Junta Nacional de Justicia (JNJ): Una nueva oportunidad para la justicia en el Perú

David Lovatón Palacios*

Según la experta Linn Hammergreen la reforma judicial en el Perú es una de las más antiguas en América Latina. Debe ser por el mal servicio de justicia que desde siempre han recibido y percibido los peruanos y peruanas: un sistema judicial lento, engorroso, poco confiable y sospechoso de una extendida y poco disimulada corrupción que parece formar parte del paisaje urbano.

Sólo la justicia de paz no ejercida por abogados sino por ciudadanos y ciudadanas de sus propias comunidades en zonas rurales se ha salvado de este descrédito republicano de la justicia y, a partir de la recuperación de la democracia a fines del año 2000, un puñado -cada vez más grande, felizmente- de jueces, juezas y fiscales valientes y honestos, decididos a cambiar esa historia gris de la judicatura.

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The United States History of Systemic Racism: A Primer for Latin Americans, and Some Parallels

Naomi Roht-Arriaza*

Versión en español aquí.

Juneteenth, June 19, commemorates the day in 1865 that the last US slaves were freed. The holiday was celebrated across the United States this year with marches calling for defunding the police and tackling continuing systemic racism, continuing weeks of protests after the police killing of George Floyd and others. These demands for radical change might at first seem unnecessary and extreme – after all, the US recently had a Black president, and slavery ended long ago – but they reflect the way government action throughout the 20th century until today created and supported institutionalized racism.  With the disproportionate effects of both COVID-19 and unemployment on the Black community, these patterns have become obvious.  In particular, the protests respond to the failure of decades of reform efforts to stop the police killing of unarmed black people across the country, a failure rooted in the isolation and control of Black and Latinx communities and the defunding of services to these communities.  The US experience provides an illuminating window into the persistence of racism and racist policing elsewhere in the Americas, as well as some intriguing pathways forward.

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Historia del racismo sistémico en Estados Unidos: Reseña para los latinoamericanos y algunos paralelismos

Naomi Roht-Arriaza*

English version here.

La celebración de Juneteenth el 19 de junio conmemora la fecha en que, en 1865, se notificó de su liberación a los últimos esclavos que había en Estados Unidos. La fecha se recordó este año en todo EE. UU. con marchas en reclamo de que se reduzca el financiamiento de la policía y se aborde el racismo sistémico que sigue existiendo en el país. Estas marchas dieron continuidad a las semanas de protestas que se iniciaron con el asesinato de George Floyd y otras personas a manos de la policía. A primera vista, estos reclamos de un cambio radical pueden parecer innecesarios y extremos; en definitiva, EE. UU. tuvo hace poco un presidente negro y la esclavitud terminó hace ya mucho tiempo. Sin embargo, son producto de que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, las acciones gubernamentales crearon y posibilitaron el racismo institucionalizado. Estos patrones se han vuelto imposibles de ignorar con el impacto desproporcionado que el COVID-19 y el desempleo han tenido en la comunidad negra. En particular, las protestas se dan en respuesta a las iniciativas de reforma infructuosas que se han impulsado durante décadas para terminar con la muerte de personas negras no armadas por la policía en todo el país, un fracaso que tiene relación directa con el aislamiento y el control de las comunidades negras y latinas y el desfinanciamiento de los servicios destinadas a estas  comunidades. La experiencia estadounidense ofrece una perspectiva bastante clara de la persistencia del racismo y las prácticas policiales racistas en el resto de América.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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¿Los inocentes a las Cortes de Guatemala?

Ursula Indacochea*

El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.

En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.

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Covid-19 and racial inequality in Colombia: The case of the department of Chocó

Ely Cossio*

Versión en español aquí.

Exceptional times require extraordinary measures; however, there are places in Colombia where the lack of essential services would make any extraordinary measure be considered meager given the marginality and the historical backwardness in the country. The negligence of the central government is the common denominator of the formerly called territorios nacionales[1], but only in the Department[2] of Chocó this feature is epitomized in absolute terms.

Seen in the light of the ability to cope with a virus as deadly as COVID-19, which to date has claimed the lives of nearly 400,000 people worldwide, the forecasts in the department of Chocó are terrifying. To this date, the people of Chocó lack the readiness and the human, technical, and financial resources necessary to face an epidemiological event of this kind.

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Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

English version here.

Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

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Donald Trump vs. las Oficinas del Inspector General

Jean Carlos Báez Rosario*

En Estados Unidos, el rol del Inspector General (IG) dentro de las diversas agencias y departamentos del gobierno federal (equivalentes a ministerios o secretarías en América Latina) juega un papel muy importante de veeduría interna y rendición de cuentas, manteniendo informada a la rama legislativa y al pueblo estadounidense. A pesar de su relevancia, este puesto se ha visto atacado por la administración del Presidente Donald Trump, quien ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de IG vacantes y obstaculizar investigaciones en curso con la remoción del Inspector General de varios departamentos. Pero no se puede decir que estas acciones no tengan precedentes, ya que lo mismo ocurrió con Barack Obama y su administración (2009-2017).

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Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

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