La extradición en casos de corrupción: Aspectos prácticos para fortalecer el sistema y evitar la impunidad

Gonzalo Bonifaz Tweddle***

Imagen tomada de Proyecto Justicia de México Evalúa

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El 2021 será un año muy importante en materia de lucha contra la corrupción para el mundo entero y, en particular, para la región de América Latina y el Caribe. Por un lado tendremos, por primera vez, una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la corrupción (A/RES/73/191), y de otro, a nivel hemisférico, se llevará a cabo la IX Cumbre de las Américas, oportunidad en la cual se espera que los Estados de la región muestren los avances realizados tras la adopción del Compromiso de Lima de 2018 (“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”).

A estos dos eventos se suma la llegada de la nueva Administración Biden-Harris a la Casa Blanca, la cual ya adelantó en sus planes de trabajo durante la campaña que la lucha contra la corrupción tendrá un espacio central en la política estadounidense, tanto en el plano interno como en el internacional. Precisamente, una de las prioridades para la anunciada “Cumbre de las Democracias”, que se realizaría en fecha aún por definir, será la lucha contra la corrupción (The power of Americas’s example: The Biden Plan for leading the democratic world to meet the Challenges of the 21st Century). 

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Opinión Consultiva 26/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no cierre la puerta al salir

Lucas Carlos Lima y Lucas Mendes Felippe

Texto publicado originalmente en el portal JOTA, disponible aquí.

Versión en portugués aquí.

La Opinión Consultiva (OC) 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), adoptada el 9 de noviembre de 2020, explicó los efectos jurídicos en materia de derechos humanos que genera la denuncia de un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El propósito de este ensayo es presentar una primera reacción sobre algunas opciones innovadoras y cautelosas adoptadas por la CtIDH, con respecto a: el procedimiento de la jurisdicción consultiva, los criterios jurídicos sobre la denuncia a los tratados y las obligaciones de los demás Estados en relación con el país denunciante.

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El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

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La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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Movilidad humana y COVID-19: Una respuesta desde la interamericanización

Mariela Morales Antoniazzi* y Juana María Ibáñez Rivas**

Desde hace algunos meses el mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, caracterizada por ser multidimensional, multinivel y con una multiplicidad de efectos devastadores e inimaginables en todas las esferas de la vida. Como bien lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí.

Ciertamente, esta crisis genera desafíos diferenciados para las distintas regiones y América Latina no es la excepción. Consciente de ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha reaccionado de manera inmediata, emitiendo resoluciones, declaraciones y comunicados, y adoptando medidas con el fin de orientar a los Estados en este particular contexto. De esta manera, ambos órganos han recordado el contenido y alcance de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción, y la naturaleza reforzada de protección de aquéllas cuando se trata de grupos afectados de forma desproporcionada debido a su mayor vulnerabilidad, destacando entre ellos, las personas en situación de movilidad humana. La interamericanización se constituye así en el referente para definir los límites de cualquier política o medida que afecte los derechos humanos de las personas migrantes en la región.

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Lo internacional y lo teleológico de los DDHH

Algunos comentarios con ocasión del día internacional de los derechos humanos

Daniel Cerqueira*

Con ocasión del 71º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las efemérides del Sistema Interamericano en el presente año – 60º aniversario de creación de la CIDH y 50 años de adopción de la Convención Americana (CADH), el presente ensayo contiene breves comentarios que buscan responder al núcleo duro de las críticas más recientes que se han realizado al actuar de la CIDH y otros organismos internacionales de derechos humanos. Me refiero a la alegada injerencia indebida en la esfera de autonomía y la transgresión del principio de no interferencia en los asuntos internos de los Estados.

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Derechos humanos, pueblos indígenas y Amazonía: Comentarios al informe temático publicado recientemente por la CIDH

Cristina Blanco*

Ver aqui a versão em português.

Han pasado varias décadas desde que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) comenzó a abordar la situación de los pueblos indígenas en la región. La Comisión Interamericana (CIDH), desde mediados de los 80, y la Corte Interamericana, desde comienzos de la década de 2000, conocieron casos contenciosos y abordaron los problemas históricos enfrentados por los pueblos indígenas, en particular reivindicaciones sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Los pronunciamientos de ambos órganos han generado sólidos estándares, especialmente en materia de propiedad indígena, a un nivel de detalle que ha sido incorporado por otros sistemas internacionales de derechos humanos.

Pero nunca, hasta ahora, se había mirado desde el SIDH más allá de las fronteras estatales que separan a estos pueblos, para ver integralmente las regiones biogeográficas que comparten, como es el caso de la Panamazonía. Tal abordaje es clave pues tienen en este territorio elementos coincidentes de su historia y cosmovisión, y un presente marcado por múltiples patrones comunes de afectación a sus derechos que requieren esfuerzos conjuntos. El informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos en la Panamazonía, que la CIDH presentó hace unos días en Quito, resulta por ello novedoso y oportuno.

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Estándar de prueba y argumentación jurídica en la era de la posverdad

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay

Daniel Cerqueira*

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Arrom Suhurt y otros, relacionado con la desaparición forzada y tortura de Arrom Suhurt y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre en Paraguay. Estas personas permanecieron detenidas desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, en el marco del operativo de rescate de la señora María Edith Bordón, quien había sido secuestrada y mantenida en cautiverio por varias semanas. En septiembre de 2017 la Comisión Interamericana (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso y concluyó que los señores Arrom y Martí habían sido víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que dichos hechos son atribuibles al Estado paraguayo. Estas conclusiones se basaron en declaraciones de las víctimas; testimonios de diferentes personas; notas de prensa y pronunciamientos públicos de altos funcionarios estatales que indicaban la existencia de un operativo policial de captura de los señores Arrom y Martí; registros fotográficos y grabaciones periodísticas; un informe suscrito por nueve médicos, registrando lesiones corporales graves provocadas días antes de la liberación de las presuntas víctimas; entre otros.

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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