Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias*

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela: ¿Síntomas o causas de la crisis de derechos humanos?

Ramiro Orias Arredondo*

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

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La reelección indefinida de Daniel Ortega ante la CIDH

Ramiro Orias*

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público su Informe de Admisibilidad No. 179/18, del 26 de diciembre de 2018, sobre la petición presentada por Fabio Gadea -ex candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI)- vs Nicaragua, por la afectación de sus derechos a la participación política, en su dimensión de sufragio pasivo; es decir el derecho a ser elegido.

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Bolivia: los desafíos del nuevo Fiscal General del Estado

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

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Los retos pendientes del Ministerio Público de Bolivia

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Una de las innovaciones adoptadas por la constitución boliviana de 2009, fue la diferenciación de roles en las funciones de defensa del Estado y la sociedad. Así, la Procuraduría General del Estado es la institución encargada de defender y precautelar los intereses del Estado, mientras que al Ministerio Público se le encomienda la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Seguir leyendo

Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías y Ursula Indacochea

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte I

Ramiro Orias A.

Oficial de Programa DPLF

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Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial. 

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Venezuela: ¿Justicia transicional sin transición?

Por: Ramiro Orías

Fellow DPLF

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Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

Al día siguiente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro instaló una Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación, iniciativa que ya había sido descartada en enero pasado. Según el anuncio presidencial[1], esta Comisión será presidida por el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y tendrá como secretario permanente a Larry Devoe, el ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, y como miembros permanentes a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, y a la Ministra para Relaciones Exteriores. También se señaló que se incorporarían tres voceros del Comité de Víctimas de las Guarimbas; una integrante del Frente contra el Sicariato Campesino y el presidente del Comité de Víctimas del Golpe de Estado de 2002. Esta comisión a su vez estaría integrada por cuatro representantes oficialistas del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, así como cuatro delegados del bloque opositor, quienes ya adelantaron que no participarán.

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Justice in Panama: between crisis and pending reforms

By Ramiro Orías 

DPLF Fellow

Versión en español

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Photo: La Prensa
  1. Judicial Crisis

The Judiciary in Panama is in the midst of a serious and prolonged crisis. While it is not new, it has worsened noticeably within the past year due to reports of corruption, back-and-forth accusations, and power struggles among the Justices of the Supreme Court (CSJ). These events have led to a climate of institutional destabilization and the low public credibility of the Court, which has lost the political leadership it should possess.

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