Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch es elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *

Marcelo Andrade de Azambuja**

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El pasado 12 de noviembre el jurista brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC. Nominado por el Estado brasileño, Mudrovitsch sorprendió al recibir 19 de los 24 votos posibles, convirtiéndose en el más votado entre los siete candidatos al puesto. Entre 2022 y 2028 participará de los principales debates sobre la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de derechos humanos en las Américas.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, elegidos a título personal por mayoría absoluta en votación secreta entre los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los términos de las normas interamericanas.[1] Estos jueces deben ser nacionales de los Estados miembros de la OEA, contar con la más alta autoridad moral, competencia reconocida en materia de derechos humanos, además de reunir las condiciones exigidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales de acuerdo con las normas del Estado de los cuales son nacionales, o del Estado que los nominan como candidatos. Las elecciones se llevan a cabo de forma intercalada, renovando tres o cuatro sillas cada tres años.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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Los derechos de accionistas insuficientemente protegidos por la CIDH

Arturo C. Porzecanski*

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El principio bajo el cual un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando expropia la propiedad de inversionistas extranjeros sin una compensación adecuada está bien establecido en el derecho internacional. Cláusulas relacionadas con la protección de la propiedad en el extranjero pueden encontrarse en acuerdos internacionales que datan de finales del siglo XIX; pero a raíz de la conclusión de miles de tratados bilaterales y regionales de inversión y comercio durante la década de 1990 y principios de los 2000, ahora las cláusulas relacionadas con la protección de inversiones transfronterizas se han vuelto comunes en casi todos los países alrededor del globo.

Sin embargo, aún están por aclararse algunos aspectos de la responsabilidad internacional de un Estado cuando decide expropiar sin compensación la propiedad de sus propios ciudadanos. Exceptuando a los inversionistas locales en Europa, prácticamente todos los demás alrededor del globo han tenido que atenerse a los remedios judiciales disponibles bajo las leyes de sus respectivos Estados. En el caso de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (vigente desde 1953) especificó que “toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes” y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2012) condicionó toda privación al pago “en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado fuerza a esas cláusulas a través de fallos emblemáticos.

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La extradición en casos de corrupción: Aspectos prácticos para fortalecer el sistema y evitar la impunidad

Gonzalo Bonifaz Tweddle***

Imagen tomada de Proyecto Justicia de México Evalúa

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El 2021 será un año muy importante en materia de lucha contra la corrupción para el mundo entero y, en particular, para la región de América Latina y el Caribe. Por un lado tendremos, por primera vez, una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la corrupción (A/RES/73/191), y de otro, a nivel hemisférico, se llevará a cabo la IX Cumbre de las Américas, oportunidad en la cual se espera que los Estados de la región muestren los avances realizados tras la adopción del Compromiso de Lima de 2018 (“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”).

A estos dos eventos se suma la llegada de la nueva Administración Biden-Harris a la Casa Blanca, la cual ya adelantó en sus planes de trabajo durante la campaña que la lucha contra la corrupción tendrá un espacio central en la política estadounidense, tanto en el plano interno como en el internacional. Precisamente, una de las prioridades para la anunciada “Cumbre de las Democracias”, que se realizaría en fecha aún por definir, será la lucha contra la corrupción (The power of Americas’s example: The Biden Plan for leading the democratic world to meet the Challenges of the 21st Century). 

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Opinión Consultiva 26/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no cierre la puerta al salir

Lucas Carlos Lima y Lucas Mendes Felippe

Texto publicado originalmente en el portal JOTA, disponible aquí.

Versión en portugués aquí.

La Opinión Consultiva (OC) 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), adoptada el 9 de noviembre de 2020, explicó los efectos jurídicos en materia de derechos humanos que genera la denuncia de un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El propósito de este ensayo es presentar una primera reacción sobre algunas opciones innovadoras y cautelosas adoptadas por la CtIDH, con respecto a: el procedimiento de la jurisdicción consultiva, los criterios jurídicos sobre la denuncia a los tratados y las obligaciones de los demás Estados en relación con el país denunciante.

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El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

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La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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Movilidad humana y COVID-19: Una respuesta desde la interamericanización

Mariela Morales Antoniazzi* y Juana María Ibáñez Rivas**

Desde hace algunos meses el mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, caracterizada por ser multidimensional, multinivel y con una multiplicidad de efectos devastadores e inimaginables en todas las esferas de la vida. Como bien lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí.

Ciertamente, esta crisis genera desafíos diferenciados para las distintas regiones y América Latina no es la excepción. Consciente de ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha reaccionado de manera inmediata, emitiendo resoluciones, declaraciones y comunicados, y adoptando medidas con el fin de orientar a los Estados en este particular contexto. De esta manera, ambos órganos han recordado el contenido y alcance de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción, y la naturaleza reforzada de protección de aquéllas cuando se trata de grupos afectados de forma desproporcionada debido a su mayor vulnerabilidad, destacando entre ellos, las personas en situación de movilidad humana. La interamericanización se constituye así en el referente para definir los límites de cualquier política o medida que afecte los derechos humanos de las personas migrantes en la región.

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Lo internacional y lo teleológico de los DDHH

Algunos comentarios con ocasión del día internacional de los derechos humanos

Daniel Cerqueira*

Con ocasión del 71º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las efemérides del Sistema Interamericano en el presente año – 60º aniversario de creación de la CIDH y 50 años de adopción de la Convención Americana (CADH), el presente ensayo contiene breves comentarios que buscan responder al núcleo duro de las críticas más recientes que se han realizado al actuar de la CIDH y otros organismos internacionales de derechos humanos. Me refiero a la alegada injerencia indebida en la esfera de autonomía y la transgresión del principio de no interferencia en los asuntos internos de los Estados.

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Derechos humanos, pueblos indígenas y Amazonía: Comentarios al informe temático publicado recientemente por la CIDH

Cristina Blanco*

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Han pasado varias décadas desde que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) comenzó a abordar la situación de los pueblos indígenas en la región. La Comisión Interamericana (CIDH), desde mediados de los 80, y la Corte Interamericana, desde comienzos de la década de 2000, conocieron casos contenciosos y abordaron los problemas históricos enfrentados por los pueblos indígenas, en particular reivindicaciones sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Los pronunciamientos de ambos órganos han generado sólidos estándares, especialmente en materia de propiedad indígena, a un nivel de detalle que ha sido incorporado por otros sistemas internacionales de derechos humanos.

Pero nunca, hasta ahora, se había mirado desde el SIDH más allá de las fronteras estatales que separan a estos pueblos, para ver integralmente las regiones biogeográficas que comparten, como es el caso de la Panamazonía. Tal abordaje es clave pues tienen en este territorio elementos coincidentes de su historia y cosmovisión, y un presente marcado por múltiples patrones comunes de afectación a sus derechos que requieren esfuerzos conjuntos. El informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos en la Panamazonía, que la CIDH presentó hace unos días en Quito, resulta por ello novedoso y oportuno.

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