El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Lhaka Honhat vs. Argentina

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira** y Salvador Herencia***

English version here.

El 6 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), vs. Argentina. El fallo reitera los estándares interamericanos sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas y establece la obligación de entregar un título de propiedad único e indivisible en favor de diferentes comunidades que integran la mencionada asociación. Aunque la controversia principal gira en torno a la ausencia de titulación del territorio, los peticionarios alegaron una serie de impactos derivados de actividades de pastoreo, tala ilegal e instalación de alambrados por parte de personas no indígenas en el territorio de las comunidades.

El presente artículo analiza los puntos más relevantes de la sentencia, subrayando aspectos controversiales con relación a la justiciabilidad directa de nuevos derechos reconocidos bajo el Art. 26 de la Convención Americana (CADH). Asimismo, comenta avances importantes en materia de reparación y obligaciones de garantía de derechos de los pueblos indígenas frente a la degradación ambiental cometida por particulares. Finalmente, se hace un balance del aporte de los amici curiae en el razonamiento presente en la sentencia y votos de los Jueces Ferrer Mac-Gregor y Sierra Porto.

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La reelección indefinida en América Latina

Reflexiones a propósito de la solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ramiro Orias A.*

De conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el pasado 21 de octubre de 2019 el Estado de Colombia presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de opinión consultiva a fin de que se interprete el alcance de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta solicitud de opinión consultiva está dirigida a precisar si el presunto derecho de un Presidente a ser reelegido en forma indefinida constituiría un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se pide a la CorteIDH que interprete si ese derecho puede ser limitando o prohibido legítimamente, y que determine los efectos sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos en el eventual caso que un Estado propicie o prolongue la permanencia de un gobernante aplicando esta figura.

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Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

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Estándar de prueba y argumentación jurídica en la era de la posverdad

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay

Daniel Cerqueira*

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Arrom Suhurt y otros, relacionado con la desaparición forzada y tortura de Arrom Suhurt y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre en Paraguay. Estas personas permanecieron detenidas desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, en el marco del operativo de rescate de la señora María Edith Bordón, quien había sido secuestrada y mantenida en cautiverio por varias semanas. En septiembre de 2017 la Comisión Interamericana (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso y concluyó que los señores Arrom y Martí habían sido víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que dichos hechos son atribuibles al Estado paraguayo. Estas conclusiones se basaron en declaraciones de las víctimas; testimonios de diferentes personas; notas de prensa y pronunciamientos públicos de altos funcionarios estatales que indicaban la existencia de un operativo policial de captura de los señores Arrom y Martí; registros fotográficos y grabaciones periodísticas; un informe suscrito por nueve médicos, registrando lesiones corporales graves provocadas días antes de la liberación de las presuntas víctimas; entre otros.

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Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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La justiciabilidad de los DESCA bajo la Convención Americana

Sobre la necesidad de llenar los vacíos argumentativos de la sentencia Lagos del Campo vs. Perú

Daniel Cerqueira*

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Lagos del Campo vs. Perú, relacionado con el despido de un trabajador, como consecuencia de declaraciones críticas al directorio de su empresa, durante una entrevista. Tras impugnar su despido, el señor Lagos del Campo obtuvo decisiones judiciales adversas, lo que impidió la reposición en su trabajo y el acceso a los beneficios de seguridad social. La Corte IDH declaró violados los derechos a la libertad de expresión y de asociación, protegidos en los artículos 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El punto más novedoso de la sentencia fue la conclusión, suscrita por cinco de los siete jueces, de que se había violado el art. 26 de la CADH, concretamente, el derecho a la estabilidad laboral.   Seguir leyendo

La CIDH, la Corte IDH y el Perú: mitos, mentiras y malas intenciones

Katya Salazar, Daniel Cerqueira

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Con ocasión de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se cuestionó el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, sectores de la opinión pública peruana han alzado nuevamente la voz contra este tribunal y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando ambas instituciones por sus actuaciones “sesgadas y politizadas”. Algunas voces han sido aun más radicales, pidiendo la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objetivo de “retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”. Estas críticas, alimentadas por el temor a que la Corte IDH cuestione la validez del indulto, están salteadas de afirmaciones falsas sobre la relación entre los órganos del SIDH y el Perú. Aquí aclaramos algunas de ellas.

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