El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

El mismo comportamiento tuvo la justicia durante la guerra civil (1980-1992) y tras su finalización por la vía política, pese a que la Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas, en su informe público de marzo de 1993, documentó los patrones institucionales de violencia e impunidad tras los crímenes contra miles de personas civiles. A casi tres décadas del fin de la confrontación interna, las instituciones de justicia no han sido capaces de sentar un solo precedente judicial que sancione estos crímenes, desatendiendo las exigencias de las víctimas, los mandatos constitucionales y las recomendaciones internacionales que se han formulado al Estado. Al contrario, frente a los sucesos de la guerra, la narrativa dominante ha sido la de “perdón y olvido” de esos episodios “incómodos”, como si el dolor causado pudiera ser superado con la simple receta de pasar la página de la historia.

Aún hoy en día, la violencia y la impunidad están tan arraigadas en la idiosincrasia salvadoreña que las víctimas de violaciones de derechos humanos cuentan con pocas oportunidades para enfrentar judicialmente a sus victimarios, recibir las reparaciones que legítimamente les corresponden o conocer la verdad tras los dolorosos hechos que sufrieron.

Las víctimas en la guerra civil, el proceso de paz y la posguerra

El conflicto armado salvadoreño afectó prioritariamente a la población civil indefensa, principalmente a comunidades vulnerables del área rural y –en menor medida, urbanas– así como a grupos específicos como estudiantes, sindicalistas o religiosos. El Estado, desatendiendo su propio ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales vigentes en esa época, como consecuencia del secuestro de la institucionalidad ejercido por el poder dominante[2].

En las duras condiciones del conflicto armado fueron las víctimas las que, en medio de su sufrimiento, desafiaron al poderoso aparato represivo y a la disfuncionalidad institucional imperante para convertirse en la principal voz que denunció los graves atropellos que sufría la población. Muchos de esos testimonios fueron posteriormente recogidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También fueron las víctimas las primeras –y en ese momento, las únicas– que en medio de las balas se atrevieron a honrar la memoria de sus familiares y líderes por medio de conmemoraciones y memoriales comunitarios, así como marchas y celebraciones religiosas por algunas masacres o asesinatos como el de Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas u otros mártires religiosos y laicos.

¿Qué significó el proceso de paz para las víctimas y cuál fue su papel en este? A diferencia de otros procesos de pacificación posteriores al salvadoreño, las víctimas estuvieron ausentes en los diálogos de paz. Ninguna representación de ellas fue invitada a las rondas de negociaciones, ni se organizaron consultas para que expresaran sus expectativas y propuestas para la reconstrucción posconflicto. En una línea: nunca fueron tomados en cuenta para definir el rumbo del país ni resarcir el daño que les fue causado. Esto podría explicar por qué las víctimas aún son consideradas por el Estado salvadoreño como actores residuales del conflicto armado y que, a pesar de ser sujetos de derechos, siempre se les ha limitado su participación en los procesos transicionales que les involucran.

Si bien se reconoce que la firma de la paz y la implementación del cese del fuego provocó una dinámica de cierta tranquilidad social y de mucha esperanza para la construcción de un Estado de derecho, no se puede dejar de advertir que los avances de la justicia transicional en El Salvador se deben a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos y no al papel desempeñado por las instituciones estatales.

Proponiendo y presionando al Estado

Uno de los propósitos del proceso de negociación que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz fue el de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos[3], lo cual fue recogido en el Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José, Costa Rica, en julio de 1990 y en otros importantes documentos de los diálogos de paz. Sin embargo, desde que se silenciaron los fusiles comenzó la obstaculización a lo pactado, intención que encontró su culminación en la aprobación de la Ley de Amnistía General de marzo 1993. Esta Ley se convirtió en el principal valladar jurídico en contra de la justicia, hasta que fue abrogada veintitrés años después, gracias a la presión que ejercieron las víctimas durante todos esos años.

