¿Qué pasó en Bolivia? Reelección indefinida, fraude electoral y sucesión constitucional

Ramiro Orias*

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Para entender qué pasó en Bolivia estos últimos días, en que se vio una grave escalada de violencia en el marco de una crisis política que concluyó con la renuncia del Presidente Evo Morales, es necesario retroceder hasta el pacto político del 2009 que viabilizó la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, que estableció que el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones.

Pese a que la Constitución anterior, bajo la cual fue elegido Morales en el 2005, establecía que cuando la reforma constitucional sea relativa al mandato del Presidente, ésta será cumplida sólo en el siguiente período -previsión que buscaba impedir enmiendas constitucionales en beneficio de quien ejerce el poder-, Evo Morales logró habilitar su candidatura y ganar una segunda elección bajo el argumento de que la anterior Constitución ya no regía para el nuevo Estado Plurinacional.

En el 2010 ocurrió lo mismo, se habilitó y obtuvo un tercer mandato presidencial, gracias a una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvió que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución no deberían ser tomados en cuenta a los efectos de los nuevos períodos del Presidente, debido a que la reelección continua por una sola vez se rige desde la nueva Constitución.

Buscando su cuarto mandato consecutivo, Morales convocó a un referéndum constitucional el 21 de febrero de 2016 para abrir el candado que le prohibía una nueva postulación. En esta ocasión, la mayoría de los votantes rechazó la modificación propuesta, por lo que la prohibición constitucional a la cuarta reelección de Morales fue validada por la propia ciudadanía.

Pese a que Morales se comprometió a respetar la voluntad popular, una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores del MAS -partido que lidera Evo Morales- logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional -que la mayoría oficialista había seleccionado- decidiera la “aplicación preferente” del artículo 23º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre los artículos constitucionales que limitan la reelección del Presidente a una sola reelección de manera continua, bajo el argumento de que existiría un “derecho humano a la reelección indefinida” en el continente americano, lo que ha sido señalado por varios juristas como un “fraude constitucional”.

Es así como Evo Morales logró participar de las elecciones para un cuarto mandato, luego de un proceso donde el Poder Ejecutivo y el propio Tribunal Constitucional presionaron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) -que administró el referéndum del 21 de febrero-, en el sentido que, si no habilitaban a Evo Morales como candidato, sus integrantes serían investigados penalmente. Lo anterior provocó la renuncia de varios miembros del TSE y la sustitución por nuevos vocales, bajo un proceso acelerado a cargo de la Asamblea Legislativa dominada por el partido de gobierno.

Así, los bolivianos y bolivianas llegaron a los comicios nacionales del 20 de octubre, jornada electoral pacífica y ordenada que se caracterizó por una alta participación ciudadana. Ese día, cerradas las mesas de sufragio, el Tribunal Supremo Electoral comenzó a recibir fotografías de las actas de votación mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que permite tener resultados preliminares a través de la captura fotográfica inmediata y envío digital del acta electoral de cada mesa. Dicho proceso de digitalización y registro permitió al TSE difundir un informe de conteo rápido al 83,76% de actas verificadas, lo que reflejaba una tendencia nacional muy estable.

Evo Morales obtenía un 45,71% de los votos y su oponente principal, Carlos Mesa, un 37,84%, en un margen que indicaba la tendencia estadística de segunda vuelta electoral, ya que la Constitución boliviana establece que si el ganador no obtiene mayoría de un 50 +1% o al menos 40% de la preferencia electoral y un margen mayor del diez por ciento (10%) de votos respecto del segundo candidato más votado, debe realizarse la segunda vuelta para la elección presidencial.

Los resultados parciales publicados por el TSE al 83,76% de escrutinio de actas coincidían con el conteo rápido de las cadenas televisivas, universidades y sociedad civil que monitorearon las elecciones, así como la proyección de la Misión de Observación de la OEA (MOE-OEA). Sin embargo, la sombra de duda empieza esa misma noche, ya que luego de publicar su informe preliminar, el TSE instruye un “apagón informativo” y por 23 horas deja de publicar los resultados del TREP. La presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Choque, habría ordenado detener este proceso y cuando se reinicia la difusión de resultados, el TREP saltó al 95,37% de actas computadas. Los datos daban: Morales 46,86% y Mesa 36,72%. Inmediatamente, Evo se declara ganador de las elecciones en primera vuelta.

El inexplicable apagón informático, seguido de la variación en los márgenes de votación generaron extendidas denuncias de “fraude”, provocando además protestas y movilizaciones ciudadanas,  algunas de ellas violentas, donde se incendian tres oficinas regionales del Tribunal Supremo Electoral en Potosí, Sucre y Cobija. El martes 22 organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas por la defensa del voto convocan a un paro nacional indefinido, con bloqueo de calles y movilizaciones pacíficas.

