Corte Interamericana debe ponerse al día con los estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación indígena

Daniel Cerqueira*

En los próximos meses la Corte Interamericana (Corte IDH) decidirá un caso más en su amplio repertorio de precedentes relacionados con la concesión de megaproyectos en territorios indígenas, en el cual confluyen actos de violencia, corrupción y daños ambientales. El caso se refiere a la violación de derechos de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, cuyo territorio ancestral se ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Dicha comunidad reivindica la titulación colectiva de su territorio, pero no así un proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI), en tanto la extracción de níquel en sus tierras ha sido autorizada desde hace varias décadas y es incompatible con su modo de vida y prioridades de desarrollo. El caso reviste especial importancia para que la Corte IDH se ponga al día con los desarrollos recientes sobre libre determinación indígena. 

Pasados 15 años desde que la Corte IDH dictó la emblemática sentencia en el Caso Saramaka vs. Surinam, los precedentes del Sistema Interamericano (SIDH) sobre CPLI han inspirado el marco normativo y jurisprudencial de diversos países de América Latina, de donde provienen 15 de los 24 Estados parte del Convenio 169 de la OIT, principal tratado internacional en la materia. Pese al estatus de edén jurídico de la consulta previa, la región sigue siendo la más peligrosa del planeta para los y las líderesas indígenas empeñadas en proteger sus recursos naturales. Dicha paradoja nos obliga a reflexionar críticamente sobre las narrativas basadas exclusivamente en la CPLI, y considerar otras obligaciones estatales de cara a los pueblos indígenas igualmente reconocidas por la comunidad internacional.

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Derechos de los cenotes en Yucatán*

Rodrigo Llanes Salazar*

“Si el agua tuviera voz, diría que no la ensucies, que la cuides y la protejas”, declaró Maribel Ek Kan, guardiana de los cenotes del pueblo maya Homún, en una conferencia de prensa el pasado 17 de febrero en la que se dio a conocer la solicitud que presentaron habitantes de dicho pueblo para que se reconozcan los cenotes como sujetos de derecho.

La solicitud es acompañada por las organizaciones de derechos humanos Equipo Indignación y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF). La demanda por el reconocimiento del derecho de los cenotes puede ubicarse en un doble proceso. Por un lado, las reivindicaciones de comunidades mayas y de organizaciones de derechos humanos para que los derechos del pueblo maya sean una realidad.

Esto es, que los pueblos ejerzan sus derechos a la libre determinación (que decidan sobre sus modelos de desarrollo económico, político, social, cultural); al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales; a su integridad cultural y a un medio ambiente sano, entre muchos otros.

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A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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Ejercicio de la libre determinación de comunidades tzeltales en Chiapas: una gran distancia entre ley y realidad

Gabriel Mendoza Zárate*

Este año, 2021, se cumplen 30 años de la ratificación de México del Convenio 169 de la OIT (1991) relativo a pueblos indígenas y tribales, y el próximo año, 2022, se cumplirán 30 años de la reforma constitucional de 1992; donde, por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, poniendo fin -al menos a nivel normativo- a una política de negación indígena y de idealización del mestizaje cultural en la construcción de una supuesta identidad nacional. También este año se cumplen 20 años de la reforma Constitucional del 2001, en la que después del levantamiento neozapatista de 1994 y de los Acuerdos de San Andrés de 1996 en Chiapas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, para las comunidades tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá, en Chiapas, el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México sigue siendo negado. A continuación, un artículo sobre las grandes dificultades y amenazas que enfrentan, en los hechos, dos comunidades tzeltales en los altos de Chiapas.

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Tres retos para el Sistema Interamericano y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Cristina Blanco*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

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En América Latina pocos derechos de los pueblos indígenas han recibido tanta atención como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI). En una región caracterizada por su enorme diversidad cultural y altos niveles de conflictividad social asociada a proyectos extractivos y de inversión, los pueblos indígenas han usado la CPLI como una herramienta para resistir los impactos de dichos proyectos sobre sus territorios. Igualmente, autoridades estatales, sector privado, entidades financieras, entre otros actores, han visto en la consulta previa una herramienta clave para la prevención de conflictos sociales.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

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Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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Livre determinação indígena: entre o Direito Internacional e a tragédia

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

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O impacto da pandemia do Covid-19 para os povos indígenas e o contexto de violência e esbulho territorial nos obriga a pensar soluções desde os mais variados âmbitos jurídicos e políticos.

2020 tem sido um ano particularmente trágico para os povos indígenas em todo o planeta e, em particular, na região amazônica. Ali, a expansão do Covid-19 ocorre de forma paralela à ação oportunista de madeireiros ilegais, garimpeiros, grileiros e governos dispostos a flexibilizar a concessão de megaprojetos extrativos sob o argumento de que é necessário promover investimentos nesta região em resposta à crise econômica provocada pela pandemia.

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