Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

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Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

El Departamento del Chocó, ubicado al noroeste colombiano, es un territorio repleto de contradicciones. Un departamento rico en recursos naturales, pero que agoniza en medio de tanta escasez de servicios básicos y oportunidades. Tiene una población aproximada de 515.145 habitantes de los cuales 82,1% son afrocolombianos, 12,7% indígenas y 5,2% blancos y mestizos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 79,7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, es uno de los departamentos con los mayores índices de pobreza multidimensional, y el 61,1% de sus habitantes cuenta con menos de $2 dólares por día.

En el ámbito de la salud, el único hospital de mediana complejidad, es decir, con posibilidad de hospitalización y atención especializada a personas con enfermedades complejas, se encuentra en condiciones deplorables, sin recursos económicos, sin personal de salud y parcialmente sellado debido a la presencia de roedores en el servicio de urgencias. Ante una emergencia de salud como la actual, las comunidades afrodescendientes e indígenas chocoanas están en la línea de mayor vulnerabilidad y riesgo ante la propagación del coronavirus.

El comunicado del 28 de Abril de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA)  llama a los Estados miembros a garantizar “el acceso oportuno a la salud pública, a través de medidas de prevención, mitigación y tratamiento [del COVID-19], en condiciones dignas, de igualdad y no discriminación a todas las personas afrodescendientes y comunidades tribales”. En este contexto, es importante dar a conocer las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó y demandar al gobierno nacional para que tome acciones “positivas, reales y tangibles” para evitar que se sigan perdiendo vidas en el departamento a causa de la pandemia.

El derecho a la salud como derecho humano

Conforme a la Constitución Política de Colombia, uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la vida. La satisfacción efectiva del derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 constitucional como un derecho fundamental de los ciudadanos, depende del aseguramiento y protección real de otros derechos, entre ellos, el derecho a la salud.

La jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho a la salud como un derecho fundamental. Ello implica que existe una noción de defensa, respeto y garantía de éste por parte del Estado. En virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, derecho a la salud se basa en obligaciones que son responsabilidad exclusiva del Estado de Colombia adquiridas por la ratificación de los tratados internacionales en la materia.

Bajo la Observación General No. 14[2] relativa al disfrute del más alto nivel de salud, “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos,” así pues, la salud es un indicador de éxito o fracaso de cualquier política u acción encaminada a garantizar la dignidad humana de un individuo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha manifestado que el derecho a la salud supone la existencia de cuatro elementos interdependientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Mientras la disponibilidad, comprende la existencia de programas e infraestructura hospitalaria en condiciones de salubridad adecuadas para la atención digna en salud; la accesibilidad supone que los servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación alguna. Adicionalmente, la accesibilidad presenta cuatro dimensiones, y dos de ellas son de especial importancia para el caso del Chocó: (a) accesibilidad física y (b) accesibilidad económica. Estas dimensiones Estas dimensiones reflejan la idoneidad física y económica de las instalaciones, bienes y servicios de salud para una población dada, especialmente para grupos vulnerables como las comunidades afrodescendientes e indígenas. La aceptabilidad, por su parte, se refiere a la adecuación de los bienes y servicios a las costumbres tradicionales de las personas y; finalmente la calidad, implica, entre otras cosas, la existencia de personal médico capacitado, la calidad de los medicamentos, servicios y equipo hospitalario, la existencia de agua limpia potable y en condiciones de salubridad.

Radiografía de la salud en el Chocó

Con 295 casos confirmados y 11 personas muertas, a la fecha, el sistema de salud del Chocó ya está colapsado, mostrando signos de que el departamento no está preparado para controlar el brote y responder de manera rápida y efectiva a las crecientes demandas. A primera vista, tomando como referencia la lista de elementos esenciales que componen el derecho a la salud, podemos observar que, en circunstancias normales, ninguno de estos elementos se cumple satisfactoriamente.

En cuanto al elemento de disponibilidad, la infraestructura de salud no está en condiciones de recibir pacientes con enfermedades complejas. La crisis del coronavirus supera la capacidad institucional del departamento debido a la alarmante mala condición del único hospital público, que en operación regular no tiene una unidad de cuidados intensivos o suficiente capacidad de camas. La capacidad restante consiste en pocas clínicas privadas con tres unidades de cuidados intensivos y 27 camas ya ocupadas.