Una vez declarada la inconstitucionalidad de esa Ley, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las representan impidieron en varias oportunidades, entre 2018 y 2020, que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva versión de amnistía general, que tendría efectos similares a los de la Ley declarada inconstitucional, esta vez bajo el nombre de Ley de Reconciliación Nacional[4]. Pese a que la Asamblea Legislativa siempre mostró poca voluntad para atender las demandas de verdad y justicia, el texto que finalmente se aprobó, en febrero de 2020, recogió varias de las propuestas de la sociedad civil, especialmente en el campo de las reparaciones, aunque resintieron que sus expectativas de justicia no fueron incorporadas. Entre tanto, el Presidente de la República identificó algunos vacíos que dejó el proceso legislativo, vetó el decreto, lo devolvió a la Asamblea Legislativa y, a la fecha, esta ley está en un letargo, ya que las y los diputados no ha retomado el estudio de las observaciones del Órgano Ejecutivo.

En el campo administrativo, la lucha de las víctimas también permitió que el Órgano Ejecutivo instalara a las dos comisiones de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente[5]. En el campo de las reparaciones, han formulado propuestas concretas para mejorar el Programa gubernamental de reparaciones creado en 2013, participaron activamente en la alimentación del registro de víctimas y apoyaron la canalización de las limitadas compensaciones económicas que el gobierno ha otorgado. 

No se puede soslayar la demanda constante que las víctimas han ejercido para que las Fuerzas Armadas den acceso a los archivos militares que puedan arrojar información en las investigaciones judiciales que se han comenzado a activar[6]. Invariablemente, la respuesta a estas exigencias ha sido la de negar y obstruir el acceso a esta información histórica.

Todos los procesos judiciales relacionados con emblemáticos crímenes del conflicto armado como la masacre de El Mozote, Monseñor Romero, mártires de la UCA, periodistas holandeses, entre otros 160 casos que tiene en sus manos la Fiscalía General[7], han sido activados por organizaciones de derechos humanos que ejercen la representación judicial de las víctimas, con poca o nula iniciativa de la Fiscalía General de la República en la investigación de los responsables. También es destacable el papel que han tenido las víctimas en la denuncia internacional. Tanto en el sistema universal de Naciones Unidas como el sistema interamericano de derechos humanos, desde la época del conflicto armado hasta en los meses recientes, se han presentado peticiones individuales, solicitado audiencias, acompañado visitas in loco o se han promovido medidas cautelares, entre otras acciones.

Los grandes desafíos

Como queda demostrado, esta es una historia de constante bregar de las víctimas, quienes han logrado modificar el comportamiento oficial que ha sido más proclive a esconder el pasado que a atenderlo. Sin embargo, hay varios desafíos que las víctimas deben enfrentar en el futuro. Entre otros, los siguientes:  

Transitar de la perspectiva de bandos al enfoque de las víctimas

Un desafío mayúsculo que debe involucrar creativamente a las asociaciones o comités de víctimas y a la comunidad de organizaciones de derechos humanos es el de posicionar en el ideario colectivo y en las autoridades estatales una visión renovada de las víctimas, que supere el enfoque que hasta ahora se ha tenido, centrado exclusivamente en las partes beligerantes como único parámetro para entender la dinámica de la guerra. Con ello se invisibiliza a las víctimas y se cierra la posibilidad de enfrentar el pasado de forma integral y desde una óptica ciudadana.

La polarización social y política que ha vivido al país por muchos años, ha creado una visión errada en funcionarios públicos, en algunas entidades de cooperación internacional e, inclusive, organizaciones de la sociedad civil, que asumen que el tratamiento del pasado es un asunto propio de las partes que se enfrentaron militarmente, obviando que, independientemente de las opciones políticas que las víctimas tuvieron en el pasado o puedan tener hoy día, ello no las inhibe de su condición humana, sujeta de derechos, en especial, el de la protección del Estado.

Fortalecer la cohesión y organización

En la actualidad existen comités de víctimas en varias comunidades del interior del país que desarrollan una importante labor de preservación de la memoria, de cohesión de las víctimas entre ellas y con otros actores en sus territorios y de acompañamiento frente a las instituciones estatales responsables de temas reparaciones y justicia. El reto es superar su aislamiento y sentar las bases para ir consolidando un movimiento nacional de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Ha existido experiencias previas en este sentido como las asambleas de víctimas lideradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otras organizaciones en años recientes, pero no han sido sostenibles. Un espacio organizativo de esta naturaleza y envergadura podría acoger a todas las expresiones comunitarias existentes, además de víctimas no organizadas en el país y en el extranjero, y a organizaciones de derechos humanos, con capacidad de transformación social. 

