Pandemia y autoritarismo en Nicaragua

Mario Sánchez, Hloreley Osorio y Jerry Dinarte*

La pandemia causada por el brote del coronavirus SARS-CoV-2 ha impactado en un mundo en crisis y herido por la desigualdad y los efectos devastadores del cambio climático, que amenazan la sobrevivencia de la vida misma en el planeta. Se trata del agravamiento de una crisis, provocada por una forma de vida hipercapitalista, a la que ha sido sometida la población mundial (De Sousa Santos, 2020). En esta crisis, existe una estrecha relación entre la desigualdad social y la probabilidad de convertirse en víctima de una catástrofe humana o natural (Bauman, 2017). Frente a este drama, ocurren dos situaciones: primero, una forma específica del ejercicio del poder, el biopoder “que deja morir y hace vivir” en una sociedad (Foucault, 2000); y segundo, lo que históricamente ha ocurrido, los pobres y los marginados son quienes corren más peligro de ser las “víctimas colaterales” de ese poder y de esa “lógica de sacrificio”, arraigada en el capitalismo neoliberal que, en el contexto de esta pandemia, Mbembe denomina como necroliberalismo (Bercito, 2020).

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el vínculo entre política y vida que aparece en el discurso y la práctica política del régimen de Ortega frente a la pandemia y sus efectos. Primero, se precisa el contexto en que se da la pandemia, luego se analiza la estrategia del Gobierno ante a la crisis sanitaria y sus potenciales consecuencias.

1.- El contexto nicaragüense de la pandemia

La pandemia del COVID-19 arribó a una Nicaragua con múltiples crisis, amplificando sus efectos sobre una población cuyos derechos han sido violentados por el régimen autoritario de Daniel Ortega, quien, además de reprimirla con brutal letalidad, ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha sumergido al país en una ruina económica por más de dos años, sin mostrar el menor indicio de voluntad política para gestionar la crisis sociopolítica por la vía pacífica.

Esta crisis irresuelta ha erosionado la confianza de la ciudadanía y ha incrementado el porcentaje de desaprobación de la gestión del Gobierno a niveles sin precedentes. Según la Corporación Latinobarómetro (2018), entre 2017 y 2018 el porcentaje de aprobación cayó en 44 %, al pasar de 67 % a 23 %, y el nivel de confianza en el Gobierno apenas llegó al 20 %. La encuestadora CID Gallup destacó que Ortega ha sido el presidente con el índice de desaprobación más alto en la historia reciente de Nicaragua, con el 57% (ver ilustración 1) (Nicaragua Investiga, 2019).

Ilustración 1
Evaluación de presidentes en períodos similares de su administraciónIlustracion1 NICNota: Elaboración propia con base en datos de CID Gallup. Los números expresan porcentajes

A la pérdida de confianza y al desgaste político del Gobierno de Ortega, se suma la condena de la comunidad internacional, expresada a través de comunicaciones diplomáticas y mediante la aplicación de sanciones económicas, promulgadas por Estados Unidos, Canadá y veintiocho países miembros de la Unión Europea, en contra de altos funcionarios del régimen orteguista por sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos y algunos en actos de corrupción. Esta crisis sociopolítica golpeó la economía del país, que pasó de ser la tercera economía con mayor crecimiento del producto interno bruto de la región centroamericana en 2017, con el 4.6 %, a ser la única con cifra negativa en 2018, -4 % (ver ilustración 2). Un reportaje periodístico de Confidencial sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) advierte que, en veintiocho meses se han perdido 235 000 cotizantes activos, que representan el 25.2 % del total y una merma de USD 15 millones mensuales (Olivares, 2020), con lo cual se agravan la crisis financiera del INSS y el aumento de su dependencia de las transferencias de un Estado con serias dificultades de recaudación de divisas: en 2018, las exportaciones se contrajeron en 2.6 % (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, noviembre de 2019). Según esta fuente, la tasa abierta de desempleo pasó de 3.7 % en 2017 a 5.5 % en 2018. Solo en dos años, el porcentaje de personas en situación de pobreza incrementó dramáticamente un 9.3 %.

Ilustración 2
Tasa de crecimiento del producto interno bruto en CentroaméricaIlustracion2 NICNota: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y la CEPAL (2020). Los números expresan porcentajes.

En este contexto de crisis sociopolítica y económica irresueltas, la pandemia del COVID-19 está impactando en una sociedad polarizada y vulnerada por la situación de incertidumbre y por el sometimiento de la vida al poder de la muerte, por parte de un régimen autocrático que ha priorizado la economía y sus formas de acumulación por encima de cualquier lógica.

