Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

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Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

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Donald Trump vs. las Oficinas del Inspector General

Jean Carlos Báez Rosario*

En Estados Unidos, el rol del Inspector General (IG) dentro de las diversas agencias y departamentos del gobierno federal (equivalentes a ministerios o secretarías en América Latina) juega un papel muy importante de veeduría interna y rendición de cuentas, manteniendo informada a la rama legislativa y al pueblo estadounidense. A pesar de su relevancia, este puesto se ha visto atacado por la administración del Presidente Donald Trump, quien ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de IG vacantes y obstaculizar investigaciones en curso con la remoción del Inspector General de varios departamentos. Pero no se puede decir que estas acciones no tengan precedentes, ya que lo mismo ocurrió con Barack Obama y su administración (2009-2017).

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Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

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The story of a shipwrecked sailor named Sergio Moro

On the rise and fall (for now) of Operation Car Wash’s patron in Brazil

Daniel Cerqueira*

Originally published in Global Americans

See Portuguese and Spanish versions.

Just over a year ago, many Brazilians were surprised by Jair Bolsonaro’s appointment of then Federal Judge Sergio Moro as Minister of Justice and Security. Up until then, the judge who convicted former President Lula da Silva had often said that his vocation was the law and not politics, but he explained his change of heart by asserting that this was a technical position and that there was a need to promote reforms and ensure the continuity of anti-corruption efforts. Moro’s joining the administration lent significant political capital to Bolsonaro, whose approval ratings were consistently lower than those of the former judge. Together with Economy Minister Paulo Guedes, Moro helped to secure the acceptance of the administration by an important segment of Brazil’s middle and upper classes.

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Relato de um náufrago chamado Sergio Moro

Sobre a ascensão e queda (por enquanto) do padroeiro da Lava Jato

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente em Global Americans. 

Veja versões em espanhol e inglês.

Há pouco mais de um ano, muitos brasileiros se surpreenderam com a nomeação do então juiz federal Sergio Moro como Ministro da Justiça e Segurança Pública por Jair Bolsonaro. Até então, Moro costumava afirmar em entrevistas que sua vocação eram as leis e não a política, mas justificou a mudança de critério alegando que o cargo de ministro tem um perfil técnico e pela necessidade de alavancar reformas e garantir a continuidade dos esforços de combate à corrupção. A entrada de Moro no governo rendeu um importante capital político a Bolsonaro, cuja aprovação sempre foi inferior à do ex-juiz. Juntamente com o Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, Moro era uma espécie de fiador de aceitação do governo por uma parte considerável das classes média e alta.

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Relato de un náufrago llamado Sergio Moro

A propósito de la ascensión y caída (por ahora) del patrono de Lava Jato en Brasil

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Global Americans.

Ver versiones en inglés y portugués.

Hace poco más de un año, muchos brasileños se sorprendieron con el nombramiento del entonces Juez Federal Sergio Moro como Ministro de Justicia y Seguridad por parte de Jair Bolsonaro. Hasta este momento, el juez que condenó al expresidente Lula da Silva solía declarar que su vocación eran las leyes y no la política, pero justificó el cambio de criterio afirmando que el cargo de ministro tiene un perfil técnico y por la necesidad de impulsar reformas y garantizar la continuidad de los esfuerzos de combate a la corrupción. El ingreso de Moro al gobierno rindió un importante capital político a Bolsonaro, cuya aprobación siempre estuvo por debajo de la del exjuez. Al lado del Ministro de Economía Paulo Guedes, Moro fue una suerte de fiador de aceptación al gobierno por una parte importante de las clases media y alta de Brasil.

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Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Lhaka Honhat vs. Argentina

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira** y Salvador Herencia***

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El 6 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), vs. Argentina. El fallo reitera los estándares interamericanos sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas y establece la obligación de entregar un título de propiedad único e indivisible en favor de diferentes comunidades que integran la mencionada asociación. Aunque la controversia principal gira en torno a la ausencia de titulación del territorio, los peticionarios alegaron una serie de impactos derivados de actividades de pastoreo, tala ilegal e instalación de alambrados por parte de personas no indígenas en el territorio de las comunidades.

El presente artículo analiza los puntos más relevantes de la sentencia, subrayando aspectos controversiales con relación a la justiciabilidad directa de nuevos derechos reconocidos bajo el Art. 26 de la Convención Americana (CADH). Asimismo, comenta avances importantes en materia de reparación y obligaciones de garantía de derechos de los pueblos indígenas frente a la degradación ambiental cometida por particulares. Finalmente, se hace un balance del aporte de los amici curiae en el razonamiento presente en la sentencia y votos de los Jueces Ferrer Mac-Gregor y Sierra Porto.

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Los Tribunales Agrarios en México

A la luz de los derechos humanos de los pueblos indigenas y campesinos

 

El informe se presentará de forma virtual el jueves 30 de abril de 2020 a las 4:30 PM, hora de México. Más información aquí.

Los Tribunales Agrarios en México, creados mediante reforma constitucional en 1992, han sido los órganos judiciales encargados de dirimir las controversias que se han generado principalmente en el  campo mexicano, pero que alcanzan otros contextos como el urbano. Como tribunales especializados han desempeñado una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en este país.

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La reelección indefinida en América Latina

Reflexiones a propósito de la solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ramiro Orias A.*

De conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el pasado 21 de octubre de 2019 el Estado de Colombia presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de opinión consultiva a fin de que se interprete el alcance de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta solicitud de opinión consultiva está dirigida a precisar si el presunto derecho de un Presidente a ser reelegido en forma indefinida constituiría un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se pide a la CorteIDH que interprete si ese derecho puede ser limitando o prohibido legítimamente, y que determine los efectos sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos en el eventual caso que un Estado propicie o prolongue la permanencia de un gobernante aplicando esta figura.

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Distanciamiento social en las prisiones latinoamericanas

Miguel Sarre* y Juan Morey**

La actual crisis sanitaria impone la adopción oportuna de medidas preventivas. En reclusión, éstas deben ser generales, contundentes e inmediatas y estar orientadas a generar condiciones de factibilidad. Una moratoria urgente de la prisión preventiva, adoptada bajo control judicial, es un medio eficaz de reducir significativamente la población presa y, a partir de ello, instrumentar en reclusión las acciones preventivas recomendadas.

La emergencia sanitaria ya reconocida en Latinoamérica ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en prácticamente todas las prisiones de la región.

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