First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

Read the English version here.

A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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Jueces al descubierto en Perú y España

Luis Pásara*

A partir del mes de julio, una avalancha de audios –escuchas telefónicas grabadas por la fiscalía con autorización judicial– inundaron a Perú de conversaciones entre jueces, asesores, abogados y políticos, que revelaron una red de conexiones para nombrar y ascender jueces, y para archivar casos o inclinar sentencias. El asombro ciudadano fue administrado dosificadamente: las grabaciones se hicieron públicas, día tras día, por una acreditada ONG –el Instituto de Defensa Legal, que anunció haberlas recibido anónimamente–, pese a que hubo fiscales que intentaron secuestrar las grabaciones para impedir su difusión.

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Sistema de justicia en el Perú: Para entender la reforma constitucional y el referéndum

David Lovatón Palacios*

El sábado 7 de julio del 2018 iba a ser un fin de semana para disfrutar los últimos partidos del Mundial de fútbol Rusia 2018. Pero pasó a ser el inicio de un terremoto judicial y político de proporciones insospechadas en el Perú: IDL-reporteros (www.idl-reporteros.pe) dio a conocer los primeros audios de conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial, entre el entonces Presidente de la Corte de Justicia del Callao[1] -hoy detenido-, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –hoy destituidos por el Parlamento-, jueces y fiscales supremos, el actual Fiscal de la Nación, jueces, congresistas, empresarios, empleados judiciales y otras personas. En los siguientes días y semanas y hasta hoy, este mismo equipo de periodistas de investigación liderados por Gustavo Gorriti –uno de los más reconocidos periodistas en el Perú y América Latina- y otros medios de comunicación, siguen difundiendo decenas de conversaciones telefónicas.

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Reformas a la Ley de Antejuicio en Guatemala: La pieza que falta para blindar la impunidad

Ursula Indacochea*

Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

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Perú: el Congreso aumenta condenas dictadas por los jueces

Luis Pásara*

Publicado originalmente en La Mula.

Una persona comete o no un delito cualquiera, es procesado y condenado por ello. La persona cumple la pena impuesta por la sentencia. Un tiempo después, una ley viene a modificar la condena, incrementándola de una manera determinada. No se trata de una ley que aumenta la pena para el delito –cambio que afectará a quienes lo cometan con posterioridad a la nueva ley– sino de una ley que ordena que quienes ya fueron condenados por un delito determinado deben sufrir una sanción adicional a la que el juez les impuso.

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Reformar la justicia en Perú: Nuevo intento

Luis Pásara*

Durante el mes de julio, una catarata de escándalos recayó sobre el sistema de justicia peruano. Una sucesión de “audios” que todavía siguen apareciendo han revelado conversaciones de un juez de segunda instancia que probarían relaciones delictivas con organizaciones criminales y otra serie de grabaciones sugieren que un juez de la Corte Suprema estaría asociado a diversos asuntos impropios del cargo. El primer juez se halla en detención provisional y el segundo ha sido suspendido del cargo mientras el Congreso decide su futuro.

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