Ivan Lanegra*
El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.
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