Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

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El nuevo sistema peruano para nombrar y sancionar a jueces y fiscales: ¿Cambiar todo para que no cambie nada?

Ernesto de la Jara Basombrío*

En el Perú está a punto de concluir (el 30 de diciembre) el concurso público convocado para elegir a los miembros de la recientemente creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo creado mediante reforma constitucional aprobada a partir de un referéndum ciudadano. Se trata de una institución con súper poderes, entre los que están: nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias y de todo el país; evaluarlos cada tres años y medio y ver si los ratifica o los cesa cada vez que cumplan 7 años más en el cargo. La JNJ es el único ente que puede destituir a jueces y fiscales directamente -incluso a magistrados supremos- sin tener que pasar por el Congreso.

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Crisis política en Perú: crónica de una disolución anunciada (pero que pudo evitarse)

David Lovatón Palacios*

El pasado 30 de septiembre será recordado como uno de los episodios políticos más inciertos en nuestra historia republicana que, felizmente, viene encontrando una solución pacífica dentro de los cauces constitucionales. Cuando en julio del 2016 asumió la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, se instaló en el país una enrarecida y conflictiva relación entre el Gobierno y el Parlamento, pues éste último era ampliamente dominado por el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori perdió la presidencia por muy estrecho margen y en segunda vuelta electoral. Kuczynski se quedó con el cargo por algo más de 40,000 votos –la capacidad del Estadio Nacional de Lima-, de un universo de alrededor de 23 millones de electores. La lideresa fujimorista nunca llegó a asimilar la derrota electoral y sus parlamentarios tampoco. Cabe mencionar también que en la historia republicana del Perú, los Presidentes que no contaron con mayoría parlamentaria nunca completaron su mandato producto de golpes militares.

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En manos de la justicia

Luis Pásara*

Hace pocos días, en Italia fiscales y jueces contribuyeron decisivamente al descalabro de Matteo Salvini cuando dispusieron, primero, que los náufragos rescatados por el barco de la ong catalana Proactiva Open Arms debían desembarcar, abriéndosele proceso al ministro Salvini por el delito de secuestro, y luego, que el barco podía volver a navegar libremente. Las desautorizaciones que la justicia dictó respecto de las decisiones de Salvini abrieron la vía para que otros dos partidos pactasen formar gobierno, desplazando al líder ultraderechista.

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Adelanto de elecciones y reforma constitucional en Perú: Ante choque de poderes, que el árbitro final decida

David Lovatón Palacios*

El pasado 28 de julio el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, pronunció el tradicional mensaje a la nación en la sede del Parlamento. Fue un largo discurso por momentos  tedioso al describir las medidas que había realizado o había decidido implementar su gobierno en salud, educación, carreteras, etc. Hasta que en los últimos diez minutos del discurso soltó una nueva bomba política que no sólo hizo salir de la modorra a algunos congresistas, sino que arrancó airadas protestas y gritos de algunos parlamentarios fujimoristas: el Presidente anunció su propuesta de reforma constitucional para recortar el periodo del actual Congreso de la República y del actual Gobierno -que deben culminar el 28 de julio del 2021-, al 28 de julio del 2020.[1]

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Irresponsabilidad editorial y Estado de Derecho

A propósito del amarillismo informativo de Perú21 en contra del constitucionalista Pedro Grández

Daniel Cerqueira y Ursula Indacochea*

En un Estado de Derecho, la opinión de una persona sobre el actuar de los funcionarios estatales cuenta con un blindaje jurídico que exime al autor o autora de la opinión de sanciones. Las opiniones que versan sobre asuntos de interés público se enmarcan en los llamados “discursos especialmente protegidos” por el ordenamiento constitucional de cualquier Estado que se llame democrático, y por tratados internacionales tales como la Convención Americana (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado dicha máxima, al afirmar que “las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana[1].”

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Cuatro problemas límite en las reformas de nuestra justicia

Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

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