Sistemas judiciales durante la pandemia: la experiencia de Sudamérica

Carolina Villadiego Burbano*

Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.

En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.

Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.

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The story of a shipwrecked sailor named Sergio Moro

On the rise and fall (for now) of Operation Car Wash’s patron in Brazil

Daniel Cerqueira*

Originally published in Global Americans

See Portuguese and Spanish versions.

Just over a year ago, many Brazilians were surprised by Jair Bolsonaro’s appointment of then Federal Judge Sergio Moro as Minister of Justice and Security. Up until then, the judge who convicted former President Lula da Silva had often said that his vocation was the law and not politics, but he explained his change of heart by asserting that this was a technical position and that there was a need to promote reforms and ensure the continuity of anti-corruption efforts. Moro’s joining the administration lent significant political capital to Bolsonaro, whose approval ratings were consistently lower than those of the former judge. Together with Economy Minister Paulo Guedes, Moro helped to secure the acceptance of the administration by an important segment of Brazil’s middle and upper classes.

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Relato de um náufrago chamado Sergio Moro

Sobre a ascensão e queda (por enquanto) do padroeiro da Lava Jato

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente em Global Americans. 

Veja versões em espanhol e inglês.

Há pouco mais de um ano, muitos brasileiros se surpreenderam com a nomeação do então juiz federal Sergio Moro como Ministro da Justiça e Segurança Pública por Jair Bolsonaro. Até então, Moro costumava afirmar em entrevistas que sua vocação eram as leis e não a política, mas justificou a mudança de critério alegando que o cargo de ministro tem um perfil técnico e pela necessidade de alavancar reformas e garantir a continuidade dos esforços de combate à corrupção. A entrada de Moro no governo rendeu um importante capital político a Bolsonaro, cuja aprovação sempre foi inferior à do ex-juiz. Juntamente com o Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, Moro era uma espécie de fiador de aceitação do governo por uma parte considerável das classes média e alta.

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Relato de un náufrago llamado Sergio Moro

A propósito de la ascensión y caída (por ahora) del patrono de Lava Jato en Brasil

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Global Americans.

Ver versiones en inglés y portugués.

Hace poco más de un año, muchos brasileños se sorprendieron con el nombramiento del entonces Juez Federal Sergio Moro como Ministro de Justicia y Seguridad por parte de Jair Bolsonaro. Hasta este momento, el juez que condenó al expresidente Lula da Silva solía declarar que su vocación eran las leyes y no la política, pero justificó el cambio de criterio afirmando que el cargo de ministro tiene un perfil técnico y por la necesidad de impulsar reformas y garantizar la continuidad de los esfuerzos de combate a la corrupción. El ingreso de Moro al gobierno rindió un importante capital político a Bolsonaro, cuya aprobación siempre estuvo por debajo de la del exjuez. Al lado del Ministro de Economía Paulo Guedes, Moro fue una suerte de fiador de aceptación al gobierno por una parte importante de las clases media y alta de Brasil.

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Corrupción judicial en las Américas

Algunas reflexiones desde el caso chileno

Claudio Nash (Ph.D.)*

Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.

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Distanciamiento social en las prisiones latinoamericanas

Miguel Sarre* y Juan Morey**

La actual crisis sanitaria impone la adopción oportuna de medidas preventivas. En reclusión, éstas deben ser generales, contundentes e inmediatas y estar orientadas a generar condiciones de factibilidad. Una moratoria urgente de la prisión preventiva, adoptada bajo control judicial, es un medio eficaz de reducir significativamente la población presa y, a partir de ello, instrumentar en reclusión las acciones preventivas recomendadas.

La emergencia sanitaria ya reconocida en Latinoamérica ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en prácticamente todas las prisiones de la región.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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The weakening of the Peruvian police in times of crisis

César Bazán Seminario*

The global dilemma between authoritarian and democratic law enforcement expressed itself legally recently in Peru: on March 28, 2020, Peruvian Congress enacted Law 31012, the poorly named so-called “Police Protection Law,” which does a disservice to the strengthening of the police and democracy during the current health crisis.

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El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

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Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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