Presidente Pedro Castillo en Perú: del gobierno del pueblo al (des)gobierno

David Lovatón*

El gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, ha enfrentado una nueva crisis política con la renuncia del ex ministro del Interior Avelino Guillén y de la primera ministra Mirtha Vásquez. Según el artículo 133° de la Constitución peruana, si el primer ministro renuncia “se produce la crisis total del gabinete” ministerial y, en consecuencia, el presidente tiene que designar uno nuevo. Así, el 1° de febrero el presidente Castillo, por tercera vez en solo seis meses de gobierno, designó primer ministro y nuevo gabinete. La designación del premier Héctor Valer ha mostrado -una vez más- improvisación, falta de toma de decisiones y, como consecuencia, el desgobierno en varios sectores como el de la seguridad pública.

El ex ministro Avelino Guillén es un respetado ex fiscal que tuvo un papel central en el proceso judicial y posterior condena al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos y corrupción. Castillo lo convocó -precisamente- por ser un referente en la lucha anticorrupción y lo paradójico es que Guillén renunció porque el presidente no lo respaldó frente a la insubordinación del ex director general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, sobre quien pesan serias denuncias de corrupción, como el cobro de sobornos para ascensos policiales o traslados de destino del personal policial. Mirtha Vásquez le había pedido a Castillo que respalde a Guillén y, como no lo hizo, también renunció.

Este hecho, sumado a otros despropósitos como la innecesaria afirmación del presidente en una reciente entrevista periodística, de que aceptaría dar una salida al mar para Bolivia, si el pueblo peruano -a través de un referéndum- así lo quería,[1] a pesar que constitucionalmente no se pueden someter a referéndum “los tratados internacionales en vigor”,[2]reflejan que estamos frente a una forma de gobernar más cercana al desgobierno: no toma decisiones oportunas, es errático y se rodea de un círculo de confianza con serios antecedentes y denuncias por corrupción. En relación a este círculo de confianza, no sólo la ex primera ministra sino también el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, han denunciado que existe una suerte de gabinete ministerial “en la sombra”.[3]

Recordemos que, al inicio de su gobierno, por un lado, había el temor de algunos sectores sociales y políticos -básicamente limeños- que Castillo convirtiese al país en una segunda Venezuela. Por otro lado, otros sectores sociales y políticos -básicamente del sur andino- temían que el Parlamento le impidiese gobernar a Castillo e incluso lo removiera del cargo a través de un temprano proceso de vacancia (como ocurrió con el ex presidente Vizcarra). Ninguno de esos escenarios se ha cumplido hasta ahora.

Así fuese su deseo, Castillo no tiene la capacidad ni el liderazgo de convertir al Perú en una segunda Venezuela; ni siquiera ha podido avanzar en su promesa electoral de una asamblea constituyente para una nueva Carta política. Por su parte, la oposición política en el Parlamento no ha tenido necesidad alguna de poner en aprietos al presidente pues éste -básicamente- se ha disparado a los pies reiteradamente. Muy por el contrario, varios grupos parlamentarios de derecha como el fujimorismo o la agrupación conservadora Renovación Popular,[4] han coincido con el oficialismo en la defensa del transporte urbano informal o en la contrarreforma universitaria. Todo parece indicar que algunos acuerdos políticos bajo la mesa entre gobierno y oposición se basan en la defensa de intereses sectoriales respecto de actividades muy cuestionables como la minería ilegal o el transporte urbano informal.

De esta manera, el escenario actual que se ha configurado es el de un (des)gobierno nacional producto de un estilo errático, opaco, inepto y clientelar de gobernar por parte del presidente Castillo, con la complicidad de algunos grupos parlamentarios de izquierda y de derecha. 

A esta altura, también es claro que la actual situación no sólo es consecuencia de la inexperiencia y limitaciones del presidente. Castillo parece cómodo con este estilo de gobernar, el de un Presidente que guarda silencio, no reacciona, o no declara públicamente cuando las circunstancias exigen claridad de rumbo y liderazgo. Un estilo muy próximo a cómo se han gobernado varios municipios y regiones en nuestro país: con redes clientelares para comprar lealtades o devolver favores con puestos de trabajo o contrataciones de obras en la administración pública. Desde una perspectiva anticorrupción, una forma de gobernar que percibe al Estado como un botín del cual hay que beneficiarse y beneficiar a familiares y amigos. El presidente no es pues el hombre bueno del campo que no tiene idea de lo que ocurre a sus espaldas, sino el que intenta replicar en el gobierno central las malas artes de gobernar un municipio o una región.

