Honduras: el nuevo Ministerio de Transparencia como obstáculo para el combate a la corrupción

AP photo/Moises Castillo, File

Mario Sorto*

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En el 2020, la corrupción se posicionó nuevamente como uno de los principales problemas de país, y aunque la percepción sobre este tema va cada vez más en aumento, los esfuerzos de la administración pública no han estado encaminados en resolver la problemática, sino, en confrontar los escándalos de corrupción con estrategias de comunicación y con la creación de instituciones con escasa legitimidad.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos que tiene la sociedad hondureña. Pero también sigue siendo uno de los principales temas alrededor del cual se pueden unificar esfuerzos, acciones y recursos de amplios sectores de la sociedad en busca de una salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Sin embargo, el papel de las autoridades que forman parte de la  institucionalidad hondureña dificulta esta lucha pues [muchas] de las instituciones [públicas] están controladas por redes de corrupción integradas por actores del sector público, privado y por el crimen organizado, tal como lo evidenciaron los casos de corrupción develados por el binomio MACCIH-UFECIC [i].

De igual forma, las élites estatales también mantienen un sistema que garantiza la impunidad y que a su vez bloquea todas las acciones que surgen desde la ciudadanía. Algunas de las estrategias utilizadas por estos grupos incluyen la reforma y creación de leyes, el blindaje de la acción penal contra las élites señaladas por delitos de corrupción, el debilitamiento o la desaparición de instituciones -como en el caso del binomio MACCIH-UFECIC- y la creación de nuevas instituciones que favorecen un ambiente de corrupción o que generan incertidumbre en esta lucha. Una de estas entidades de reciente creación y que ha generado numerosos cuestionamientos en la sociedad hondureña es la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia[ii], creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020.

Entre los cuestionamientos a la Secretaria de Transparencia, destacan, en primer lugar, los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). En un comunicado, el Consejo expresó no estar de acuerdo con la creación del Ministerio, argumentando que éste es “ilegal y no coherente con la situación económica del país” y que “los recursos de esta nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños”. Asimismo, el COHEP también apuntó que el Estado de Honduras ya cuenta con institucionalidad suficiente y con competencia específica para garantizar la transparencia, como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) -, instancia de sociedad civil- estableció que la nueva Secretaría de Transparencia no representa un avance en el combate a la corrupción, sino que es una instancia creada para poner trabas en la lucha contra la impunidad, con la intención de asfixiar financieramente a instituciones como el IAIP, el TSC y al propio CNA. De igual manera, el CNA cuestionó que la nueva entidad forma parte de una estrategia de las autoridades estatales para minimizar los indicadores obtenidos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional[iii].   

Ahora bien ¿Cuál es la función de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia? ¿Cuál ha sido el papel de esta Secretaría desde su creación a finales del 2020? ¿Es ésta un obstáculo para la lucha contra la corrupción? Como primer punto, el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020 establece que esta entidad estará encargada de coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción[iv].

Estas funciones contrastan con las últimas declaraciones de la Ministra de Transparencia María Matamoros, con respecto a los resultados del último Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, que ubicó a Honduras en la posición 157 de 180 países evaluados[v]. Según este estudio, Honduras registró su puntuación más baja en los últimos ocho años del Gobierno de Juan Hernández, sin embargo, la Ministra descalificó el informe sugiriendo que éste “se basa única y exclusivamente en materia de percepción” y agregó que “se levanta un estudio en donde le preguntan a las personas cree usted que hay corrupción en Honduras o no, si la persona contesta que sí, bueno obviamente eso ya incrementa la percepción de corrupción en nuestro país”[vi].

Por lo tanto, se puede inferir que la Secretaría de Transparencia tendrá como principal objetivo una estrategia de comunicación que favorezca la imagen del Gobierno con respecto a su desempeño en los temas de  transparencia y anticorrupción, es decir, que su trabajo tendrá el objetivo de “proyectar” una imagen de transparencia. La evidencia de esta afirmación se encuentra en el mismo testimonio de la funcionaria, quien al mismo tiempo que destacó la necesidad de realizar un estudio que “realmente mida todos los esfuerzos que se han hecho en materia de transparencia y lucha contra la corrupción”, sugiere que su dependencia estaría encargada de la elaboración de un informe “con información tangible y no uno basado exclusivamente en un tema de percepción”.

A todo esto ¿Qué tan tangibles pueden ser los datos que son incluidos en un informe de este tipo? o dicho de otra forma ¿Es posible la medición objetiva de la corrupción en ámbitos específicos del quehacer político? Para responder a estas interrogantes, Transparency International apunta que aunque han habido avances en la metodología para la investigación de la corrupción, en la actualidad no existe un indicador que pueda medir de forma objetiva, directa y exhaustiva la ocurrencia de este tipo de delito, por eso la importancia de los indicadores de percepción.

Por otra parte, el descubrimiento de un indicador se dificulta por el hecho de que la corrupción implica un conjunto de actividades ilícitas que se ocultan de forma deliberada, y solo pueden salir a la luz a través de escándalos, investigaciones o requerimientos fiscales[vii]. En definitiva, el estudio objetivo, con información tangible que pretende hacer la Secretaría de Transparencia no será posible, y por ende, lo que haga será parte de la estrategia de comunicación para favorecer la imagen del Gobierno en el tema de corrupción y transparencia.

