David Lovatón Palacios*
Spanish version here.
On April 11, the general elections took place in Peru to elect the new President and Congress for the period 2021-2026, with an absolutely unpredictable and discouraging result from a democratic perspective. The following is a brief analysis of what the two presidential candidates who have made it to the second round of elections represent and the very difficult scenarios that may arise in the next five years for Peru.
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Versión en inglés aquí.
El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.
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Leonor Arteaga*
¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.
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Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]
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David Lovatón*
El 26 de abril del 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Quarantine, State of Emergency, State of Enforcement, and the Pandemic in Peru”, con el que intenté dar cuenta de cómo el coronavirus había impactado en el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros aspectos, destaqué que, a pesar de nuestras debilidades institucionales y la precariedad de nuestro sistema de salud, esta excepcional situación no se había traducido en graves violaciones de derechos humanos ni rupturas del Estado de derecho, salvo situaciones aisladas.
Hoy, a casi un año del inicio de esta prolongada pandemia, del estado de emergencia decretado el 15 de marzo del 2020 y prorrogado todo este tiempo, de la imposición de diversos niveles de confinamiento y restricciones a libertades civiles como el libre tránsito y el derecho de reunión y una severa recesión económica, el balance es negativo no sólo porque es previsible que en marzo del presente año alcancemos la cifra oficial de 50,000 fallecidos y de alrededor de 1´300,000 contagiados,[1] sino también porque ha habido un severo debilitamiento institucional que explicaría, entre otras causas, que el Perú es uno de los países más golpeados por el covid-19 en AL.
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Leonor Arteaga y Sonia Rubio-Padilla*
En El Salvador, el enfoque represivo que ha caracterizado las políticas de seguridad pública impulsadas por sucesivas administraciones gubernamentales –de diferentes ideologías políticas– ha propiciado la comisión de torturas, ejecuciones extralegales, feminicidios y agresiones sexuales contra mujeres y población LGBTI, por parte de agentes policiales[1], que generalmente no son adecuadamente investigadas por la misma policía. A este preocupante escenario, le agregamos las dudas que genera la figura del actual Director, Mauricio Arriaza Chicas, quién ha sido cuestionado por sus antecedentes en casos de corrupción y su rol como aliado incondicional del presidente Nayib Bukele[2], así como por representar el reposicionamiento de grupos internos que responden a intereses ilícitos.
En este contexto, poco se conoce sobre el funcionamiento de los controles internos y externos de la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a sus miembros cuando se les atribuye la comisión de un delito o una falta disciplinaria grave. Por eso nos preguntamos: ¿cómo está formado ese sistema de controles? ¿cuál es su eficacia actual? ¿existe una intención desde el más alto nivel de mantenerlo inoperante? Responder a estas interrogantes requiere investigaciones serias y profundas; sin embargo, dada la falta de transparencia y rendición de cuentas características de la administración pública, obtener información primaria que arroje luz sobre este tema es una tarea casi imposible. Pese a ello, estamos convencidas que el esfuerzo sigue siendo válido, por eso en las siguientes líneas analizamos algunas de estas cuestiones.
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Enrique Gallegos Madrigal
Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.
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David Lovatón Palacios*
“Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos!”
(La cena miserable, César Vallejo)
La noche del pasado lunes 9 de noviembre comenzaron los días política y socialmente más turbulentos e inciertos que el Perú ha vivido en las últimas dos décadas, desde la fuga de Alberto Fujimori al Japón y el inicio de la transición democrática en noviembre del año 2000. La elección del parlamentario Francisco Sagasti como Presidente de la República, de conformidad con las reglas de sucesión presidencial previstas en el artículo 115° constitucional, sin duda es un bálsamo para la democracia peruana pero tan sólo una tregua frente a las redes de corrupción que mantienen secuestrado el Parlamento. A continuación, una breve crónica de una vacancia presidencial y protestas sociales no anunciadas y un preliminar análisis constitucional de lo ocurrido.
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Katharine Valencia*
Versión en español aquí.
On Saturday, November 7 – four days after Election Day – most major media outlets reported that Joe Biden was the projected winner of the presidential race against incumbent Donald Trump. It is standard practice in the US for elections to be called based on unofficial vote tallies reported by states, before being officially certified several weeks later. According to current popular vote tallies, Biden received about 5.5 million more votes than Trump; but more importantly, Biden is projected to cross the threshold of 270 votes in the electoral college (the proportional state-based system for electing the president) required to win. In normal times, this would result in the losing candidate conceding the race, and the process of certifying votes would be little more than a formality in terms of the final outcome.
However, we do not live in normal times and Donald Trump is anything but a typical president. Trump declared that it is he who is the winner, and that massive fraud had occurred in swing states where tallies showed that Biden had prevailed. Indeed, Trump had signaled for months that he would not concede and that he could only lose if the election was rigged. The Trump campaign and the Republican party have filed multiple lawsuits before and after the election to contest the validity of certain ballots. In the public sphere, Trump and his supporters continue to allege widespread voter fraud, without evidence. This post will provide an overview of the current state of election litigation and consider the likelihood that the US Supreme Court could play a decisive role.
Seguir leyendo Katharine Valencia*
English version here.
El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.
Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.
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Justicia en las Américas 