¿Qué salidas institucionales podría explorarse para que el país no se vea castigado con cuatro años y medio más de des(gobierno) y continuas crisis políticas? Una de ellas podría ser la renuncia voluntaria del presidente Castillo al amparo del artículo 113.3° de la Constitución; en ese supuesto, el Parlamento aceptaría tal renuncia y asumiría la presidencia de la república la actual vicepresidenta Dina Boluarte al amparo del artículo 115° constitucional. Ahora bien, en la actualidad vemos difícil que el presidente Castillo renuncie, salvo que se geste una auténtica movilización ciudadana muy firme o surja un escándalo de corrupción tan grave que lo obligase a renunciar, tal como ya lo hizo el ex presidente Kuczynski en el año 2018.

La otra salida institucional es la que hemos venido planteando hace un tiempo: reformar el artículo 117° de la Constitución y ampliar los supuestos por los que el presidente de la república puede ser acusado constitucionalmente y, eventualmente, destituido; incorporar, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos o graves actos de corrupción como supuestos de acusación constitucional. En este supuesto, la Presidencia de la República también sería ocupada por la actual vicepresidenta Dina Boluarte.

Al respecto, el 7 diciembre del 2021 el grupo parlamentario del Partido Morado (centro) presentó el Proyecto de ley N° 918/2021-CR, que plantea reformar el referido artículo 117° de la Constitución e incorporar los siguientes delitos de corrupción como causales de acusación constitucional contra el presidente de la república: “presunta comisión del delito de organización criminal y de los siguientes delitos de corrupción de funcionarios: cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias, o enriquecimiento ilícito.”

A la luz del artículo 206° de la Constitución, cualquier reforma constitucional cuenta con dos caminos para ser aprobada: i) una, que el Parlamento la apruebe por mayoría absoluta y luego sea ratificada mediante referéndum popular o ii) la otra, que el Parlamento la apruebe en dos (02) legislaturas ordinarias sucesivas con una votación calificada de dos tercios del número legal de congresistas. Ambos caminos tomarían tiempo y un amplio consenso político en el Parlamento que, por el momento, no se ve con nitidez.

Finalmente, algunos parlamentarios aún siguen tentados a echar mano del mecanismo de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” previsto en el artículo 113.2° de la Constitución, como otra posible salida a la actual situación política. Ya se usó esta figura para destituir al ex presidente Vizcarra el año 2020, en plena pandemia. Sin embargo, reiteramos que la figura de la vacancia no debería ser usada para destituir a un presidente sino tan sólo para reemplazar a uno que -objetivamente- ya no puede ejercer el cargo por motivos tan claros como su muerte, su renuncia o haber huido del país. Si se pretende destituir a un presidente en ejercicio, el camino correcto debería ser la acusación constitucional que cuenta con garantías de debido proceso.

Como se puede apreciar, las salidas institucionales no son sencillas ni rápidas. Es probable que no se llegue a consenso político alguno y que el actual (des)gobierno -con la complicidad de una parte del Parlamento- contribuya a seguir agravando otros males para el país como la falta de empleo, la pobreza o el incremento de la criminalidad y la corrupción. Estamos pues sufriendo las consecuencias del pésimo resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2021, en las que la extrema izquierda y la extrema derecha -representantes ambas de intereses subalternos y hasta ilícitos-, se beneficiaron de la dispersión del voto. Resultado electoral que sin duda había que respetar en democracia pero que ha permitido que lleguen al poder algunos personajes que -salvo honrosas excepciones- ven al Estado como un botín a repartir.


[1] “Es un clamor de Bolivia… Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste.

[2] Artículo 32° Constitución.

[3] “Asimismo advertí, tempranamente, la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados, cual ‘gabinete en la sombra’ del que nunca fui parte, en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país, como se lo expresé en diferentes oportunidades y de distintas maneras. Desde mi despacho se hicieron los mayores esfuerzos por corregir esas prácticas; sin embargo, no tuve el respaldo necesario para lograrlo.

[4] Cuyo líder es el ultraconservador Rafael López Aliaga.

* Asesor legal sénior de DPLF y Profesor principal en la PUCP.

Imagen: AP Photo/Guadalupe Pardo, Archivo.

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