Por: Jorge Israel Hernández[1]
Con miras al informe final de la visita de la CIDH a México y dar seguimiento a sus recomendaciones, la presencia de casos de violaciones a los derechos humanos ocupan la prensa en una carrera contra el olvido. No es la primera vez que la CIDH hace advertencias a México, como en el informe de 1998 cuyos tópicos, 17 años después, vuelven a cobrar vigencia.
En días recientes, por invitación del Estado Mexicano, comisionadas, comisionados y personal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizaron una visita in loco, que contempló la entrevista con autoridades de alto nivel de las administraciones federal y locales de seis entidades federativas, encuentros con víctimas, reuniones con sociedad civil y periodistas.
La visita despertó el interés, al menos de los medios de comunicación, dado el aumento en las violaciones graves a los derechos humanos, la respuesta institucional insuficiente, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma CIDH y otros elementos que han estado presentes en el debate público.
Desde el cierre de la visita de la Comisión hasta la tarde del lunes 5 de octubre se habían publicado en medios impresos 247 productos periodísticos sobre el tema[2] (una cifra cercana a la cobertura de casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que merecieron 330 notas publicadas sobre entre 2003 y 2014[3]). Los contenidos de la cobertura, sus tonos y matices, ameritan un estudio profundo con metodología sólida. El dato cuantitativo sirve para, de una manera simplista, sustentar que la visita y la respuesta del Estado estuvieron de una manera protagónica en la agenda de lo público.
Resulta indispensable mantener la atención de medios y sociedad en general con miras al informe final y las recomendaciones que se presentarán durante el primer semestre del 2016 y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
Los asuntos que se atenderán no son menores, entre otros: inseguridad y violencia; desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales; impunidad; así como los efectos de este contexto en defensoras y defensores, periodistas, personas migrantes, desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas y pueblos indígenas, entre otros.
Es un logro que los temas relacionados con la agenda de los derechos humanos ganen espacios en los medios de comunicación y en el debate público pero lamentablemente no se ha conseguido que la presencia en la agenda supere los oleajes coyunturales o vaya más allá de los casos paradigmáticos.
Corremos el riesgo de que la visita de la CIDH salga pronto de la agenda mediática lo que debilitaría el debate público sobre la crisis en materia de derechos humanos e impactaría de manera negativa en el músculo para acompañar y exigir el cumplimiento de las recomendaciones que se realicen en 2016. El olvido es el principal enemigo.
Un ejemplo del impacto negativo que tiene el olvido para la agenda de los derechos humanos es lo sucedido con el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en México”[4] publicado el 24 de septiembre de 1998, en el que se incluye toda la información recabada en el verano de 1996 por la misma CIDH (con diferente composición, obviamente) en una visita in loco a México.[5]
La referencia a esta visita aparece como contexto de la realizada en días recientes, pero no el contenido de aquel informe. Es decir, después de veinte años lo único que rescató la agenda mediática fue el antecedente y no sus resultados. Lo que haya recomendado la CIDH al Estado mexicano en 1998 forma parte del archivo y no del debate público ni de la exigencia de cumplimiento.
¿Qué recomendó la Comisión en 1998?, algunos botones de muestra:
“700. Que adopte las medidas necesarias para reformar la legislación penal mexicana, a los fines de que se consagre dentro de ella el delito de desaparición forzada.
- Que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desapariciones que queden pendientes por resolver, y sancione a los responsables.
- Que actúe de una manera seria, rápida y eficiente, para asegurar que las denuncias sobre violaciones del derecho a la vida por parte de miembros de la policía o de las fuerzas armadas mexicanas, sean investigadas de manera inmediata y en forma exhaustiva, y en consecuencia sean debidamente sancionados sus responsables.
(…)
- Que adopte las medidas necesarias para asegurar que los hechos de tortura sean calificados y sancionados como tales por los órganos jurisdiccionales competentes.
(…)
- Que investigue y sancione a los responsables de hechos de tortura.
- Que tome las acciones necesarias para rehabilitar e indemnizar, justa y adecuadamente, a las víctimas de hechos de tortura.»
No hace falta ser profeta para advertir que varias de estas recomendaciones estarán refraseadas en el informe del 2016. Veinte años después las preocupaciones serán las mismas pero habremos pasado de la necesidad de prevenir a la urgencia de resolver.
En algún momento las mareas informativas de las últimas dos décadas nos llevaron a priorizar otros temas, otras agendas, otras necesidades y olvidamos dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH.
La visita de la Comisión en 2015 ha tenido un acompañamiento intenso de los medios de comunicación y presencia continua en el debate público. Sería peligroso permitir que esta atención disminuya y condenemos al olvido las recomendaciones que serán presentadas en 2016.
El olvido informativo de violaciones a los derechos humanos y de contextos de crisis como el que se vive en México es tierra fértil para las semillas de la repetición. La sociedad civil debe participar de manera activa, incidir y exigir que la agenda mediática no olvide para que el flujo de información tenga efectos transformadores.
Hace veinte años la CIDH recomendó, no escuchamos y la omisión abonó a la generación de una situación de crisis. En esta ocasión no podemos esperar dos décadas.
Casandra fue condenada a llenarse la boca de certezas sobre el futuro y a no ser escuchada. Ella, maldita, pronostico la caída de Troya y padeció las consecuencias de la sordera selectiva, de la arrogancia y la soberbia del entorno. Seguramente también le llamaron exagerada.
[1] Es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Periodismo y comunicación colectiva por la UNAM. Tiene formación especializada en mediación por la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Nacional de la Plata, y en Derecho internacional humanitario por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha realizado funciones de coordinación de información en diversos espacios noticiosos y de análisis en radio y televisión. Ha colaborado en el área de comunicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, oficina para la que también ha realizado consultorías especializadas. Es integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se desempeñó como Coordinador ejecutivo de la Maestría en periodismo y asuntos públicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde su fundación y hasta junio de 2015. Es profesor del CIDE y la UNAM.
[2] Conteo personal. Incluye notas informativas, textos de opinión, crónicas, etcétera.
[3] Hernández Jorge Israel, “Cobertura periodística de violaciones graves a los derechos humanos, reparación y perspectiva de género. Los casos Inés Fernández y Valentina Rosendo”, tesis para obtener el grado de Maestro en derechos humanos, México, 2015.
[4] El documento completo, del que fueron tomadas las citas textuales que se presentarán en las siguientes líneas, se puede consultar en http://cidh.org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm . Consultado el 5 de octubre de 2015.
[5] Del 15 al 24 de junio de 1996, por invitación del Presidente Ernesto Zedillo. La visita contempló visitas a Guerrero, Chiapas, Baja California y Ciudad de México; al tiempo que se realizaron entrevistas con el presidente de la República, autoridades federales y estatales, sociedad civil y medios deomunicación.
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