La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

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Prensa concentrada en Perú: ¿Salvo el mercado todo es ilusión?

David Lovatón Palacios*

“La garantía del pluralismo es la manera cómo las sociedades democráticas se ponen a buen recaudo de la aparición de algo así como una ‘tiranía de los valores, conforme a la cual una mayoría poderosa, bajo el argumento de haber descubierto una supuesta verdad dogmática, sojuzga el pensamiento y la acción de una minoría que se aparta de ella, la cual, por vías pacíficas y democráticas, busca canalizar sus dudas hacia esa aparente verdad.” (Tribunal Constitucional peruano, STC N° 00015-2010-PI)

El control gubernamental de la prensa siempre ha sido uno de los principales anclajes de las dictaduras civiles y militares en América Latina y el Caribe. Hoy en día la padecen la Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega, quienes controlan la mayor parte de los medios de comunicación y hostigan y persiguen a los medios independientes. En el Perú también sufrimos de confiscación de la prensa durante la dictadura militar de la década del setenta y de la vergonzosa compra – con fajos de dólares – de la línea editorial de diversos medios privados por el régimen de Fujimori y Montesinos en los noventas.

Pero hay otra amenaza a la libertad de expresión en nuestro continente de la que no se habla lo suficiente: la excesiva concentración privada de la prensa. Corporaciones empresariales que logran una posición de dominio en el mercado periodístico, que bajo los esquemas de propiedad cruzada convierten en cada vez más borrosas las fronteras entre lo que se informa – y cómo se informa – y la defensa de sus intereses económicos y políticos. Lo acabamos de vivir en el Perú con el grupo “El Comercio” y su lamentable parcialización durante las últimas elecciones presidenciales en las que – con claridad – tomó partido por la candidata que aseguraba la continuidad del “modelo económico”.

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The significance of the Engel list: against corruption and in defense of democracy

Katharine Valencia*

Adapted from an article originally published on Revista Factum.

Spanish version available here.

There has been much attention to the “Engel List” in Central America in recent weeks. The list of corrupt and undemocratic actors published by the US Department of State on July 1 was highly anticipated, especially after a list of corrupt Central American officials requested by Congresswoman Norma Torres was published in May. With the Torres list paving the way, a total of 55 individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras were included on the Engel List, including high-level judges, members of Congress, and (in the case of El Salvador) presidential administration officials. 

Many of those placed on the list or associated with those named have sought to downplay its importance or asserted a lack of evidence against them. But what does inclusion on the Engel list actually mean? How important is it from the US perspective and what weight does it have? 

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la «Lista Engel» en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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The Root of the Problem: Our Recommendations to the Biden Administration for Tackling Corruption in Central America’s Northern Triangle

Ursula Indacochea* and Katharine Valencia**

Versión en español aquí.

President Joe Biden’s Administration has been very clear that one of its top priorities is addressing the massive migration of people to the United States, mostly from Honduras, Guatemala, and El Salvador. Biden has opted to distance himself from the human rights-violating policies and the hostile and criminalizing narrative of his predecessor in office, Donald Trump; and instead, has promised a humanitarian approach and effective measures to attack the real underlying problems: insecurity, hopelessness and lack of opportunities and welfare in the countries of origin, which force people to migrate. 

This “root causes strategy» is being constructed with the involvement of several agencies, and rests on a sound premise: the need to understand the structural nature of the causes of migration, and that these causes cannot be resolved either in the short term or solely with the transfer of financial resources to governments. Where to begin, then, in addressing these issues?

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Presidential Elections in Peru Reveal a Deeply Divided Country

David Lovatón Palacios*

The fox from above and the fox from below– José María Arguedas

Country of Jauja a possible utopia, which is that of respectful and enriching coexistence between cultures– Edgardo Rivera Martínez

Last Sunday, June 6, the second round of elections took place in Peru between two presidential candidates who obtained the largest number of votes in the general elections on April 11: the leftist, Pedro Castillo of the Free Perú (Perú Libre) party and the right-wing, Keiko Fujimori of the Popular Force (Fuerza Popular) party. At the time of writing this article, the Peruvian National Office of Electoral Processes (Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE) had already processed 99.82% of the electoral records; the result, although very close, is clear: Castillo obtained 50.204% and Fujimori 49.796% of the votes. By a difference of only 71,441 votes, in an electoral universe of almost 25 million voters, it is most likely that Pedro Castillo will be the next president of the Republic for the 2021-2026 five-year term.

However, Fujimori and her party have still yet to recognize this result, and have announced that they will fight for each and every vote. Fujimori’s team has already officially filed appeals before the electoral justice challenging around 800 voting tables, which would imply the revision of around 500,000 votes, arguing that serious irregularities could have been committed in those voting tables to favor Pedro Castillo.

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Elecciones presidenciales en Perú evidencian un país profundamente dividido

David Lovatón Palacios*

El zorro de arriba y el zorro de abajo – José María Arguedas

País de Jauja una utopía posible, cual es la de la convivencia respetuosa y enriquecedora entre culturas – Edgardo Rivera Martínez

El pasado domingo 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta electoral entre dos presidenciables que obtuvieron la más alta votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril: el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre y la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Al momento de escribir este artículo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había procesado el 99.82% de las actas electorales; el resultado, aunque muy ajustado, es claro: Castillo obtuvo el 50.204% y Fujimori el 49.796% de la votación. Por una diferencia de tan sólo 71,441 votos, en un universo electoral de casi 25 millones de votantes, lo más probable es que Pedro Castillo será el próximo presidente de la República para el quinquenio 2021-2026.

Sin embargo, Fujimori y su partido aún no reconocen este resultado, han anunciado que pelearán voto a voto y han oficializado ante la justicia electoral la impugnación de alrededor de 800 actas que supondría la revisión de alrededor de 500,000 votos, arguyendo que se habrían cometido en esas mesas de votación graves irregularidades para favorecer a Pedro Castillo.

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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