Gabriel Mendoza Zárate*

Este año, 2021, se cumplen 30 años de la ratificación de México del Convenio 169 de la OIT (1991) relativo a pueblos indígenas y tribales, y el próximo año, 2022, se cumplirán 30 años de la reforma constitucional de 1992; donde, por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, poniendo fin -al menos a nivel normativo- a una política de negación indígena y de idealización del mestizaje cultural en la construcción de una supuesta identidad nacional. También este año se cumplen 20 años de la reforma Constitucional del 2001, en la que después del levantamiento neozapatista de 1994 y de los Acuerdos de San Andrés de 1996 en Chiapas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, para las comunidades tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá, en Chiapas, el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México sigue siendo negado. A continuación, un artículo sobre las grandes dificultades y amenazas que enfrentan, en los hechos, dos comunidades tzeltales en los altos de Chiapas.