Con referencia a la accesibilidad, tanto la accesibilidad geográfica como la económica son desafíos importantes. La ausencia de ambulancias, la exacerbación del conflicto armado y las distancias insuperables entre algunos municipios y un centro de salud son solo algunos de los obstáculos que enfrentan las comunidades rurales del Chocó. En consecuencia, la población no tiene un acceso digno y confiable a los servicios de salud.

En cuanto a la aceptabilidad, es claro que la salud en Colombia no tiene un enfoque étnico diferencial[3] que reconozca las especificidades de las regiones y sus pueblos.  Por ende, la salud del Chocó es un reflejo de las evaluaciones nacionales basadas en datos insuficientes sobre la dinámica social de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el departamento.

En materia de calidad, gran parte del personal de salud no recibe el pago de salarios hace más de doce meses, y el hospital no cuenta con el servicio de agua potable, el equipo hospitalario se encuentra oxidado, no existen protocolos para el desecho de material contaminante, y recientemente, la administración departamental lo cerró temporalmente, luego de confirmar el contagio por el virus del personal de salud.

Además, los factores de riesgo que evidencian la crisis sin precedentes son afecciones preexistentes como la hipertensión, la diabetes y las complicaciones isquémicas del corazón, que son la principal causa de mortalidad en mujeres y hombres de la región. Estas condiciones son propicias para un mayor nivel de riesgo de morir por COVID-19. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU, en lugares como Chicago y Louisiana, el 70% de las muertes por COVID-19 son afroamericanos. Esta situación no es solo el resultado de las desigualdades de los sistemas de salud reflejadas en la discriminación en la práctica de las pruebas para detectar el coronavirus, la falta de seguros de salud y acceso, sino también en el hecho de que los afroamericanos sufren la tasa más alta de diabetes dentro de la población.

Por último, el departamento del Chocó no cuenta con laboratorios para el diagnóstico de COVID-19 y las muestras se envían a otras ciudades como Medellín y Bogotá. Debido a este hecho, la respuesta de los resultados y las notificaciones se ha retrasado hasta en un 40% de las pruebas realizadas hasta ahora, lo que afecta el nivel de respuesta de las autoridades locales y pone de relieve las desigualdades raciales del sistema de salud en Colombia. También, los pacientes críticos deben ser trasladados a Medellín debido a que no existe un servicio especializado que puede tratarlos.

La lucha por la dignidad del Chocó sigue viva

Tal y como lo establece el derecho internacional y nacional, el derecho a la salud es un bien jurídico exigible al Estado. En vista de ello, el Estado colombiano está obligado a respetar y garantizar el más alto nivel de salud. Por lo tanto, es necesario que el gobierno nacional realice acciones urgentes, efectivas y necesarias para garantizar el derecho a la salud de los chocoanos y chocoanas.

Como medidas urgentes, se necesitan equipos médicos como respiradores artificiales, camillas para pacientes, mesas quirúrgicas, equipos para imágenes diagnósticas, máquinas de electrocardiograma, esterilizadores, entre otros dispositivos esenciales para el normal y efectivo funcionamiento de los centros de salud. Asimismo, se requiere la habilitación del laboratorio de Microbiología de la Universidad Tecnológica del Chocó para la realización de la prueba de diagnóstico del Covid-19, así como la capacitación del personal de salud sobre protocolos de bioseguridad.

A largo plazo, el departamento requiere de una política pública en salud que contemple, entre otros aspectos, un programa de atención terciaria en salud, lo que implica la creación de infraestructura adecuada con la capacidad de brindar atención especializada de enfermedades que hoy en día no se atienden en los centros de salud del departamento. Del mismo modo, se requiere apostarle a la educación de la población a través de programas especiales que permitan la formación profesional de chocoanos en áreas de la salud.

Todo lo anterior se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su política de “no dejar a nadie atrás”. A este respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3 es claro: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos” por medio del “acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el aumento sustancial en la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo”.

Finalmente, no olvidemos que, la mejor manera de honrar a las víctimas de esta pandemia es que se garantice efectivamente el derecho a la salud de los colombianos y colombianas, y especialmente para aquellos que viven en la Colombia históricamente marginada, olvidada e invisibilizada.

 

*Consultora, DPLF

 

[1] Entre 1843 y 1991, los territorios nacionales fueron un conjunto de regiones que se caracterizaron por estar ubicadas lejos de Bogotá y por ser regiones marginales con atraso económico, social y sin capacidad de autogobierno.

[2] Observación general Nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

[3] En palabras del Ministerio del Interior, el enfoque diferencial puede entenderse como “el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la exclusión social la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales.”

 

Foto: Goberenación del Chocó

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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