¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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Una muerte más… y sí importa

Laura Palmese

Pasante en DPLF

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Foto: COPINH

Desde el asesinato de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015, los ojos de la comunidad internacional no han parpadeado ante la situación que viven los defensores del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Entre otras declaraciones, Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness dijo que “por primera vez, grupos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de lucha contra la corrupción, grupos de derechos indígenas, periodistas y grupos de derechos de las mujeres, se unieron en indignación.”

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El gobierno hondureño invita a las mineras, pero la casa sigue en desorden

Por: Laura Palmese H.

Pasante DPLF

Minería Honduras

Mientras se desarrolla el II Congreso Internacional de Minería en Honduras, hoy 13 de julio de 2016, el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Minería continúa durmiendo el sueño de los justos. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios presentaron el recurso hace más de dos años ante la Corte Suprema de Justicia. La oposición a la política de puertas abiertas a la industria extractiva sin salvaguardas ambientales y sociales ya había iniciado mucho antes, en particular por las comunidades afectadas por los proyectos concesionados a lo largo del país. Por eso, durante el llamado proceso de “socialización” de la propuesta de ley, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron ampliamente las mejoras y correcciones que debían hacerse. Sin embargo, el Congreso Nacional hizo oídos sordos al clamor popular y aprobó la Ley como quiso.

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Cuatro preguntas para la MACCIH

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford

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Publicado originalmente en  ilg2.org

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Foto: OEA

El lunes 22 de febrero de 2016 se presentó en Honduras la Misión de Apoyo para Combatir la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La MACCIH es un mecanismo híbrido, respaldado por la Organización de Estados Americanos, y establecido para apoyar a las instituciones hondureñas encargadas de prevenir la corrupción y la impunidad. La creación de la MACCIH es una medida drástica; deja claro que el Estado hondureño, por cualquier razón, no es capaz de investigar y sancionar los casos de corrupción adecuadamente. Sin embargo, para quienes han seguido la situación de Honduras, esto no es ninguna sorpresa.

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MACCIH take shape in Honduras – how effective will it be?

By Katharine Valencia

Program Officer at DPLF

Versión en español

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Yesterday was an important milestone in the development of MACCIH, the Mission to Support the Fight against Corruption and Impunity in Honduras. Juan Jiménez Mayor, spokesman of the Mission and representative of  Organization of American States (OAS) Secretary General Luis Almagro, presented the objectives and scope of the Mission in Tegucigalpa. This follows the January 19 signing of the agreement establishing MACCIH in Washington, DC.

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La MACCIH toma forma en Honduras

Por Katharine Valencia

Oficial de Programa en DPLF

English version

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Presentación de la MACCIH en Honduras

El día de ayer en Tegucigalpa se produjo el primer hito importante en la actuación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Juan Jiménez Mayor, Vocero de MACCIH y representante del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en este organismo, presentó a la sociedad hondureña los objetivos, principios y líneas de acción de la misión, en concordancia con lo establecido en el convenio de su creación, firmado por el Estado hondureño y la OEA el 19 de enero pasado en Washington, DC.

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#Judileaks: Ranking the Best and the Worst Honduran Supreme Court Candidates

By Niko Aberle,

Research and Communications Fellow, Asociación para una Sociedad más Justa

Versión en español

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Nominating Committee Hearings. Photo: El Heraldo, Honduras

 

 

La Asociación para una Sociedad Más Justa (AJS, by its English initials), the chapter of Transparency International in Honduras, is a Honduran anticorruption organization dedicated to fostering the Rule of Law in their country. In the recent public audiences for candidates to Honduras’ Supreme Court, AJS incorporated the Due Process Law Foundation’s identified best practices for selecting high courts into a ranking system to help bring more clarity to the often opaque process.

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#Judileaks: Calificando a los mejores y peores candidatos a la Corte Suprema de Justicia de Honduras

 

Por:Niko Aberle

Fellow de Investigaciones y Comunicaciones, La Asociación para una Sociedad más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras.

English version

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Audiencias frente a la Junta Nominadora Foto: El Heraldo, Honduras

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es una organización anticorrupción dedicada a fomentar el Estado de Derecho en el país. En las recientes audiencias públicas de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras, ASJ realizó un ranking, incorporando las mejores prácticas para la selección de miembros de altas cortes, identificadas por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con el proposito de brindar claridad a un procedimiento que es a menudo, opaco.

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El fortalecimiento de la justicia requiere más que sólo reformas judiciales. Lecciones para la MACCIH y la Alianza para la Prosperidad

 

Por: Mirte Postema

Mirte Postema encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente, es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

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Foto: Lesther Castillo

Esfuerzos para fortalecer las instituciones judiciales en Centroamérica no han faltado. Solamente en la reforma judicial, se ha invertido cientos de millones de dólares en las últimas décadas. Y aunque las iniciativas financiadas han tenido ciertos efectos tangibles -por ejemplo, la creación de nuevas leyes y cortes- la confianza ciudadana en el poder judicial en los países del Triángulo Norte ha bajado.

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With a new Supreme Court on the horizon, what does the future hold for Honduras?

By Katharine Valencia

Program Officer at DPLF

Versión en español 

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Foto Hondudiario

Next week, the Congress of Honduras is expected to select Justices for the highest court in the land – the Supreme Court. The process for getting to this stage, however, has been a long one. Under the Honduran Constitution and other relevant law, a new Supreme Court is elected every 7 years, via a temporary selection body called the Junta Nominadora (JN). The JN is made up of 14 representatives of the country’s workers, professors, civil society organizations, the private sector, the Bar Association, the national Human Rights Ombudsman’s office, and the Supreme Court itself. To briefly summarize a complex process: the JN representatives are selected during the summer and fall, via direct appointment and/or voting by their peers. Once formed, the JN begins to accept and evaluate dozens – this time, close to 200 – nominations from a specific subset of attorneys (notaries). After the first round of review, the JN cut this list in half. Its final task was to further narrow this list down to 45 finalists to send to Congress, which it completed on Tuesday. The legislature now has until January 25 to pick 15 of these finalists to form the new Supreme Court. (According to the relevant law, the JN had until January 23 to submit its final list, but as this would only have given Congress 2 days to evaluate the candidates, it was under pressure to try to do so ahead of schedule).

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