Escazú: un acuerdo por la democracia y el ambiente

Ivan Lanegra*

El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.

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Ríos: seres vivientes y personalidad jurídica

Lieselotte Viaene

Artículo originalmente publicado en Plaza Pública

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Río Chixoy, Guatemala Foto: L. Viaene

Nuevos argumentos legales en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas

En marzo de este año, Nueva Zelanda estableció un precedente legal mundial al otorgar el estatus de persona jurídica al río Whanganui, parte del territorio del pueblo indígena Maori Iwi. La ley Te Awa Tupua reconoce este río como un antepasado, una entidad viva, poniendo fin a una lucha de 140 años de este pueblo indígena por el reconocimiento de su relación espiritual con el río. Pocos días después, la corte suprema del estado Uttarakhand en la India, citando la decisión del parlamento neozelandés, decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes, tienen derechos como los seres humanos con el objetivo evitar que los ríos sigan con altos niveles de contaminación. También la Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia de abril de este año, considera el río Atrato en la provincia de Chocó, principalmente territorio afro-descendiente, como sujeto de derecho ordenando al Estado un plan de protección contra la minería desbordada.

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