Por: Sol Yáñez

Doctora en psicología social, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador

En El Salvador, tras los acuerdos de paz y durante el postconflicto, cuando se habla del dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la impunidad construida -que cristaliza el trauma psicosocial-, el discurso oficial ha exigido que no se abran las heridas, que hay que olvidar. Y la respuesta de las víctimas y de sus familiares siempre ha sido la misma: ¿qué se va a abrir, si las heridas nunca se cerraron? Siguen abiertas. Esas heridas son las que convocan este artículo.

En El Salvador, luego del fin de la guerra en 1992, no se implementó una política de reparación que diera cuenta de que esa paz fuera acompañada de las medidas necesarias para una verdadera reconstrucción del tejido social, y, por tanto, no hubo atención psicosocial para las víctimas señaladas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en su informe de 1993. En los acuerdos de paz, se olvidaron de la reparación a las víctimas. Vemos estos días como en los acuerdos de paz de Colombia, las víctimas ocupan uno de los puntos importantes, mediante la discusión de cómo implementar la verdad, la justicia y la reparación.

El Informe de la Comisión de la Verdad llamado «De la locura a la esperanza», señala que entre los años 1980 y 1991 El Salvador estuvo sumido en una guerra que hundió a la sociedad salvadoreña, le dejó millares y millares de muertos y la marcó con una violencia que avanzó por los campos de todo el país, invadió pueblos y caseríos, ocupó caminos, destruyó carreteras y puentes, arrasó las fuentes de energía y las redes transmisoras, llegó a las ciudades, penetró en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos, golpeó a la justicia y a la administración pública, señaló como enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos.

Las víctimas eran salvadoreños y salvadoreñas de todas las procedencias y de todas las condiciones sociales y económicas. En los ocho meses en los que la Comisión de la Verdad trabajó en El Salvador se recibieron más de 25,000 testimonios, alrededor de 2000 personas declararon de manera directa y cerca de 23,000 fueron denuncias indirectas. Las violaciones graves registradas fueron: desapariciones forzadas que constituyeron el 20,57% de los casos; homicidios 54.71%, torturas 20.57% y otros 3.92%. Esa fue la población de casos que presentó el documento de la Comisión de la Verdad y que fue entregado el 15 de marzo de 1993 al Secretario General de las Naciones Unidas, a miembros de su Consejo de Seguridad y a representantes de las partes salvadoreñas que firmaron los acuerdos.

Dada la magnitud y gravedad de los casos registrados, la Comisión estableció recomendaciones dirigidas a la reparación social. El enfoque del mandato enfatizó los graves hechos de violencia y su impacto o repercusiones. Sobre la base de esos criterios, la Comisión investigó dos tipos de casos:

a. Los casos o hechos individuales que, por sus características singulares, conmovieron a la sociedad salvadoreña y/o a la sociedad internacional.

b. Una serie de casos individuales de características similares que revelan un patrón sistemático de violencia o maltrato y que, vistos en su conjunto, conmovieron en igual medida a la sociedad salvadoreña, sobre todo por cuanto su objetivo fue impactar por medio de la intimidación a ciertos sectores de esa sociedad. (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993).

Las medidas que recomendó dicha Comisión fueron la creación de un fondo de compensación para las víctimas de la violencia, la construcción de un monumento dedicado a su memoria; el reconocimiento de su honorabilidad y de los graves delitos que se cometieron en su contra; un día nacional para recordarlas y afirmar la reconciliación nacional, y la creación del Foro de la Verdad y la Reconciliación.

El incumplimiento de estas recomendaciones en todo este tiempo, ha creado desconfianza y frustración de muchas personas y grupos sociales que esperaban un país donde se construyera una paz basada en la verdad, la justicia y la reparación, y donde la historia diera cuenta de la memoria de víctimas y familiares. Del “derecho a la verdad”, nos habla Jon Sobrino, teólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, en un trabajo titulado Reflexiones teológicas sobre el Informe de la Comisión de la Verdad dedicado al Informe de la Comisión de la Verdad

“Y es que la verdad está a favor de los pobres. Lo está porque la verdad hace pública e inocultable su realidad de miseria, las causas, personas e instituciones que la originan. Esa verdad, cuando llega a ser conocida, tiene en sí misma la capacidad de mover a misericordia y solidaridad. La verdad es, también, la que apunta la dirección que debe tomar una sociedad justa en la que puedan vivir. Y la verdad, por último, es lo que, al menos, les devuelve honorabilidad y dignidad.” (Sobrino, J. 1993)

