Los fiscales también requieren vigilancia social

Luis Pásara*

La onda expansiva del caso Lula –condenado en un proceso en el cual juez y fiscales conspiraron con un propósito político– va mucho más allá de las fronteras brasileñas. Después de hurgar durante los últimos años en el funcionamiento de la judicatura, toca ahora mirar de cerca lo que está ocurriendo con los fiscales, personajes clave en la investigación de delitos.

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Irresponsabilidad editorial y Estado de Derecho

A propósito del amarillismo informativo de Perú21 en contra del constitucionalista Pedro Grández

Daniel Cerqueira y Ursula Indacochea*

En un Estado de Derecho, la opinión de una persona sobre el actuar de los funcionarios estatales cuenta con un blindaje jurídico que exime al autor o autora de la opinión de sanciones. Las opiniones que versan sobre asuntos de interés público se enmarcan en los llamados “discursos especialmente protegidos” por el ordenamiento constitucional de cualquier Estado que se llame democrático, y por tratados internacionales tales como la Convención Americana (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado dicha máxima, al afirmar que “las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana[1].”

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Estándar de prueba y argumentación jurídica en la era de la posverdad

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay

Daniel Cerqueira*

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Arrom Suhurt y otros, relacionado con la desaparición forzada y tortura de Arrom Suhurt y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre en Paraguay. Estas personas permanecieron detenidas desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, en el marco del operativo de rescate de la señora María Edith Bordón, quien había sido secuestrada y mantenida en cautiverio por varias semanas. En septiembre de 2017 la Comisión Interamericana (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso y concluyó que los señores Arrom y Martí habían sido víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que dichos hechos son atribuibles al Estado paraguayo. Estas conclusiones se basaron en declaraciones de las víctimas; testimonios de diferentes personas; notas de prensa y pronunciamientos públicos de altos funcionarios estatales que indicaban la existencia de un operativo policial de captura de los señores Arrom y Martí; registros fotográficos y grabaciones periodísticas; un informe suscrito por nueve médicos, registrando lesiones corporales graves provocadas días antes de la liberación de las presuntas víctimas; entre otros.

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As irregularidades no processo que condenou Lula

Luis Pásara*

Lava Jato foi o caso que levou Luis Inácio Lula da Silva à prisão e que o impediu de disputar novamente a presidência do Brasil numas eleições em que era favorito. Sua inabilitação abriu caminho ao triunfo do atual presidente Jair Bolsonaro, quem, após ser eleito, nomeou como Ministro da Justiça o juiz Sergio Moro, responsável pelo processo onde se condenou o ex presidente. Em 9 de junho uma reportagem jornalística de investigação do The Intercept denunciou sérias irregularidades no caso. Indica-se como fonte da reportagem documentos que incluem comunicações privadas, entregues por uma fonte anônima.

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Las irregularidades en el proceso que condenó a Lula

Luis Pásara*

Lava Jato fue el caso que llevó a Luis Inácio Lula da Silva a prisión y que le impidió postular nuevamente a la presidencia de Brasil en una competencia en la que era favorito. Su inhabilitación abrió paso al triunfo del actual presidente Jair Bolsonaro, quien luego de su elección designó como ministro de Justicia al juez a cargo del caso en el que se le condenó, Sergio Moro. El 9 de junio un informe periodístico de investigación de The Intercept denunció serias irregularidades en el caso. Se señala como fuente del informe un conjunto de documentación que incluye comunicaciones privadas y ha sido provisto por una fuente anónima.

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La elección del Procurador General de la República en Brasil: Una costumbre a prueba

Ursula Indacochea*

Entre el 2018 y 2019, se han elegido Fiscales Generales en varios países latinoamericanos. Pero quizás no exista designación más importante para la persecución criminal de la corrupción trasnacional, que la elección del Procurador General de la República del Brasil. La extensión y profundidad del caso de corrupción más grande de la región, el caso Lava Jato, ha mostrado las limitaciones de las instituciones domésticas de los 12 países afectados para acceder a evidencia fundamental. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre él, la cooperación del Ministerio Público brasilero con sus pares de la región ha sido importante para compartir información y permitir el interrogatorio a individuos que ostentaban posiciones clave en la estructura criminal trasnacional, y ha permitido empezar a armar este gran rompecabezas. La actual titular, Raquel Dodge, finaliza su mandato en septiembre de este año, y su reelección no está descartada.

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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