Retos de la pandemia del Covid-19 para el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos

Carlos Ayala Corao*

La humanidad está sufriendo la amenaza y los efectos concretos de una enfermedad infecciosa global producida por el Coronavirus (Covid-19), con graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que en algunos casos, incluidos los de personas adultas mayores o de personas con ciertas condiciones preexistentes, puede causar la muerte. Es también conocido, que este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud[1] (OMS) declarase una situación grave de “pandemia”, realizando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una serie de recomendaciones a los Estados y a las personas, sobre las medidas para proteger la salud y prevenir su propagación[2].

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In-Justicia en tiempos de Estado de Emergencia COVID19 en Venezuela

Carmen E. Alguindigue Morles*

La capacidad del sistema de justicia en Venezuela para garantizar el acceso a la justicia y resolver conflictos sociales, es reducida y se encuentra francamente comprometida en cuanto a su independencia e imparcialidad, así como también por los desvíos constantes del marco constitucional. La transparencia es un principio en desuso, y no se cuenta con informes de gestión. El fenómeno de la politización y la corrupción arropa la mayoría de los procesos, siendo la excepción que alguno o ambos de esos componentes no confluyan.

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Ley de Amnistía en México: Más allá de los mitos

Isabel Erreguerena, Maïssa Hubert y Viridiana Valgañon*

El pasado 20 de abril, en medio de una controversial sesión extraordinaria del Senado de la República, se aprobó una Ley de Amnistía que permitiría la liberación de cientos de personas privadas de libertad en México. Esto provocó una ola de críticas tanto por el contexto de contingencia sanitaria, como por sus objetivos y contenidos. Frente a una amplia campaña de desinformación, desde Equis Justicia para las Mujeres nos parece importante deconstruir varios mitos que se vienen difundiendo sobre los alcances de esta Ley.  A lo largo de este artículo, explicaremos su origen, el debate relativo a su adopción en medio de la pandemia, y los retos que se tendrán que superar para su implementación.

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Movilidad humana y COVID-19: Una respuesta desde la interamericanización

Mariela Morales Antoniazzi* y Juana María Ibáñez Rivas**

Desde hace algunos meses el mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, caracterizada por ser multidimensional, multinivel y con una multiplicidad de efectos devastadores e inimaginables en todas las esferas de la vida. Como bien lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí.

Ciertamente, esta crisis genera desafíos diferenciados para las distintas regiones y América Latina no es la excepción. Consciente de ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha reaccionado de manera inmediata, emitiendo resoluciones, declaraciones y comunicados, y adoptando medidas con el fin de orientar a los Estados en este particular contexto. De esta manera, ambos órganos han recordado el contenido y alcance de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción, y la naturaleza reforzada de protección de aquéllas cuando se trata de grupos afectados de forma desproporcionada debido a su mayor vulnerabilidad, destacando entre ellos, las personas en situación de movilidad humana. La interamericanización se constituye así en el referente para definir los límites de cualquier política o medida que afecte los derechos humanos de las personas migrantes en la región.

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Guaranteeing Peasants’ Rights in the Face of COVID-19 and Building a “New Normal”

Ana María Suárez Franco and Andrea Nuila*

Versión en español aquí.

According to the FAO (2019), 90% of family farms produce more than 80% of the world’s food. Farming, fishing, pastoralist, landless, and indigenous communities all help to ensure that the world is properly fed, based on a balanced relationship with nature. Paradoxically, the same people who feed us are subjected to systematic violations of their rights every day (United Nations Human Rights Council Advisory Committee, 2012). These include water, land, and seeds grabbing; the destruction of their livelihoods by extractive activities, the pollution and destruction of ecosystems and their diversity, the spraying of pesticides harmful to their health, the loss of their food sovereignty, the insecure working conditions of agricultural workers, the extreme burden of care work and violence against women in rural areas,  the criminalization of environmental and human rights defenders, and the fraying of the social fabric, among others. These and other violations tend to be intersectional in nature, affecting specific groups to varying degrees both because they are peasants and because of their ethnicity, religion, age, sexual orientation, socioeconomic status, or other factors.

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Los derechos de las campesinas y campesinos y la necesidad de garantizarlos frente al COVID-19 y en la construcción de una “nueva” normalidad

Ana María Suárez Franco y Andrea Nuila*

English version here.

Según la FAO (2019), el 90% de las granjas de agricultura familiar produce más del 80% de los alimentos que consumimos globalmente. Las comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, sin tierra e indígenas, contribuyen a alimentar adecuadamente a la humanidad, a partir de una relación balanceada con la naturaleza. Paradójicamente, las mismas personas que nos alimentan se ven sometidas diariamente a violaciones sistemáticas de sus derechos (Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2012). Estas incluyen, el acaparamiento del agua, la tierra y las semillas, la destrucción de sus medios de vida a causa de las actividades extractivas, la contaminación y destrucción de los ecosistemas y su diversidad, la aspersión de pesticidas perjudiciales para su salud, la pérdida de su soberanía alimentaria, las precarias condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas, la carga extrema de las labores de cuidado y la violencia que sufren las mujeres en las zonas rurales,  la criminalización de la defensa ambiental y los derechos humanos, la destrucción el tejido social, entre otras. Estas y otras violaciones suelen tener un carácter interseccional, afectando en diverso grado a grupos específicos tanto por ser campesinos como por su origen étnico, religión, edad, orientación sexual, estatus socio-económico, entre otras.

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Sistemas judiciales durante la pandemia: la experiencia de Sudamérica

Carolina Villadiego Burbano*

Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.

En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.

Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.

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