicha zona, efectivamente tienen serios problemas de contaminación. Esto se desprende del referido informe de ANA de septiembre de 2021 sobre la calidad del agua de los ríos, riachuelos y quebradas cercanos a las cuatro minas.