Las víctimas en El Salvador han estado olvidadas, relegadas en la cuneta de una historia oficial que las ha negado e invisibilizado. Las víctimas eran población civil, madres, padres, hijos, hermanos, vecinos que tuvieron que huir y desplazarse, o ver como desaparecían forzosamente a sus familias, las asesinaban extrajudicialmente, o las torturaban. Ellas junto con sus familiares han mantenido viva la antorcha de sus seres queridos, su memoria colectiva, y ello muchas veces ha conllevado dolor al no tener ningún tipo de respuesta social ni institucional. El hecho de que a día de hoy sigan empeñándose en la memoria de los hechos y en la exigencia de una política de reparación desde el presente que dé validez y soporte a su memoria colectiva constituye un acto de afirmación y de resistencia. Ansiara (2001) señala que la memoria colectiva solo retiene del pasado aquello que todavía está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Las víctimas y familiares han mantenido viva la memoria en su conciencia, corazón y cuerpo y en su empeño por mantener la esperanza, una obstinada esperanza, en que algún día la verdad y la justicia los visibilice y les dé su lugar.

Quienes han perdido a sus familiares, necesitan saber qué paso y donde se encuentran. En caso contrario, se le obliga a un duro proceso de duelo, a sentirse incapaces de emprender nuevos proyectos personales y a ser excluidos de los proyectos colectivos. Y eso conlleva mucho dolor. Ellos incesantemente repiten que quieren saber y se hacen interrogantes como ¿qué pasó?, ¿dónde lo llevaron?, ¿qué hicieron con él?, ¿dónde está enterrado?, ¿cómo paso sus últimas horas?, ¿qué comió?, ¿quién le habló por última vez?, y un sinfín de preguntas que llevan a un mismo camino: saber la verdad. El no reconocimiento social de estas experiencias es el primer obstáculo que tienen las víctimas y también es un obstáculo para la reconstrucción del tejido social. La impunidad les trajo la pérdida de credibilidad en las instituciones, en particular al sistema judicial.

La justicia respecto a graves violaciones de derechos humanos en El Salvador aun es una asignatura pendiente.  No es algo que pueda verse desde la buena voluntad, si no desde el respetuoso y obligado cumplimiento. En este sentido son varios los casos que las víctimas han llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos: estos casos, fruto del empeño de las víctimas, pusieron en la mesa lo aplazado en materia de reparación para este país y la obligación de iniciar ese proceso por parte del Estado. El cumplimiento de las sentencias de la Corte sigue pendiente, sobre todo en materia de investigación y sanción.

La búsqueda de justicia constituye, además de un imperativo para la sociedad, una necesidad psicosocial para poder encauzar los proyectos vitales y la reconstrucción de su identidad. Estos años marcados por la impunidad con leyes de absolución y olvido han causado un daño agregado. Cuando la justicia se logra y va acompañada de medidas de reparación integral, constituye un pilar fundamental en la recuperación psicosocial de las víctimas y de la sociedad. Para las víctimas es importante visibilizar su dolor. Así como que se les dé un lugar y espacio para que puedan elaborar su experiencia; esto constituye una pieza clave para la reconciliación del país. Es necesario crear acciones de verdad y justicia, desde la integralidad que la reparación requiere.

No son pocas las veces que hemos escuchado la petición de justicia por parte de las víctimas. Con esta, ellas están reclamando su derecho a ser escuchadas, a que su verdad sea validada, a poder dar su testimonio de los hechos, a que alguien se responsabilice de lo que pasó, y con un propósito que ellas mismas declaran:

«…que esto que me pasó amá y a mi familia no le pase a nadie más, yo no deseo que nadie pase por esto nunca más.»  (Familiar de víctima, grupo focal, San Salvador, 2003)

Ese “nunca más” nos remite a que una sociedad donde las graves violaciones quedan impunes es una sociedad que no tiene memoria, y donde se pueden volver a repetir los hechos cometidos. La esperanza que debía seguir a la locura, dejó paso a un tiempo de impunidad que ha traído nuevas violencias y nuevas víctimas: 20 y 25 muertos diarios actualmente, como si El Salvador, estuviera inmerso en otra guerra.

Es tiempo de visibilizar y de asumir institucionalmente las heridas abiertas que dejó el conflicto armado, cuyas secuelas han traído esas nuevas violencias y empezar a construir un proceso de reparación psicosocial que ayude a la gente a configurar su proyecto de vida y que contribuya a una verdadera paz social construida con verdad, justicia y reparación. Es tiempo de que esa verdad, esa memoria, pase del espacio privado a un espacio público, a que se valide socialmente su dolor desde la institucionalidad y desde el Estado.

Es urgente poner las bases de las recomendaciones de la Comisión de la verdad: reconstruir el tejido social, atender a las víctimas, e instalar una cultura que deje fuera la impunidad mediante la verdad y la justicia y una política de reparación integral.

Solo así, junto al silencio de las armas, se oirá el sonido inequívoco de la verdadera paz: Se necesitan todas las manos, todas.