El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

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From hope to skepticism: The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES)

Last week, as the number of COVID-19 cases in El Salvador climbed to at least 32, Salvadoran Congress approved a two-billion dollar loan for emergency government funding to combat the pandemic. Because Congress approved the funds during a state of emergency, the executive branch has more discretion in how the money is spent than it would under normal conditions. At the same time, government restrictions on freedom of the press have been ramped up, making it more difficult for journalists to obtain and share information. Salvadoran civil society is already monitoring these actions for potential corruption; however, the increased powers afforded to the executive branch – and increased restrictions on civil society – in the current crisis mean that now, more than ever, El Salvador must have effective anti-corruption mechanisms in place. The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES), established last year, should be playing a visible and vigilant role right now; in this article, DPLF outlines some of the major concerns about CICIES, its formation, and its current status, all of which may impede its ability to play such a role.

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De la esperanza al escepticismo: La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.

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Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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Comentarios a la Nueva Ley de Consulta Previa del estado de Oaxaca, México

Naayeli Ramírez-Espinosa*

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor presencia de pueblos indígenas (más del 32.2% de la población según encuesta oficial del 2015). El 22 de febrero de 2020, el Congreso de este estado publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, la cual presenta considerables avances en comparación con las otras dos leyes en la materia existentes en el país (las de los estados de Durango y San Luis Potosí).

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Social Protest: A Misunderstood Right

Relevant Aspects of the IACHR Report “Protest and Human Rights”

Javier A. de Belaunde*

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the IACHR published its report “Protest and Human Rights” in December 2019. It appears timely when massive demonstrations are being held in the streets and squares across the region. The reasons behind the demonstrations vary, but the response of most governments is common: repression and human rights abuses. Peaceful protest remains a misunderstood right. This report aims to correct this situation by defining the inter-American standards applicable to protest and denouncing the criminalization of protest as an anti-human rights process.

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Protesta social: Un derecho incomprendido

Aspectos relevantes del informe CIDH “Protesta y Derechos Humanos”

Javier A. de Belaunde*

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó su informe “Protesta y Derechos Humanos”, en diciembre 2019. Este aparece oportunamente en un momento en el cual los reclamos de la ciudadanía se extienden por las calles y plazas de la región. Los motivos detrás de las manifestaciones varían, pero lo que se repite es la respuesta de los Estados: represión y violación de derechos humanos. La protesta pacífica sigue siendo un derecho incomprendido. El informe aspira a corregir esta situación definiendo los estándares interamericanos exigibles y denunciando la criminalización de la protesta como un proceso contrario al enfoque de derechos humanos.

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