El techo de cristal de mujeres y disidencias en el Poder Judicial

Natalia Echegoyemberry y Clara Lucarella*

“[N]o podemos persistir sin reglas de reconocimiento (…) el Estado monopoliza los recursos de reconocimiento” – Judith Butler, 2018.

En Argentina, desde la reforma constitucional de 1994, existe la normativa constitucional que permitiría la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación para las mujeres. En particular, esta reforma consagra normas que promueven la participación política de mujeres[1] y se establece la obligación del Congreso de regular acciones afirmativas con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades y mitigar el impacto de las barreras de acceso al ejercicio de los derechos[2].

La ley suprema otorga jerarquía constitucional a una serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para; también se sancionaron otras leyes que establecieron cupos para que las mujeres accedieran a cargos electivos y sindicales[3]. Tanto la ley de cupo femenino, como la regulación en la Constitución Nacional, han sido dos impulsos centrales en pos del fortalecimiento de los derechos de las mujeres en la esfera pública. 

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