Ivan Lanegra*

El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.

Conceptos como el de gobernanza ambiental buscan generar las condiciones para dichas transformaciones, postulando que las decisiones ambientales deben tomarse con la participación responsable de la ciudadanía, para lo cual ella debe tener acceso a la información más relevante y disponible, así como gozar de las garantías del pleno respeto de sus derechos ambientales. Un modelo de gobernanza como el descrito es, en el fondo, una ampliación del paradigma democrático hacia lo ambiental. Así, las decisiones de política ambiental, además de una sólida base técnica, requieren de una discusión ciudadana sobre el contenido del derecho ambiental y sobre las formas de concretarlo, entendiendo que en aquellas se resuelven cuestiones de justicia, es decir, de distribución de los riesgos al interior de las sociedades, así como de definición de las prioridades. Las políticas ambientales requieren de legitimidad para apuntalar su aplicación efectiva, y esto solo puede ser logrado mediante amplios procesos democráticos.

En este orden de ideas, el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, firmada en 1992, constituye un hito en la gobernanza y democracia ambientales: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales -reza el principio- es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Para ello, debían garantizarse los derechos de acceso: información, participación y justicia ambiental. Distintos países de América Latina han ido incorporando el principio 10 en su legislación nacional, y muchos han avanzado en el desarrollo de organizaciones y políticas que buscan su ejercicio efectivo.

Un nuevo paso en este proceso lo constituye el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este tratado avanza no solo en reconocer los derechos de acceso y en la necesidad de dar protección a los ciudadanos y ciudadanas que defienden el ambiente -en una región en donde los asesinatos de líderes ambientalistas constituyen un hecho tristemente frecuente–, sino en promover el desarrollo de políticas públicas que den sostén a dichos derechos.

22 países de la región ya firmaron el acuerdo y 9 lo han ratificado hasta el momento, siendo necesarias 11 ratificaciones para que el tratado entre en vigor. Recientemente, el senado argentino aprobó la ratificación, la que deberá ser refrendado por la cámara de diputados de dicho país. Los gobiernos de Colombia y México han remitido las propuestas de ratificación a sus respectivos parlamentos. No obstante, Chile, país que lideró el acuerdo, finalmente no lo firmó. En tanto el gobierno peruano, que remitió al Congreso de su país el proyecto de ratificación, ahora vacila y aboga por una amplia discusión sobre los beneficios del acuerdo, en lugar de promover activamente la ratificación de Escazú.

Las razones para estas diferencias no estarían en el texto del tratado, el cual, tras un largo proceso de negociación que incluyó a actores de la sociedad civil, tiene como base medidas vigentes en la legislación latinoamericana, salvaguardando el control soberano de los estados sobre sus recursos naturales. El rechazo al acuerdo se explica más por conflictos políticos de orden interno, por el temor de perder la posibilidad de reducir la rigurosidad de la política ambiental o frente al empoderamiento de actores sociales.  El telón de fondo son las tensiones que genera el desarrollo de proyectos extractivos -en países que requieren con mucha urgencia nuevos ingresos, más ahora con la crisis sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia del Covid-19– entre el Estado, las empresas y las comunidades.

Así, mientras algunos ven en Escazú una amenaza a las inversiones -públicas o privadas– apelando a argumentos de dudosa consistencia o llanamente falsos, otros lo ven como una oportunidad para generar un clima de confianza que permita llegar a acuerdos, obteniendo la legitimidad social que las políticas y los proyectos de inversión necesitan. En este último sentido, el ministro de Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, defendió la necesidad de ratificar Escazú, en tanto este “fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental, con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales”, lo cual -señala el funcionario– ratifica el liderazgo de su gobierno en materia ambiental y su compromiso con una “gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”. En un sentido similar, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, considera que las disposiciones de Escazú, al mejorar la aplicación de los derechos de acceso, “defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas eficaces”, mejoran las condiciones para que los países puedan “preservar su patrimonio natural estratégico mediante acciones más inclusivas y orientadas a la comunidad.”

Quienes se oponen a la ratificación de Escazú están dando una señal muy negativa a la sociedad, en un momento que necesita de acuerdos amplios para superar la crisis en curso. Sin poner el diálogo por delante, pueden agravarse los conflictos sociales alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales, con el lamentable resultado de una mayor violencia y de vulneraciones a los derechos humanos. Como ha afirmado Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, Escazú “no solo ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental y de derechos humanos, sino que también es un catalizador del desarrollo sostenible y de la conducta empresarial responsable en la región”. Esperemos que la sensatez prime y tanto los gobiernos como los parlamentos latinoamericanos comprendan lo urgente de transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza ambiental.

*Abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Ambiental. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico.

Foto: Firma del Acuerdo de Escazú. Cancillería Argentina/Flickr, Creative Commons Atribución 2.0 Genérica (CC BY 2.0).