Ramiro Orias Arredondo*

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Entre los principales puntos que aborda el informe, reconoce que la crisis humanitaria es de tal magnitud que más de 4 millones de personas se han visto obligadas a dejar Venezuela buscando mejores condiciones de vida, emigrando a países vecinos como Colombia —que acoge la mayor cantidad—, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil. Dadas las carencias y necesidades insatisfechas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, el Informe concluye que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”.

Asimismo, señala que Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Se precisa que  cerca 7.000 personas, principalmente hombres jóvenes, han perdido la vida en enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. El informe concluye que “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad” y precisa que las autoridades han atacado especialmente a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen una amenaza por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar contra el gobierno de Maduro.

Por otra parte, el informe apunta a que la impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, dejando de lado a las víctimas, señalando que, en la mayoría de los casos, se sometió a las personas detenidas a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. El informe concluye que “las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos” y recomienda, al efecto, se realice una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.

Dado la complejidad, diversidad y amplitud de temas que comprende el Informe de ACNUDH, en este análisis no abundaremos en lo que este desarrolla, sino que nos enfocaremos en algunos puntos que consideramos omite o no aborda de manera directa. El informe documenta los síntomas del problema, pero no así sus raíces o causas que lo explican.

Aunque el informe relata bien las múltiples manifestaciones que aportan motivos razonables para sostener que los patrones que se describen constituyen violaciones de los derechos humanos, queda corto en identificar las causas reales de la crisis de derechos humanos que vive Venezuela. El origen de estas violaciones no está en decisiones aisladas o eventuales excesos de algunos funcionarios públicos, sino que son consecuencia de una estructura autoritaria que desmanteló la separación de los poderes públicos y los controles democráticos al poder. Se extraña una valoración más profunda sobre el proceso de quiebre democrático en el país, y pese a que reconoce que las condiciones de impunidad son las que permiten la repetición de dichas violaciones, no apunta de manera directa al régimen de usurpación y abuso de poder que Maduro ha establecido para gobernar Venezuela.

El párrafo 12 del Informe, señala de pasada que “el desvío de recursos y la corrupción —entre otros—, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida,  debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”, … así como “respecto de la escasez de la alimentación y de los medicamentos”, perdiendo una gran oportunidad de desentrañar  la estructura de gran corrupción que se ha montado en Venezuela, con graves consecuencias sobre la vida y bienestar de su población, que sufre por la escasez de alimentos, medicinas y falta de servicios públicos básicos como agua, electricidad y transporte.

Por otra parte, en su párrafo 53 el Informe da cuenta que “el Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta cuestión”. Asimismo, en el párrafo 56, el Informe identifica factores de impunidad como “las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas”. En el mismo sentido, en el párrafo 33 del Informe se añade que “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”. Si bien es cierto, como lo reconoce el propio ACNUDH, dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones, el informe no ahonda sobre cómo la falta de independencia y la corrupción judicial son los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.

El problema de la justicia en Venezuela no solo es de déficit en el acceso, o de alguna disfuncionalidad procesal y menos de la gestión de los jueces en sus despachos: se trata de un sistema judicial que ha sido capturado políticamente desde su más alta cúpula, mediante la designación  partidaria e irregular de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, cuestión que ni se nombra en el reporte que estudiamos. Igualmente, se extraña recomendaciones más precisas con el fin de recuperar o rescatar la independencia de la judicatura. Tampoco profundiza en las dinámicas perversas que se han dado amparadas bajo la jurisdicción militar.

El Informe también queda tibio en tipificar la naturaleza y atribuir responsabilidad por los crímenes cometidos.  ¿Se trata solo de “numerosas violaciones de los derechos humanos” ocurridas en el país? Los miles de casos de represión selectiva, persecución política, detención arbitraria, torturas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad que identifica el informe, ¿acaso no constituyen patrones generalizados y políticas sistemáticas que configurarían crímenes de lesa humanidad?

El Informe concluye señalando que “Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”, retrocediendo en alguna medida a lo que había dejado establecido su predecesor en el ACNUDH quien, en sus informes del 2017 y 2018, determinó que “existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, así como atribuía responsabilidad a las autoridades del Ejecutivo venezolano por el maltrato sistemático y generalizado a miles de manifestantes, uso excesivo de la fuerza letal, torturas y detenciones arbitrarias.

El informe es claro en señalar la “falta de confianza en el sistema de justicia”, ya que “las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, por lo que las actuales autoridades judiciales han perdido toda capacidad y credibilidad para encarar la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción cometidos en este período.

Recordemos que, para situaciones como esta, el Protocolo de Minnesota —también denominado Modelo para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias—, que proporciona procedimientos para la investigación penal como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza armada por agentes del Estado, recomienda la creación de comisiones especiales de investigación, integradas por personas profesionales de reconocida imparcialidad, competencia e independencia, pudiendo incluir la participación y asistencia técnica internacional. En ese sentido, sería muy oportuno que cuando el Consejo de Derechos Humanos reciba y considere el informe de ACNUDH sobre Venezuela, apruebe una nueva resolución estableciendo una Comisión Internacional de Investigación Independiente encargada de determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y denunciar a los responsables de esos delitos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

*Oficial de Programa Senior, DPLF