Ecuador: jueces nuevos desde odres viejos

Luis Pásara

Job interview. Recruitment Hand.

El proceso de renovación de la Corte Nacional –máxima instancia del sistema judicial– terminó el 21 de noviembre con la designación de siete nuevos jueces, cuatro mujeres y tres hombres, todos jueces en ejercicio en el momento en el que se presentaron al concurso. Terminó así un proceso de cuatro meses, transcurridos desde la convocatoria, que incluyó una evaluación de méritos y dos pruebas, una con setenta preguntas escritas y de respuestas múltiples, y otra que requirió a los postulantes producir una resolución en casación en dos casos reales.

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Ecuador: entre la repetición y la oportunidad

Luis Pásara

Business Legal Process Abstract

El presidente Lenin Moreno tomó posesión del cargo en mayo de este año. Habiendo sido vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa en el periodo 2007-2013 y postulado a la presidencia por Alianza País –el partido de gobierno desde 2006–, se le consideró sucesor de Correa. Sin embargo, Moreno se ha distanciado de su antecesor en varios aspectos, hasta el punto que el 1 de noviembre la dirigencia del partido anunció “la pérdida inmediata de su dignidad como presidente del Movimiento Alianza PAIS” y la mayoritaria bancada parlamentaria se dividió en dos sectores, de los cuales el mayoritario responde al presidente Moreno mientras el otro se mantiene leal al expresidente Correa.

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Tres retos inmediatos para la justicia en Ecuador

Leonardo Sempértegui

Ecuadorian Law Concept - Flag of Ecuador Behind Judge's Gavel

Es innegable que la conclusión del gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) ha marcado un cambio de ánimo ciudadano. A pesar de que el Presidente Lenín Moreno es del mismo movimiento político, y de que su partido controla la Asamblea Nacional y la mayoría de espacios de poder público (señalando a los gobiernos autónomos descentralizados como clara excepción), la sensación es que el poder central no está a cargo de todos los actos del estado.

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El Poder Judicial de Ecuador: un reciente libro pone al descubierto los peores fallos

Björn Arp

Abogado de derechos humanos y miembro de la Federación Interamericana de Abogados

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Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011-2013. El libro es una buena muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.

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Promesa incumplida: la implementación de la ley de reparaciones en el Ecuador

Autor: Juan Pablo Albán Alencastro*

11342839013_9dbee51b6b_z copiaHay un adagio popular que advierte que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La frase cae como anillo al dedo cuando se analiza el tortuoso proceso de implementación de la “Ley para la Reparación de las Víctimas”, aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 26 de noviembre de 2013, que hasta ahora sólo ha resultado en revictimización y grandes frustraciones para sus beneficiarios.

Dicha ley tuvo como antecedente una recomendación del Informe Final de la Comisión de la Verdad del Ecuador creada en mayo de 2007 para investigar graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: el ofrecimiento de una reparación integral a las víctimas. Sigue leyendo

Brasil, Ecuador y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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Autor: Daniel Cerqueira* para Americas Quarterly

Audiencia pública con candidatos a la CIDH

Entre 2011 y 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano independiente de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), experimentó un período políticamente bastante convulsionado. Críticas de diversos Estados miembros de la OEA – especialmente de Ecuador, Nicaragua y Venezuela – ganaron poder con la posición de Colombia y Perú, entre otros, de rechazar decisiones concretas de la CIDH. El ambiente diplomático progresivamente antagónico alcanzó su punto más álgido en abril de 2011, cuando la CIDH solicitó que Brasil suspendiera el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, de un presupuesto de US$ 17 billones. La respuesta de la Presidenta Dilma Rousseff consistió en la suspensión de las contribuciones regulares a la OEA, el retiro del Embajador Permanente Ruy Casaes y el levantamiento provisional de la candidatura a la CIDH de Paulo Vannuchi (quien sería electo miembro de la Comisión posteriormente).

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Ecuador, tras la equivocada huella de Venezuela en la OEA

Autor: Nelson Camilo Sánchez – Americas Quarterly*

Pese a que la Cancillería ecuatoriana reportó de manera optimista la semana pasada que los países del continente “avanzan para una decisión de consenso sobre el cambio de sede de la CIDH,” otra parece ser la realidad frente a lo que opinan sus pares sobre esta materia.