La MOE-OEA publicó su informe preliminar y concluyó que ante las irregularidades encontradas era recomendable la realización de una segunda vuelta. Pese a esos antecedentes, Evo rechazó cualquier solución política y pidió paciencia hasta que el TSE concluya el cómputo oficial de los votos, invitando a la OEA a realizar una auditoría del cómputo electoral. El viernes 25, tras los resultados finales acelerados, Morales es declarado oficialmente ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos frente a 36,51% de Mesa.

La movilización ciudadana se mantuvo en las calles por tres semanas, bajo control policial que evita hacer un uso excesivo de la fuerza en la represión. La última semana empieza a escalar el conflicto, cuando el Presidente Morales convoca a sus correligionarios a defender su victoria electoral, y grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), armados de palos y explosivos, llegan hasta varias ciudades con la intención de romper los bloqueos, produciendo la muerte de tres ciudadanos movilizados, lo que intensificó los enfrentamientos entre los grupos sociales en conflicto.

El viernes 8 de noviembre se produce un amotinamiento policial en la ciudad de Cochabamba, que se va expandiendo a otras unidades de la Policía boliviana: la policía, replegada en comisarías y cuarteles, dejó de salir a controlar las protestas, en respaldo a las manifestaciones ciudadanas. En la mañana del domingo 10 de noviembre, tras una noche de disturbios violentos en todo el país, la OEA dio a conocer el informe preliminar de la auditoría electoral, arrojando varias evidencias de manipulación informática del TREP, falsificaciones de firmas y actas y hasta una irregularidad en la cantidad de votos recibidos por Morales en el último 5% del conteo, recomendando realizar nuevas elecciones nacionales y recomponer el TSE.

La reacción inmediata de Evo Morales fue convocar a una mesa de diálogo político para viabilizar las nuevas elecciones, pero el país ya había llegado a un punto de no retorno. Varios actores políticos, organizaciones sociales y movimientos cívicos le pidieron que renuncie y la Fiscalía inició acciones penales contra 36 funcionarios del TSE, incluidas sus máximas autoridades, por delitos de fraude electoral.

En la tarde del domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas se dirigió públicamente al Presidente, señalando que el conflicto político debía ser solucionado políticamente, por lo que no saldrá a reprimir al pueblo, sugiriéndole su renuncia para pacificar el país.

Horas después, el Presidente Morales renuncia desde el Chapare, al igual que el Vicepresidente, la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados. Se produce un vacío de poder y se desata una ola de violencia. Se evidencian acciones vandalicas selectivas a opositores e incendian las casas de Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y de Casimira Lema, periodista del Canal de TV Universitaria. También se queman más de 60 buses de la empresa municipal de transporte; destruyen y asaltan varios establecimientos comerciales, así como las residencias de gobernadores oficialistas y del propio Evo Morales en Cochabamba.

Al día siguiente, lunes 11, continuaron los enfrentamientos entre grupos simpatizantes y opositores a Morales. La policía, de vuelta en las calles, no se daba abasto para controlar la situación, y una marcha de apoyadores a Morales, armados de objetos contundentes (machetes, mazos, palos) y bajo el grito de “ahora sí, guerra civil”, comienza a bajar desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, con el objetivo de tomar físicamente la Plaza Murillo, sede del Poder Legislativo que debería reunirse para aceptar la renuncia de Evo Morales.

El Comandante de la Policía declaró que sus efectivos habían sido rebasados, señalando que conforme a Ley, las Fuerzas Armadas debían salir a las calles para proteger la ciudad. Luego de varias horas de silencio de las Fuerzas Armadas, la Vicepresidenta del Senado Nacional invocó   públicamente que salgan los militares para evitar más enfrentamientos, responsabilizando a su Comandante si hubiere más víctimas. Por la noche, las fuerzas militares salen finalmente a controlar la situación para evitar el caos y el pánico que cundía en La Paz, ciudad sede de gobierno. Al mismo tiempo, se supo que Evo Morales solicitó asilo político al gobierno de México, que lo recogió junto a sus principales colaboradores, enviando una avioneta oficial que luego de una escala en Asunción de Paraguay, siguió rumbo a la capital mexicana.

Frente a quienes afirman la realización de un “golpe de Estado” en Bolivia, es preciso aclarar que durante los últimos días, el país vivió una insurgencia ciudadana por la defensa del derecho al voto, que ante el intento de un cuarto mandato presidencial y un evidente fraude electoral, exigió el respeto por la democracia. Luego de la renuncia y abandono indefinido del país por parte de Evo Morales, se procedió conforme a la Constitución en la sucesión presidencial, asumiendo ipso facto la segunda vicepresidenta del Senado, la Sra. Jeanine Añez, el ejercicio de la presidencia del Estado, procedimiento que, como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, preserva el principio de continuidad del Estado, según el cual el funcionamiento del Ejecutivo no debe verse suspendido, sin que se requiera de ley ni acto de proclamación expreso, “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial”, provocando que el país quede sin gobierno.

El desafío del gobierno de transición de Añez se centra hoy en la elección de nuevos vocales del TSE,  para garantizar unas próximas elecciones libres, transparentes y justas.

 

*Oficial de Programa Sénior, DPLF

Foto: Paulo Fabre/Wikimedia Commons

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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