Relato de un náufrago llamado Sergio Moro

A propósito de la ascensión y caída (por ahora) del patrono de Lava Jato en Brasil

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Global Americans.

Ver versiones en inglés y portugués.

Hace poco más de un año, muchos brasileños se sorprendieron con el nombramiento del entonces Juez Federal Sergio Moro como Ministro de Justicia y Seguridad por parte de Jair Bolsonaro. Hasta este momento, el juez que condenó al expresidente Lula da Silva solía declarar que su vocación eran las leyes y no la política, pero justificó el cambio de criterio afirmando que el cargo de ministro tiene un perfil técnico y por la necesidad de impulsar reformas y garantizar la continuidad de los esfuerzos de combate a la corrupción. El ingreso de Moro al gobierno rindió un importante capital político a Bolsonaro, cuya aprobación siempre estuvo por debajo de la del exjuez. Al lado del Ministro de Economía Paulo Guedes, Moro fue una suerte de fiador de aceptación al gobierno por una parte importante de las clases media y alta de Brasil.

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Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Lhaka Honhat vs. Argentina

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira** y Salvador Herencia***

English version here.

El 6 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), vs. Argentina. El fallo reitera los estándares interamericanos sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas y establece la obligación de entregar un título de propiedad único e indivisible en favor de diferentes comunidades que integran la mencionada asociación. Aunque la controversia principal gira en torno a la ausencia de titulación del territorio, los peticionarios alegaron una serie de impactos derivados de actividades de pastoreo, tala ilegal e instalación de alambrados por parte de personas no indígenas en el territorio de las comunidades.

El presente artículo analiza los puntos más relevantes de la sentencia, subrayando aspectos controversiales con relación a la justiciabilidad directa de nuevos derechos reconocidos bajo el Art. 26 de la Convención Americana (CADH). Asimismo, comenta avances importantes en materia de reparación y obligaciones de garantía de derechos de los pueblos indígenas frente a la degradación ambiental cometida por particulares. Finalmente, se hace un balance del aporte de los amici curiae en el razonamiento presente en la sentencia y votos de los Jueces Ferrer Mac-Gregor y Sierra Porto.

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Los Tribunales Agrarios en México

A la luz de los derechos humanos de los pueblos indigenas y campesinos

 

El informe se presentará de forma virtual el jueves 30 de abril de 2020 a las 4:30 PM, hora de México. Más información aquí.

Los Tribunales Agrarios en México, creados mediante reforma constitucional en 1992, han sido los órganos judiciales encargados de dirimir las controversias que se han generado principalmente en el  campo mexicano, pero que alcanzan otros contextos como el urbano. Como tribunales especializados han desempeñado una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en este país.

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La reelección indefinida en América Latina

Reflexiones a propósito de la solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ramiro Orias A.*

De conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el pasado 21 de octubre de 2019 el Estado de Colombia presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de opinión consultiva a fin de que se interprete el alcance de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta solicitud de opinión consultiva está dirigida a precisar si el presunto derecho de un Presidente a ser reelegido en forma indefinida constituiría un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se pide a la CorteIDH que interprete si ese derecho puede ser limitando o prohibido legítimamente, y que determine los efectos sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos en el eventual caso que un Estado propicie o prolongue la permanencia de un gobernante aplicando esta figura.

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Distanciamiento social en las prisiones latinoamericanas

Miguel Sarre* y Juan Morey**

La actual crisis sanitaria impone la adopción oportuna de medidas preventivas. En reclusión, éstas deben ser generales, contundentes e inmediatas y estar orientadas a generar condiciones de factibilidad. Una moratoria urgente de la prisión preventiva, adoptada bajo control judicial, es un medio eficaz de reducir significativamente la población presa y, a partir de ello, instrumentar en reclusión las acciones preventivas recomendadas.

La emergencia sanitaria ya reconocida en Latinoamérica ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en prácticamente todas las prisiones de la región.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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From hope to skepticism: The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES)

Last week, as the number of COVID-19 cases in El Salvador climbed to at least 32, Salvadoran Congress approved a two-billion dollar loan for emergency government funding to combat the pandemic. Because Congress approved the funds during a state of emergency, the executive branch has more discretion in how the money is spent than it would under normal conditions. At the same time, government restrictions on freedom of the press have been ramped up, making it more difficult for journalists to obtain and share information. Salvadoran civil society is already monitoring these actions for potential corruption; however, the increased powers afforded to the executive branch – and increased restrictions on civil society – in the current crisis mean that now, more than ever, El Salvador must have effective anti-corruption mechanisms in place. The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES), established last year, should be playing a visible and vigilant role right now; in this article, DPLF outlines some of the major concerns about CICIES, its formation, and its current status, all of which may impede its ability to play such a role.

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De la esperanza al escepticismo: La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.

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Comentarios a la Nueva Ley de Consulta Previa del estado de Oaxaca, México

Naayeli Ramírez-Espinosa*

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor presencia de pueblos indígenas (más del 32.2% de la población según encuesta oficial del 2015). El 22 de febrero de 2020, el Congreso de este estado publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, la cual presenta considerables avances en comparación con las otras dos leyes en la materia existentes en el país (las de los estados de Durango y San Luis Potosí).

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Prisión o no prisión ¿esa es la cuestión?

Leonor Arteaga*

Este artículo fue publicado originalmente en el diario digital ContraPunto.

El mes de julio de 2016 quedó marcado en mi memoria como el momento en que se rompía un hito en El Salvador: la Ley de Amnistía dejaba de existir, en términos jurídicos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la cuestionada norma que por más de 24 años obstaculizó la búsqueda de justicia para miles de víctimas del conflicto armado finalizado en 1992.

De repente, nos encontramos ante la posibilidad de romper la cadena de impunidades. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos nos preguntábamos si había llegado, por fin, la hora de los juicios en El Salvador. Paulatinamente, gracias al empuje de las y los sobrevivientes y pese a la pasividad de la Fiscalía General, los tribunales del país comenzaron a inaplicar la ley de amnistía, reabriendo las causas más simbólicas que permanecieron clausuradas por más de veinte años, como las de las masacres de El Mozote y El Calabozo, y el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pese al tiempo transcurrido, la izquierda y la derecha partidarias siguen empecinadas en impedir que estas investigaciones alcancen a las élites económicas y políticas de ayer y hoy.

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