La declaración ecuatoriana se produjo tras la terminación de la III Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, llevada a cabo el 21 y 22 de enero en Montevideo. Estas reuniones han sido promovidas por el grupo de países Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra America (ALBA) desde hace un poco más de un año como forma de mantener la discusión sobre lo que consideran debe ser el futuro de los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como en sus dos ediciones anteriores, realizadas en Guayaquil y Cochabamba, a la reunión no fueron invitados todos los gobiernos de la OEA, sino solo aquellos que han ratificado la Convención de Derechos Humanos. Una movida política para acelerar las discusiones sin el contrapeso de países que se han opuesto a la visión del ALBA, como Estados Unidos y Canadá.

La apuesta ecuatoriana para esta reunión era consolidar una de sus prioridades: el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un país latinoamericano. Y llegó con gran expectativa, pues con la ayuda de Uruguay, Ecuador presentó un informe técnico en donde, a su juicio, allanaba el camino para un apoyo masivo de los demás países.

Dicho informe sostiene que serían más los pros que los contras en el traslado, que la solución no requiere de un cambio legal muy complejo (pues simplemente se requeriría una modificación al estatuto de la CIDH) y que no requeriría de una inversión de fondos muy alta. El informe estima que el costo sería de tan solo 1.4 millones de dólares y propone repartir ese monto en cuotas diferenciadas por países que van desde los 100 mil a los cinco mil dólares.

Pero el lánguido resultado de Montevideo parece indicar que el propósito ecuatoriano de mantener la discusión va en decadencia. La convocatoria fue menor de lo esperado: solamente 14 de los 23 convocados asistieron a la cita. Venezuela, el gran aliado ecuatoriano en esta causa, no pudo asistir porque al retirarse de la Convención, perdió su derecho a ser invitada.

Las delegaciones además tuvieron un bajo perfil. Solo cuatro cancilleres se presentaron, incluyendo a Patiño, el canciller ecuatoriano y al dueño de casa, Luis Almagro. Ellos fueron acompañados por el canciller haitiano y por el canciller argentino, Héctor Timerman, quien incluso se retiró antes de terminar la reunión.

Según los pocos reportes que existen de lo sucedido (pues estas reuniones son a puerta cerrada), el consenso fue muy difícil en la sala. El borrador de declaración que había sido sometido a consideración de los participantes se aprobó luego de una serie de modificaciones que habrían sido promovidas por Colombia, Brasil y Chile. Además, México, Costa Rica, Panamá y Paraguay reservaron su posición hasta que los puntos financieros sean discutidos en los foros correspondientes de la OEA.

Al final, el tema del cambio de sede no llegó a ningún lado. El acuerdo final simplemente fue profundizar el estudio del informe inicial. Ningún país quiso hacerse cargo por ahora de la CIDH y por eso la declaración los exhorta a “expresar su interés en hospedar de forma permanente” a la comisión. Para completar, el Embajador paraguayo, Eladio Loizaga, en una entrevista criticó la propuesta aduciendo que el cambio de la sede de la CIDH “no pasa por el traslado” sino más bien por revisar procedimientos y entender “que el compromiso con los derechos humanos no solo pasa por el orden político.”

El gran riesgo de este revés de la cruzada del gobierno ecuatoriano es que cumpla su amenaza de denunciar la Convención Americana. Algunas fuentes de ese país aducen que la cancillería estaría estudiando retirarse de la propia Carta de la OEA y salirse del órgano político.

Esto sería un enorme retroceso para la región y un peligro serio para el pueblo ecuatoriano. Sin supervisión internacional sería casi imposible confrontar los desafueros del poder, que se pueden presentar en este o en cualquier otro gobierno. No importa la ideología.

Y además sería un retroceso para el propio gobierno ecuatoriano. Los foros políticos de la OEA son de los pocos escenarios—si no el único—en donde los países latinoamericanos le pueden hablar de tú a tú a los Estados Unidos, si es que de eso se trata lo que está detrás del problema.

Esta situación debería ser tomada como una prioridad por el grupo de países que ha sido encargado de promover que los Estados de la OEA que no lo son, se hagan parte de la convención. Es necesario actuar pronto y no tener que lamentarnos como sucedió con Venezuela. La acción diplomática de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podría ser crucial.

Es una delicada situación que requiere una fina diplomacia: no se puede ceder a los intereses mezquinos de debilitar un sistema de protección de los derechos humanos por la incomodidad de un gobierno, pero a nadie le sirve un sistema que pierde sus miembros a cuenta gotas.

* Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia – www.dejusticia.org

*Nelson Camilo Sánchez is a researcher at Dejusticia. He is a professor at theUniversidad Nacional de Colombia.

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