La hipótesis de que la Secretaría de Transparencia se encargará de velar por la imagen del Gobierno en el ámbito de la corrupción termina por confirmarse con otra información brindada por la Secretaria de Transparencia María Matamoros en una emisora radial, en la que mencionó de forma particular el daño a la imagen que causaba el resultado del Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. Matamoros reveló que este tema deteriora la imagen en dos ámbitos “no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional teniendo repercusiones económicas y de otro tipo”. Asimismo, expuso unos datos que desde su perspectiva eran tangibles, como el hecho de que la corrupción en el país es atribuida en un “40% al crimen organizado, un 31% al sector privado y un 24% al sector público”[viii].

Ciertamente, las afirmaciones de la Secretaria son controversiales y debatibles, y aunque la intención no es refutar sus afirmaciones, si conviene apuntar que existe suficiente evidencia en Honduras para asegurar que la corrupción es la principal fuente de acumulación de capital de las redes de corrupción conformadas por los tres sectores mencionados, es decir, el crimen organizado, el sector privado y el sector público[ix].

Por otra parte, aunque el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional recoge la evaluación y percepción de la corrupción por parte de expertos y expertas en el área, y que parte de una metodología que utiliza indicadores de percepción sobre una variedad de comportamientos corruptos en el sector público, esta calificación se puede contrastar con los numerosos casos de corrupción a gran escala y de conocimiento público en Honduras, de forma particular, en el manejo de la Covid-19 en el país, especialmente en los delitos de abuso de autoridad y fraude en el caso de los hospitales móviles[x], y en el mal manejo administrativo de los recursos para enfrentar los desastres ocasionados por el paso de los huracanes Eta y Iota en el año 2020. 

La corrupción tiene un enorme impacto en los derechos humanos de la ciudadanía que habita en el territorio de un pais, pero tambien en su sistema político, en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En tal sentido, la situación en Honduras es muy compleja si se tiene en cuenta que las políticas y los presupuestos públicos no tienen como destino la solución de los principales problemas del país sino privilegiar a aquellas elites que mencionbamos al inicio, en muchos casos coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico. No hay duda que Honduras es un caso paradigmático para que la CIDH le brinde una atención especial y aplique los estándares y principios establecidos en su reciente informe sobre Corrupción y Derechos Humanos[xi].

Finalmente, es importante resaltar que frente a esta situación y el posicionamiento de  las redes de corrupción público-privada y el crimen organizado, el sistema de justicia ha mostrado fragilidad y débiles acciones en contra de los altos funcionarios públicos y todos los sectores que conforman estas estructuras. Por lo tanto, en este complejo escenario, se requieren de nuevos esfuerzos nacionales e internacionales que propicien acciones contundentes en el combate a la corrupción. En esta coyuntura, el sistema interamericano debe tomar un rol protagónico para reintroducir en la agenda regional la necesidad de la creación de iniciativas internacionales anticorrupción desde una perspectiva de derechos humanos. 

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

*Sociólogo e investigador del CESPAD


[i] CESPAD, 2020 ¿Qué lecciones dejó la MACCIH? Perspectivas actuales y probables escenarios en la lucha anti-corrupción en Honduras http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/03/InformeFinal-MACCIHCESPAD.pdf

[ii] David Zapata “COHEP rechaza creación de Ministerio de Transparencia”, La Prensa, 10 de noviembre de 2020 https://www.laprensa.hn/honduras/1421355-410/honduras-cohep-rechaza-creacion-ministerio-transparencia

[iii]  Redacción Criterio.HN “ Nueva secretaria de transparencia nace con los antecedentes del gobierno actual, 10 de noviembre de 2020  https://criterio.hn/nueva-secretaria-de-transparencia-nace-con-los-antecedentes-del-gobierno-actual-cna/

[iv] La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, 6 de noviembre de 2020 https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-111-2020.pdf

[v]Transparency International, 2020 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

[vi] Foro Canal 10, entrevista a la Secretaria de Transparencia María Matamoros, 28 de enero de 2020 https://twitter.com/mariandreamc/status/1354990871427616768?s=21   

[vii]Transparency International, Corruption Perception Index 2020, Frequently Asked Questions https://images.transparencycdn.org/images/2020_CPI_FAQs_EN_2021-01-27-165709.pdf

[viii]La Tarde, HRN, entrevista a la Secretaria de Transparencia María Matamoros, 29 de enero de 2020 https://twitter.com/mariandreamc/status/1354990871427616768?s=21

[ix] Sarah Chayes, When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras. Carnegie Endowment for International Peace, 2017 https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf

[x] CNA, “El CNA interpone fuerte denuncia identificando delitos de abuso de autoridad y fraude en el caso de los supuestos hospitales móviles”, 3 de agosto de 2020   https://www.cna.hn/2020/08/03/el-cna-interpone-fuerte-denuncia-identificando-delitos-de-abuso-de-autoridad-y-fraude-en-el-caso-de-los-supuestos-hospitales-moviles/

[xi] IACHR. Corruption and Human Rights: Inter-American Standards. OEA/Ser.L/V/II. Doc.236/19. December 6, 2019. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/CorruptionHR.pdf

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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