El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

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El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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Estrasburgo y San José cierran filas: diálogo entre cortes sobre independencia judicial de fiscales (PARTE II)

Marie-Christine Fuchs

* Este artículo fue publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho, iniciativa del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. La publicación está disponible aquí.

A finales de 2020, por primera vez en sus más de 40 años de historia jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inconvencional las destituciones arbitrarias de dos fiscales. Sorprende la espera de todos estos años, considerando que no solo jueces, sino también fiscales son objeto de crecientes amenazas a su independencia, tanto en Latinoamérica y Europa como en otras regiones. El ejemplo más reciente es la destitución arbitraria no solo de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional sino también del Fiscal General en El Salvador el 1 de mayo de 2021. 

Este artículo no solo versa sobre la pregunta si para fiscales aplican las mismas garantías judiciales que para jueces (sobre restricciones y destituciones ilegítimas de jueces véase Parte I de este artículo). También vislumbra cómo el Tribunal Interamericano buscó inspiración en los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

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El nuevo sistema peruano para nombrar y sancionar a jueces y fiscales: ¿Cambiar todo para que no cambie nada?

Ernesto de la Jara Basombrío*

En el Perú está a punto de concluir (el 30 de diciembre) el concurso público convocado para elegir a los miembros de la recientemente creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo creado mediante reforma constitucional aprobada a partir de un referéndum ciudadano. Se trata de una institución con súper poderes, entre los que están: nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias y de todo el país; evaluarlos cada tres años y medio y ver si los ratifica o los cesa cada vez que cumplan 7 años más en el cargo. La JNJ es el único ente que puede destituir a jueces y fiscales directamente -incluso a magistrados supremos- sin tener que pasar por el Congreso.

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Los fiscales también requieren vigilancia social

Luis Pásara*

La onda expansiva del caso Lula –condenado en un proceso en el cual juez y fiscales conspiraron con un propósito político– va mucho más allá de las fronteras brasileñas. Después de hurgar durante los últimos años en el funcionamiento de la judicatura, toca ahora mirar de cerca lo que está ocurriendo con los fiscales, personajes clave en la investigación de delitos.

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