Empresas y Derechos Humanos: ¿un nuevo desafío para la OEA?

Por: Katya Salazar

Directora Ejecutiva de DPLF

Artículo publicado originalmente en el #20 de la Revista AportesDPLF

Read English version here

Captura de pantalla 2015-10-09 a las 12.17.02

El 29 de enero del presente año, se llevó a cabo una sesión especial sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta sesión fue resultado de lo acordado por la Asamblea General de la OEA en la Resolución 2840 (XLIV-O/14) de junio de 2014[1], que reconoció el valor de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la necesidad de promover la temática en la región.

En esta reunión, el presidente del Comité Jurídico Interamericano presentó un informe realizado por dicho organismo sobre la responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos[2]. La reunión contó además con la participación de Alexandra Guáqueta, integrante –en ese momento– del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; Daniel Taillant, Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina; y Eduardo García, Director de Responsabilidad Corporativa de la Multinacional REPSOL, además de otras autoridades de la OEA[3].

Aunque para muchos el tema era una novedad, no lo era para los órganos políticos de la OEA, que lo venían abordando principalmente a través de resoluciones de la Asamblea General (AG) con recomendaciones a los Estados y desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa. En efecto, en diversas resoluciones aprobadas durante la última década, la AG de la OEA manifestó la necesidad de que los Estados sigan discutiendo y analizando el tema de la responsabilidad social de las empresas, recomendando que se conozcan y compartan experiencias comparadas y que se use como fuente de información el trabajo realizado por otros actores relevantes en la materia, como organizaciones multilaterales, instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado[4].

En adición al tratamiento de este tema por los órganos políticos de la OEA, durante los últimos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han desarrollado un cuerpo de estándares y recomendaciones a los Estados en asuntos en los que las empresas juegan un rol importante. Concretamente, ambos órganos han abordado el impacto que la extracción de recursos naturales tiene en los derechos humanos en general y en los derechos de los pueblos indígenas o tribales en particular. De manera especial, ambos órganos han hecho un trabajo importante para darle contenido al derecho a la consulta previa del que gozan los referidos pueblos. No es exagerado decir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el sistema supranacional de derechos humanos que ha desarrollado mayores y más específicos estándares para la protección del referido derecho[5].

Un poco de historia

Durante la última década la inversión privada destinada a la extracción de recursos naturales aumentó considerablemente en Latinoamérica. Sus impactos positivos y negativos exceden el alcance de este artículo, sin embargo cabe mencionar un punto que es fundamental: al mismo tiempo que se producía un importante crecimiento económico, aumentaba también la intensidad de los conflictos sociales[6].

Un buen análisis de este fenómeno puede verse en los datos que mensualmente difunde la Defensoría del Pueblo de Perú en su Reporte de Conflictos Sociales[7] que sirve de barómetro para conocer el tipo y cantidad de conflictos sociales y de gobernabilidad que existen en ese país. Según esta fuente, solo en el mes de marzo de 2015 existían registrados 155 conflictos activos, 56 latentes y 179 acciones colectivas de protesta. Entre el 60 y el 70% de éstos eran conflictos socio-ambientales[8]. El excelente trabajo de monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo de Perú nos confirma con datos duros una realidad que en mayor o menor medida se ha venido dando a lo largo del continente[9].

Esta conflictividad social llegó acompañada de una nueva dinámica: no se trataba solamente de Estados desconociendo derechos de sus ciudadanos, sino de Estados permitiendo que terceros (las empresas, en muchos casos extranjeras) actuaran en su territorio, desconociendo los derechos de sus ciudadanos.

El tratamiento que la CIDH ha hecho de esta temática también nos da un indicador de la magnitud del fenómeno. Desde el año 2004 se han registrado una serie de audiencias temáticas que desde distintos ángulos abordan la contraposición de intereses entre derechos de los pueblos indígenas y las industrias relacionadas con la extracción de recursos naturales[10]. Entre otras, tenemos las audiencias sobre La situación de los pueblos indígenas con relación a las industrias extractivas (marzo de 2004); Derechos humanos y calentamiento global (marzo de 2007); Situación de personas afectadas por la industria extractiva minera y petrolera en Ecuador (marzo de 2007); Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en la región amazónica y ejecución de proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA (marzo de 2010); Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas mineras (noviembre de 2013); e Industrias extractivas y derechos humanos del pueblo Mapuche en Chile (marzo de 2015).

Otras actividades de la CIDH, como sus informes temáticos y de países, también han puesto los reflectores sobre este tema. Como complemento del importante informe elaborado por la CIDH en 2009 titulado Derechos de los Pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, se espera para fines de 2015 un nuevo informe sobre violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el contexto de proyectos extractivos y turísticos.

Más allá de la temática indígena, la CIDH ha abordado el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos visibilizando otras situaciones complejas en audiencias temáticas, como la destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de mega proyectos de desarrollo o los posibles impactos negativos en los derechos humanos por la construcción del canal transoceánico en Nicaragua[11].

Hasta el momento, en el SIDH el foco de atención y destinatario de los reclamos ha sido principalmente el o los Estados donde se producen estos hechos. Sin embargo, el creciente rol y fuerza de las empresas exige estrategias más creativas. Las discusiones actuales en Naciones Unidas, como las relacionadas con los planes nacionales de acción en materia de empresas y derechos humanos o la posible aprobación de un tratado vinculante que establezca obligaciones para las empresas, son pasos importantes en esa dirección, pero no los únicos necesarios.

