Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

Las preocupaciones por estos excesos se han incrementado en las últimas semanas debido a algunas medidas y mensajes que el mandatario ha lanzado – especialmente en redes sociales – en el marco de la emergencia provocada por la pandemia global de COVID–19. Como se ven las cosas, parece que la enfermedad no es la única amenaza que debe enfrentar El Salvador, sino también las expresiones de dominación presidencial, un peligro igualmente devastador y letal para la salud de la democracia y la institucionalidad.

A lo largo de su historia El Salvador ha tenido que combatir este mal autoritario más de una vez, pero con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, se creyó haber sentado las bases para construir una sociedad desmilitarizada, dialogante, respetuosa de la constitucionalidad y de los derechos humanos, es decir, del Estado de Derecho. La factura que se pagó para poner fin a la guerra y para comenzar a caminar hacia una convivencia social más racional, fue altísima: cuantiosas pérdidas humanas (unas 75 mil personas), decenas de miles de desplazamientos forzados, incontables desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que hasta el presente siguen en la impunidad. Estos Acuerdos, sin duda alguna, despertaron muchas esperanzas entre la población que imaginó un futuro menos tortuoso que el vivido por más de cincuenta años, bajo regímenes militares de corte represivo.

Lamentablemente, en pocos años esa expectativa se volvió frustración colectiva, al constatar que la tradición militarista y dictatorial no desapareció con el fin de la guerra civil. En efecto, las sucesivas administraciones presidenciales – incluyendo la actual – tanto de izquierda como de derecha, han gobernado con un ojo puesto en el estamento militar, cuidando meticulosamente que este sector no se sienta ni siquiera amenazado en sus privilegios – incluyendo el de evadir la justicia por graves violaciones a los derechos humanos – y asignándoles importantes cuotas de poder y recursos, especialmente en campos como la seguridad pública, en donde han venido ganando terreno de forma sostenida.

En este marco, el comportamiento despótico de Nayib Bukele no debería extrañar, aunque no significa que deba ser tolerado. Él es sucesor de esa añeja práctica, aunque sostenga que se distancia de ella. A pesar de una exitosa campaña proselitista basada en su propia imagen como una figura fresca y novedosa y en la que supo etiquetar a sus adversarios como una clase política anacrónica, vetusta y “tradicional”, en muy pocos meses, el Presidente “cool”, demostró lo contrario y con creces: intolerancia absoluta a la crítica y al disenso, desproporcionados ataques (ahora virtuales) a adversarios políticos, alta concentración de poder, usurpación de funciones, desacato de resoluciones judiciales, manodurismo, nepotismo, opacidad, manipulación de la opinión publica… todo un cóctel de antivalores democráticos que antes estaban repartidos en varias instancias y personalidades políticas, ahora parecen estar condensados en la estampa presidencial.

Algunos hechos relevantes de los últimos dos meses con particular énfasis lo colocaron como una figura casi imperial. El primer episodio que puso en alerta a propios y extraños ocurrió el 9 de febrero, con el asalto militar a la Asamblea Legislativa, una escena que recordó los peores momentos de las dictaduras militares no solo de El Salvador, sino de Latinoamérica.

Pero, por lo visto en estas semanas, esa acción fue solo el principio de una cadena de acciones y decisiones que se han consolidado en el contexto de la actual emergencia sanitaria, las cuales imprimen un sello característicamente impositivo. Veamos algunas de estas acciones:

  • Pese a no contar con un partido político con escaños, hasta ahora ha podido amarrar el contrapeso legislativo al logar la aprobación de casi todos los decretos que ha enviado al congreso, varios de ellos, muy cuestionados por provocar restricciones desproporcionadas e indebidas a los derechos constitucionales, como el Decreto Ejecutivo 611, que afortunadamente perdió vigencia hace pocas semanas.
  • Ha expresado abiertamente su desacato a órdenes emanadas del máximo tribunal constitucional y ha desafiado su autoridad al efectuar, por medio de la PNC y el ejército, unas 2 mil detenciones ilegales o arbitrarias de personas que supuestamente han irrespetado la medida de cuarentena obligatoria.
  • Ha desacreditado y desestimado la labor del Fiscal General de la República y las actuaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dos importantes entidades contralora de la gestión pública. Además, antes de la emergencia, nombró (aunque renunció a los pocos días) a una persona de su plena confianza como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, con lo cual pudo comprometer la objetividad de otra importante institución con facultades legales para ejercer control sobre las actuaciones estatales.
  • Bajo el argumento de instalar cercos sanitarios, ha militarizado zonas populares y municipios completos – tipo toques de queda – sin fundamentación sanitaria ni base legal que justifique esas medidas extremas, inmovilizando a poblaciones enteras para que puedan satisfacer necesidades básicas de alimentación y salud.
  • Aunque no tiene esas facultades, ha “autorizado” a los consejos municipales para que adopten sus propias medidas de contención de la enfermedad COVID-19, lo cual ha propiciado decisiones locales que riñen con los derechos humanos, como cercos militares, toques de queda y otras restricciones indebidas a la movilización.
  • Ha emprendido una intensa campaña de desprestigio hacia las organizaciones sociales y contra defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes cuestiona su representatividad y legitimidad y las coloca como instrumentos políticos vinculados a sus adversarios partidarios. El mismo comportamiento tiene en contra de sectores académicos, gremiales, medios de comunicación y periodistas que investigan y dan cobertura a expresiones sociales de descontento que se están acrecentando día con día.

Queda claro que El Salvador está en presencia de una peligrosa demagogia que no tiene antecedentes en su historia reciente y que el ataque autoritario del presidente parece avanzar con pocos mecanismos que lo contrarresten. Lejos de eso, el presidente Bukele, parece cada vez más decidido a imponer su criterio y estilo de gobierno, utilizando todos los medios a su alcance para lograr su propósito. Viendo este panorama, no es extraño intuir que los hechos descritos no son solo arrebatos de personalidad, sino que responden a un plan cuidadosamente elaborado, que incluye – pero no agota – a las elecciones futuras, especialmente las legislativas y municipales de febrero de 2021, en las que el mandatario busca lograr una mejor correlación en la Asamblea que la actualmente tiene.

Lo cierto es que está en juego la incipiente vida pluralista que El Salvador comenzó a construir con el fin del conflicto armado. La débil institucionalidad del país está a prueba ya que deberá demostrar que es capaz de imponer la razón ante los abusos y la arbitrariedad presidencial, y de retomar el camino hacia un equilibrado y justo ejercicio del poder, en favor de las personas, especialmente de quienes viven en mayor vulnerabilidad.

La sociedad civil organizada, entidades académicas, organizaciones populares, gremiales y tanques de pensamiento, pese al estigma y a la deslegitimación a la que están siendo sometidos, tienen el enorme reto de mantener y amplificar su voz crítica y propositiva, en favor de la sensatez y del derecho como instrumento civilizado de la convivencia democrática.

 

*Asesor técnico de DPLF en El Salvador

Foto: Presidencia El Salvador

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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