Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

El nuevo Fiscal General deberá enfrentar un conjunto de desafíos institucionales y políticos para devolverle credibilidad al Ministerio Público. Veamos cuáles son sus propuestas de trabajo que ha presentado al país.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, una plataforma que aglutina a un conjunto diverso de organizaciones de la sociedad civil, de manera previa a su designación, consultó al entonces postulante Juan Lanchipa sobre sus propuestas de trabajo. El abogado Lanchipa planteó que el Ministerio Público debe acercarse a las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. También que “promovería mesas de participación ciudadana en las que se haga rendición de cuentas con respecto a las políticas de persecución penal y acceso a la justicia”.

En relación a la gestión institucional, expresó que trabajaría en la mejora de los sistemas de información con los que ya cuenta la Fiscalía, para el diseño de la política criminal, no persiguiendo caso a caso, sino como fenómenos criminales. De igual forma, se comprometió con trabajar en hacer cumplir el principio de presunción de inocencia de los justiciables, racionalizando el uso de la detención preventiva -convertida hoy en una pena anticipada- e implementando una oficina de evaluación de riesgos, así como de sistemas de gestión de audiencias para evitar su suspensión, con el fin de bajar el índice de presos sin condena.

También planteó una decidida lucha contra la impunidad en los feminicidios, además de incorporar la perspectiva de género en los servicios del Ministerio Público.  Por otra parte, propuso la creación de una fiscalía especializada para las graves violaciones de derechos humanos y perseguirlas penalmente, así como acompañar los avances que pueda tener la Comisión de la Verdad en el esclarecimiento de ciertos hechos que son imprescriptibles. Finalmente, sobre su trayectoria profesional, destacó su autonomía en relación al poder político, con apego riguroso a la Constitución y a las leyes.

Estas propuestas, además fueron reiteradas en su reciente discurso de posesión al cargo, ocasión en la que añadió que ejercerá sus funciones conforme al principio de autonomía funcional establecido en la Constitución. Selló como su prioridad, la recuperación de la confianza social y la credibilidad institucional, sobre la base de una Fiscalía que funcione a partir de los principios de legalidad, oportunidad, responsabilidad y autonomía, desterrando la discrecionalidad y arbitrariedad, que tanto daño han hecho.

También reiteró la necesidad de construir una política de persecución penal estratégica y democrática, basada en el respeto a los derechos humanos, la debida diligencia en la investigación y el debido proceso en la persecución penal; particularmente, de los delitos más graves, como el abuso sexual de menores, trata y tráfico de personas, violencia a las mujeres, feminicidios, corrupción y crimen organizado.

Con respecto a la gestión institucional, aunque no fue lo suficientemente claro sobre el proceso de institucionalización de la carrera fiscal conforme manda la Ley del Ministerio Público, señaló que iniciará un etapa de evaluación del desempeño profesional y cualificación de los recursos humanos, con la finalidad de asegurar una conducta transparente e intachable de sus miembros, superando las viejas prácticas que han permeado al sistema de justicia.

El nuevo Fiscal concluyó la presentación de su agenda de trabajo, invocando a una labor más coordinada entre los actores del sistema de justicia y a la cooperación de los otros órganos del Estado, a fin de articular esfuerzos para enfrentar los desafíos de transformación y reforma de la justicia.

Esta es la magnitud de los desafíos pendientes para la construcción institucional de una Fiscalía autónoma al servicio de la sociedad que asume con el cargo el Doctor Lanchipa. Lamentablemente, esta agenda de trabajo no se ha visto -al menos en el acto de posesión- refrendada políticamente por el Presidente Evo Morales, quien en dicho acto dio un mensaje que no estuvo a la altura de las circunstancias. Fue claro en sentenciar: “cuando hablan de independencia de poderes, les recuerdo la coordinación permanente entre órganos del Estado”, desdeñando la independencia judicial, como un invento del imperialismo y el capitalismo, olvidando que esta garantía está consagrada en los artículos 120 y 178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Así, los retos institucionales que bien ha identificado el nuevo Fiscal General para el Ministerio Público deberán enfrentarse con el desafío político de construir las condiciones para su desempeño autónomo, sin esta precondición será difícil y sinuoso el camino de recuperación de su credibilidad y de la confianza ciudadana.

*Abogado, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Foto: Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Fausto Juan Lanchipa Ponce / Fiscalía General del Estado