Propiciar el relevo generacional

Otro reto es el de propiciar que las nuevas generaciones sean conscientes de ese pasado aún no resuelto y, especialmente, de las implicaciones que tiene esa deuda en sus vidas. Para ello, es importante que las juventudes, particularmente las cercanas o descendientes de las víctimas directas, reciban la información y formación –vía intercambios comunitarios, procesos educativos o acciones culturales– de las personas que actualmente ejercen liderazgos en las comunidades. De esta manera, se podrían impulsar, de forma sostenible, acciones en favor de la memoria local y nacional que contribuyan a la no repetición de estos acontecimientos.

No se puede concluir esta reflexión si no se rinde tributo a la heroica labor que las víctimas han tenido a lo largo de estos años. Sin ellas, un manto de olvido habría borrado de la historia a cientos de personas que sufrieron las consecuencias de la irracionalidad y del odio fratricida.

*Juan Carlos es Oficial de Programa de DPLF, basado en El Salvador.


[1] En 1932, en el occidente del país, tuvo lugar un levantamiento indígena y campesino en contra de la represión y por la mejora de las condiciones de vida para la población rural. Este movimiento fue violentamente reprimido por ejército, bajo el mando del General Maximiliano Hernández Martínez, un caudillo militar que gobernó El Salvador por más de catorce años. Las cifras de estas ejecuciones se han calculado entre 5 y 35 mil, pues no se tiene un dato exacto. Ver: “Políticas de la memoria: El levantamiento de 1932 en El Salvador”. Héctor Lindo Fuentes, Universidad de Chicago, 204. Disponible en  https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1789/1695.

[2] Sobre este aspecto, la Comisión de la Verdad señala su responsabilidad capital de las instituciones de justicia en el esquema de impunidad estructural instalado en el país: “[Durante el conflicto armado] Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción; como este poder nunca había gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas legislativa y ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su inacción o actitud de lamentable supeditación, en factor coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese país”. De la Locura a la Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Naciones Unidas, pág. 185.

[3] Acuerdo de Ginebra de 4 de abril de 1990. Disponible en http://www.derechos.org/intlaw/doc/slv4.html.

[4] La sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 de 13 de julio de 2016 y sus respectivas resoluciones de seguimiento, entre otras cosas, ordena al Órgano Legislativo aprobar una ley de reconciliación nacional que atienda las necesidades de conservación y fomento de la memoria histórica –incluyendo el acceso a los archivos en poder la Fuerza Armada– y que asegurara la reparación integral y la participación de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en la elaboración y aplicación de esta norma.

[5] En 2011 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador (CNB) que se encarga de la búsqueda y localización de la niñez que sufrió esta práctica durante la guerra civil y en 2017 se le da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABUSQUEDA), encargada de personas adultas.

[6] Entre otras acciones, las víctimas y organizaciones de derechos humanos, desde hace varios años han hecho constantes solicitudes de información pública al Ministerio de la Defensa Nacional, han apelado las resoluciones desfavorables que sistemáticamente ha dado la Fuerza Armada a estas peticiones de información, han denunciado ante la prensa y organismos internacionales estas obstrucciones, sin que el gobierno acceda a estas gestiones. Mas detalles en: https://voces.org.sv/elsalvador/denunciaron-ocultamiento-de-informacion-por-parte-de-la-fuerza-armada-en-el-caso-del-asesinato-de-los-4-periodistas-holandeses-en-1982/.

[7] Mas información se encuentra en: http://www.dplf.org/es/resources/del-olvido-la-memoria-de-la-memoria-la-justicia-el-caso-de-el-salvadory en http://dplf.org/es/resources/infografia-denuncias-de-casos-sobre-conflicto-armado-presentadas-por-las-victimas-ante-el.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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