Juan Jesús Góngora*
El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.
Daniel Cerqueira
Texto publicado originalmente en inglés dentro del libro, “For Human Rights Beyond Borders: Handbook on how to hold States accountable for extraterritorial violations” del ETOs Consortium.
En octubre de 2013, varias OSC latinoamericanas participaron en una audiencia ante la CIDH titulada “Situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas”[1]. En abril de 2014, tras tres años de investigaciones, una coalición formada por OSC de Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y EE.UU. publicó un informe relacionado sobre el impacto de las empresas mineras canadienses en América Latina y la responsabilidad de Canadá[2]. El informe examina 22 proyectos mineros llevados a cabo en nueve países en la región, e identifica un patrón de violaciones de derechos humanos y sus causas subyacentes, sobre todo en Canadá, Estado de origen de las empresas implicadas en los abusos.
Por: Daniel Cerqueira*
Publicado originalmente en Latin America Goes Global
En 1948 los países de las Américas firmaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dando inicio a un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) dedicado a promover y proteger los derechos básicos de los seres humanos en el hemisferio. Esta fue la primera iniciativa de creación de instrumentos internacionales de derechos humanos y órganos dedicados a monitorear su cumplimiento y responsabilizar a los Estados por su violación.
Por: Katya Salazar
Directora Ejecutiva de DPLF
Artículo publicado originalmente en el #20 de la Revista AportesDPLF
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El 29 de enero del presente año, se llevó a cabo una sesión especial sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta sesión fue resultado de lo acordado por la Asamblea General de la OEA en la Resolución 2840 (XLIV-O/14) de junio de 2014[1], que reconoció el valor de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la necesidad de promover la temática en la región.
Por: Jorge Israel Hernández[1]
Por: Daniel Cerqueira
Artículo publicado originalmente en el #20 de la revista AportesDPLF
En las últimas décadas, los órganos supranacionales de derechos humanos han desarrollado varios estándares sobre la atribución de responsabilidad a los Estados en virtud de actos de particulares. Aunque la mayoría de esos estándares se relacionan con violaciones perpetradas por individuos organizados bajo una lógica paraestatal (v.g., grupos paramilitares), ha habido desarrollos recientes sobre la conducta de otras categorías de particulares, incluyendo empresas, que se favorecen de acciones u omisiones estatales. Ante la ausencia de un tratado internacional dirigido a regular específicamente las violaciones cometidas por empresas, han sido los órganos supranacionales de derechos humanos los que han buscado interpretar los instrumentos vigentes con el fin de abordar las obligaciones de los Estados huéspedes de las actividades de las empresas y, en menor medida, las de los Estados de origen.
Autor: Daniel Cerqueira* para Americas Quarterly
Gabriel García Márquez en su discurso de Premio Nobel de diciembre de 1982, se refirió a los hábitos heterodoxos de los conquistadores de la época colonial, de los generales y de los dictadores, como el origen de “la soledad de América Latina”. Durante la ceremonia de distinción en la Academia Sueca, García Márquez no hizo mención a República Dominicana y se abstuvo de citar ejemplos de la actuación poco ortodoxa de jueces, probablemente debido a que era escritor y no abogado. Pero si hubiese estado vivo en noviembre de 2014, posiblemente habría considerado la sentencia TC-0256-14, dictada recientemente por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, como un claro ejemplo de “la soledad de América Latina” que refleja la mentalidad de los funcionarios judiciales del Caribe de habla hispana.