2.- El necroliberalismo frente a la pandemia y su desafío

El Gobierno de Ortega ha utilizado el discurso “a favor de los pobres” como una bandera populista para justificar su estrategia necroliberal frente a la pandemia. Consciente del impacto letal que representa la naturaleza contagiosa del coronavirus y su efecto devastador en los sistemas de salud, ha hecho caso omiso de muchas de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no ha implementado medidas sanitarias de prevención, contención y mitigación acordes con el Reglamento sanitario internacional (2005). Esto, a pesar de los pronunciamientos, las recomendaciones y los ofrecimientos de colaboración que expresaron con suficiente anticipación y en reiteradas ocasiones algunos profesionales de la salud, el Comité Científico Multidisciplinario, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la Academia de Ciencias de Nicaragua y algunas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Según el Gobierno, en su modelo sanitario se ha desarrollado una estrategia singular de equilibrio entre la pandemia y la economía, dando a entender la estrategia de “inmunidad de rebaño”, la cual resultó inviable en Inglaterra y Suecia por la naturaleza contagiosa y letal del COVID-19, que supera el tiempo requerido para encontrar la vacuna. Además, como señaló Huete (2020) significa, que el gobierno de Ortega ha propiciado la propagación de la enfermedad entre la población sin garantía de lograr la inmunidad de rebaño so pretexto de no cerrar la economía. Bajo esta óptica, la politización de la vida aparece subordinada a la economía. En palabras de Ortega: “Si decimos quédate en casa, ¡se destruye el país!” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 2020). A pesar de la saturación de los hospitales, el incremento exponencial de contagios (ilustración 3) y los entierros exprés, el Gobierno no ha declarado la fase de transmisión local ni la cuarentena. Tampoco ha generado información clara y desagregada que permita establecer la modalidad de contagio.

Ilustración 3
Casos confirmados de COVID-19 por el MINSA y Observatorio CiudadanoIlustracion3 NICFuente: Elaboración propia a partir de datos del MINSA y del Observatorio Ciudadano

El régimen de Ortega ha dado una respuesta irresponsable y criminal ante la grave amenaza de la pandemia, con plena consciencia del peligro al que está expuesta la vida y la integridad física de la población, en particular de los grupos vulnerables, como los jubilados y el personal sanitario. A estos últimos, les han prohibido el uso de material de protección, como las mascarillas, lo cual provoca el contagio y la muerte 75 médicos, según datos de la Unidad Médica Nicaragüense. Incluso, el Gobierno ha pretendido justificar su “estrategia singular” a través de sus discursos. Algunos mensajes trataron de desestimar el peligro del COVID-19,  otros pretendieron sobredimensionar la capacidad del sistema de salud nicaragüense;  incluso, se transmitió la idea de que el Gobierno tenía el control de la pandemia[1]. Además de diseminar mensajes que no reconocían la magnitud del desafío sociosanitario, descalificaron y acusaron de terrorismo desinformativo[2] las proyecciones y campañas preventivas de expertos que de forma responsable y con base científica han procurado orientar a la ciudadanía y al mismo gobierno de la gravedad del virus. Frente a la opacidad de los datos oficiales, el Observatorio Ciudadano ha llevado un registro alternativo al MINSA, cuyas cifras de contagio y mortalidad (ilustración 4) alertan de la crisis epidemiológica y refuerzan el señalamiento del científico Jorge Huete: “Nicaragua se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia regional (Centroamérica)”. Lo grave de esta crisis sanitaria es que no sólo está afectando directamente a la sociedad nicaragüense, sino que potencialmente podría afectar al resto de la región, como lo han manifestado los gobiernos del resto de países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Ilustración 4
Fallecidos según el MINSA y Observatorio CiudadanoIlustracion4 NICFuente: Elaboración propia a partir de datos del MINSA y Observatorio Ciudadano

Según Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, el Gobierno ha cometido abuso de autoridad y funciones, según el art. 432 del Código penal, al vulnerar derechos constitucionales y derechos adquiridos de la población. De igual forma, violentó el art. 21 de la Ley General de Salud, al no declarar el estado de pandemia e impulsar las medidas pertinentes para evitar el contagio y mitigar sus efectos (Cruz, 2020).

Frente a la política necroliberal del régimen Ortega-Murillo, la sociedad en general ha asumido medidas de autoprotección. El 1 de junio, 34 asociaciones médicas nicaragüenses convocaron al pueblo a unirse a una “cuarentena nacional” voluntaria ante el “imparable” aumento de casos de COVID-19 (Asociaciones Médica de Nicaragua, 2020). Este llamado a implementar medida de contención de la pandemia, ha sido respaldada ampliamente por varios sectores de la sociedad, entre ellos el Comité Científico Multidisciplinario (CCM) y la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), quienes han denunciado al Gobierno de Daniel Ortega por no reconocer la crisis sociosanitaria y declarar que “la pandemia en Nicaragua está bajo control” (Hurtado, 2020). Esta iniciativa, combinada con otras estrategias de solidaridad y unidad, representan uno de los mayores desafíos al pueblo de Nicaragua en defensa de la vida, contra toda esperanza y en un contexto de múltiples crisis.

 

*Los autores son investigadores y profesores de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua.

Una versión más amplia de este artículo fue publicada por la Academia de Ciencias de Nicaragua (2020): COVID -19 el caso de Nicaragua. Aportes para enfrentar la pandemia. Segunda Edición. Páginas 62-67. Disponible aquí.

 

[1] El diputado Carlos E. López comentó a un grupo de estudiantes que gracias al gobierno había tres casos de coronavirus (3 de abril de 2020)

[2] Ver “Al pueblo de Nicaragua y al mundo. Informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular- Libro Blanco, p. 44.

 

Foto: Jorge Mejía Peralta

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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