Democracia y Derechos Humanos: A propósito de la Sentencia en el Caso Petro Urrego Vs. Colombia

Ramiro Orias Arredondo*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en fecha 8 de julio del 2020 ha pronunciado su Sentencia en el caso Petro Urrego vs Colombia, con referencia a violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación general por el término de quince años del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como Alcalde de Bogotá como efecto de una sanción impuesta por el Procurador General de la Nación de Colombia.

Esta sentencia es importante porque ratifica decisiones anteriores con relación a la inconvencionalidad de sanciones administrativas que restringen o limitan derechos políticos de un funcionario público que ocupan cargos de elección popular.

En la discusión pública regional de esta sentencia no se ha visibilizado lo suficiente un otro aporte sustantivo que inserta la Corte entre sus consideraciones, cuando se refiere a los alcances del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La Corte desarrolla de manera muy clara y precisa las intersecciones entre el régimen interamericano de derechos humanos y la vigencia de la democracia representativa. Para ello, a la luz de los derechos políticos protegidos por la CADH interpreta la Carta Democrática Interamericana.

La Corte señala que “la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte” (párr. 90), constituyendo un principio fundamental asentado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Así, la Corte deja establecido que en el Sistema Interamericano la relación entre derechos humanos y democracia representativa quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, del 11 de septiembre de 2001. Recordemos que dicho instrumento señala en su Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Tomando como fuente de interpretación la referida Carta, la Corte IDH subraya que el derecho de los pueblos a la democracia tiene como uno de sus elementos constitutivos el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho (párr. 92). Así, el acceso y el ejercicio del poder en una democracia representativa debe ser conforme al alcance del artículo 23 de la CADH, que reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a funciones públicas de su país.

En sus consideraciones, la Corte afirma que: “El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Además, de conformidad con el artículo 23 convencional, sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Los derechos políticos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa o, en general, para intervenir en asuntos de interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia” (párr. 93).

Por otro lado, la Corte reitera, como en varias sentencias anteriores, que “los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones”. En este sentido, cabe recordar que, como lo establece el artículo 29 de la CADH, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella. Al efecto, la Corte reafirma que “el objeto y fin de la Convención es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático”. Es decir, bajo esta doble finalidad, es posible establecer regulaciones a los derechos políticos cuando estos son “necesarios en una sociedad democrática”. En igual sentido, resulta clave el artículo 32.2 de la CADH, cuando establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

La Corte continua en su análisis, señalando que esta interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos políticos se tienen que establecer “criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas” (párr. 9). De esta forma, podemos inferir, como la Corte lo hace, que cuando las restricciones a los derechos políticos resultan congruentes con los valores democráticos, estas no solo son compatibles con la literalidad del artículo 23 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento.

Esta reflexión resulta fundamental en el contexto de la próxima decisión que deberá pronunciar este tribunal con relación a la solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Colombia sobre la reelección indefinida en el marco del Sistema Interamericano. En este caso, la Corte, como interprete auténtico de la Convención, deberá valorar si aquellos límites a la reelección presidencial indefinida, que buscan promover un genuino juego democrático, basado en el pluralismo político, la igualdad de oportunidades en la competencia electoral y la alternancia en el poder, son limites congruentes con la consolidación y protección de un ordenamiento democrático que la propia Convención busca garantizar.

El 22 de julio de 2020, DPLF junto a un grupo de reconocidos abogados de la región ha presentado ante la Corte IDH un escrito de Amicus Curiae dentro dicha solicitud de opinión consultiva, donde ha subrayado entre otras conclusiones que las instituciones interamericanas han sido consistentes a lo largo de su historia en señalar que los principios de la democracia representativa son una pieza indispensable para garantizar la vigencia plena del resto de los derechos humanos en la región. Así, la vigencia plena de la democracia representativa es determinante para que funcione conforme sus propósitos todo el sistema de protección de derechos humanos establecido por la Convención. Lo que es congruente con esta reciente interpretación que acaba de pronunciar la Corte IDH.

*Oficial de Programa Sénior, DPLF

Foto: Marco Verch Professional Photographer / Flickr, compartido bajo licencia Creative Commons Atribución 2.0 Genérica (CC BY 2.0)

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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