Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

Desde su creación la CC ha resuelto los más graves conflictos políticos y sociales del país. En el año 1993, cuando el ex presidente Serrano Elías quiso adjudicarse el poder absoluto y controlar a los otros poderes del Estado, destituyendo a los magistrados de la Corte Suprema y depurando a los diputados, fue la Corte de Constitucional el órgano que le corrigió el rumbo y evitó un rompimiento del orden constitucional.

El año 2015 marca un antes y un después en el combate a la corrupción en Guatemala, liderado por el Ministerio Público, acompañado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo internacional instalado en el país a pedido del Estado y producto de un acuerdo internacional con Naciones Unidas. La finalidad de esta cooperación Ministerio Público-CICIG, es desarticular las redes político económicas ilícitas y los cuerpos clandestinos de seguridad infiltrados en las instituciones del Estado. Desde entonces se han presentado, ante los tribunales, múltiples casos de corrupción que involucran a más de un centenar de funcionarios públicos, políticos y empresarios; hasta al mismo presidente de la República, su familia y sus más cercanos colaboradores.

Cuando salieron a luz las fechorías del presidente y su familia, éste se obsesionó con destruir a la CICIG; fue así como en agosto de 2017 declaró “non grato” al jefe de la CICIG: el comisionado Iván Velásquez.  A solicitud del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la decisión del presidente y le ordenó a las instituciones del gobierno no interferir en el trabajo que realiza la Comisión.

Hoy Guatemala -nuevamente- está inmersa en una crisis institucional, como consecuencia de las decisiones del presidente Morales, quien se resiste a rendir cuentas ante la justicia. Por el contrario -ignorando por completo el fallo de la CC- el 31 de agosto anunció que no va a renovar el acuerdo con Naciones Unidas relativo al establecimiento de la CICIG en el país -.  Unos días después, prohibió el ingreso al territorio guatemalteco, del comisionado Velásquez, bajo el argumento de que se trataba de una persona que atenta contra la seguridad de la nación. Al gobierno no le preocupa incumplir con los convenios internacionales suscritos por el Estado, pues Morales esta dispuesto a todo con tal de terminar con la lucha contra la corrupción que aparentemente lo alcanza.

Inmediatamente, diversas entidades y ciudadanos preocupados por la vigencia del Estado de Derecho, recurrieron a presentar amparos en contra del presidente Morales y sus órdenes ilegales.  Y una vez más, los magistrados de la CC resolvieron conforme a derecho, limitando los abusos de poder del presidente.

Ante los hechos notorios, el pleno de la Corte de Constitucionalidad -por unanimidad- otorgó amparo provisional y dictaminó que el presidente debe buscar resolver las controversias respecto de la CICIG por medio del diálogo, atendiendo a lo que establece el acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y la ONU; además indicó que se permita el ingreso al territorio nacional del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. También, advierte que la orden se considerará incumplida en el momento que se deniegue el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado.

La respuesta del presidente y sus ministros no se hizo esperar: en abierto desacato ignoraron la resolución de la Corte y anunciaron públicamente que a Guatemala no entra Iván Velásquez, como si el territorio nacional fuera su finca. Argumentan que la política exterior es asunto del Ejecutivo.  ¡Y de nadie más!  Mientras tanto la canciller da a conocer que envió una carta a las Naciones Unidas, para informar que desconocen a Velásquez como comisionado y que conminan al Secretario General de Naciones Unidas para que -en plazo de 48 horas- remita un listado con nombres de candidatos al cargo de Comisionado, a fin de que Guatemala dé su consentimiento.

En un país democrático, basado en el principio republicano de separación de poderes, las decisiones judiciales se acatan, no se discuten -sobre todo si provienen de la máxima autoridad judicial-.   Sin embargo, el presidente de Guatemala cree que tiene más autoridad que el Tribunal Constitucional y ha declarado públicamente que no esta dispuesto a obedecer decisiones ilegales “vengan de quien vengan”.

Ante la postura del organismo ejecutivo, toca ahora que la Corte de Constitucionalidad imponga su decisión.  Es procedente que certifique lo conducente, que haga saber al Ministerio Público que se incumplió con lo ordenado, para que este deduzca las responsabilidades penales a los funcionarios.  Al ente investigador le corresponde establecer la comisión de posibles delitos, como la desobediencia, el abuso de poder o la promulgación de resoluciones violatorias a la Constitución.

En estos casos es cuando se hace efectivo el equilibrio de poderes. Eliminar el poder de las cortes es el primer paso de los gobiernos autoritarios y las dictaduras.  La población debe estar vigilante y exigir el cumplimiento de la ley.

Es oportuno recordar las palabras del juez supremo de los Estados Unidos, Stephen Brayer:  “En última instancia, la independencia es una cuestión de costumbre, hábito y expectativa institucional. Construir esas costumbres, hábitos y expectativas requiere tiempo y apoyo, no solo desde la judicatura y el gremio de abogados, sino desde las comunidades donde los jueces sirven.”

¡Defender la Independencia Judicial es tarea de TODOS los ciudadanos!

*Centennial Fellow – Georgetown University

Foto: ElSalvador.com

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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