En ese sentido, es necesario que tanto la CIDH como la Corte IDH sigan avanzando en esta discusión. La futura creación de la relatoría especial sobre DESC será un momento clave en ese camino. Esperamos que en el marco de su mandato, el SIDH empiece a abordar temas nuevos y desafiantes –que ya se vienen discutiendo en otros espacios– como la responsabilidad de los Estados de origen de las empresas.

En particular, el tema de la extraterritorialidad ya tiene un camino recorrido ante la CIDH. En el 149º período de sesiones de la CIDH (2013) una audiencia temática abordó especialmente la situación de derechos humanos de las personas afectadas por las actividades de empresas mineras y la necesidad de considerar la posible responsabilidad de los Estados de origen[12]. Posteriormente, en el 153º período de sesiones (2014) se abordó en una audiencia la responsabilidad del Estado canadiense en violaciones de derechos humanos cometidas por sus empresas mineras en América Latina, así como lo insuficiente de abordar esta temática a través de principios voluntarios derivados de políticas de responsabilidad social corporativa[13]. Y, finalmente, en el último período de sesiones (período 154º, en 2015) dos audiencias destacaron nuevamente la necesidad de considerar la responsabilidad de los Estados de origen de las empresas[14].

Consideraciones finales

Como hemos expuesto, en distintas instancias la OEA ha abordado esta temática pero no de la forma coordinada e integrada que se requiere. La Carta fundadora de la OEA contempla en su artículo 36 una norma especial dirigida a las empresas y es fundamental que la OEA tome medidas para hacer efectivo lo señalado en este artículo:

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores.

Esta norma muestra que el marco normativo existe y requiere para que se haga efectivo que se tomen medidas más enérgicas y coordinadas entre los órganos de la OEA. La sesión especial ante el Consejo Permanente de enero de este año fue un paso importante en este sentido. Por otra parte, esperamos que la creación de un Sistema Interamericano de Prevención de Conflictos Sociales[15], anunciado por el recién electo Secretario General Luis Almagro, sea una oportunidad para utilizar y valorar todo el desarrollo de estándares que ya existe en la OEA y no se actúe en contradicción con lo que ya se está haciendo a nivel interamericano en derechos humanos. En este sentido, es conveniente destacar que si bien la prevención y el diálogo son importantes, el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos también lo es.

En DPLF y en otras organizaciones de la sociedad civil estamos expectantes al ver que finalmente estas discusiones están llegando al SIDH. Incorporar esta temática y buscar caminos efectivos para hacer cumplir los derechos humanos de los grupos afectados por las actividades de empresas extractivas de recursos naturales es uno de los principales desafíos del siglo XXI. Estamos atentos a los siguientes pasos que la OEA tome en esta materia.

[1] OEA. Asamblea General, 4 de junio de 2014, disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2840_XLIV-O-14.pdf

[2] OEA. Consejo Permanente. Segundo Informe. Responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas. OEA/Ser. CJI/doc.449/14 rev.1 Q, 24 febrero 2014. Disponible en http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_449-14_rev1.pdf

[3] Horas antes, se había llevado a cabo una reunión similar promovida por una coalición de organizaciones de sociedad civil que promueven los temas de empresas y derechos humanos, donde además estuvieron presentes los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil del continente.

[4] Para información más detallada acerca de las resoluciones aprobadas relacionadas con este tema, ver, OEA. Consejo Permanente. Segundo Informe. Responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas. OEA/Ser. CJI/doc.449/14 rev.1 Q, 24 febrero 2014, disponible en http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI- doc_449-14_rev1.pdf

[5] Ver, por ejemplo, CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009.

[6] Para más información ver, Salazar, K. y Galvis, M.C. (2013). Derechos Hu- manos y desarrollo económico: ¿cómo armonizarlos? Anuario de Derechos Humanos. Santiago: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad de Chile, p.196.

[7] Para ver más sobre la resolución de conflictos sociales por la Defensoría del Pueblo de Perú, ver http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

[8] Defensoría del Pueblo. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Reporte de Conflictos Sociales No. 133, Marzo de 2015. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflic- tos/2015/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-133-Marzo-2015.pdf

[9] Ver, Salazar, K. y Galvis, M.C., op.cit., p. 197.

[10] Ya en el año 2004 se registra una audiencia temática sobre la situación de los pueblos indígenas y las industrias extractivas. Y luego de ello otras seis audiencias han abordado esta temática especialmente. Ver, http://www.oas. org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=17

[11] CIDH. Denuncias sobre la destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de mega proyectos de desarrollo en México. Audiencia temática. 153o período de sesiones, 30 de octubre de 2014; CIDH. Cons- trucción del canal transoceánico y su impacto sobre los derechos humanos en Nicaragua. Audiencia temática. 154o período de sesiones, 16 de marzo de 2015.

[12] CIDH. Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas mineras. Audiencia temática. 149o período de sesiones, 1 de noviembre de 2013.

[13] CIDH. Impacto de las actividades de empresas mineras canadienses sobre los derechos humanos en América Latina. Audiencia temática. 153o período de sesiones, 28 de octubre de 2014.

[14] CIDH. Empresas, derechos humanos y consulta previa en América. Audiencia temática. 154º período de sesiones, 17 de marzo de 2015; y Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina. Audiencia temática. 154º período de sesiones, 19 de marzo de 2015.

[15] El 19 de febrero de 2015, Luis Almagro, en ese entonces candidato a Secretario General de la OEA, se reunió con la sociedad civil. En esta reunión anunció y explicó el proyecto de este nuevo sistema interamericano de prevención de conflictos. Para ver más antecedentes sobre este evento, incluido el video de la reunión, ver http://www.oas.org/es/centro_noticias/ comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-049/15

One thought on “Empresas y Derechos Humanos: ¿un nuevo desafío para la OEA?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s