Allie Lee** y Allie Brudney***

El 8 de julio de 2021, Corporate Accountability Lab presentó un memorial de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda el certiorari en el caso, Doe v. Chiquita Brands International. El caso fue presentado por los familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas atacadas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha en Colombia financiada en parte por Chiquita, la empresa bananera multinacional con sede en Estados Unidos. Los demandantes han interpuesto una querella contra Chiquita, alegando que Chiquita fue cómplice de las AUC financiándolas.

La cuestión que se plantea ante la Corte Suprema es técnica y estrecha: si una parte que impugna una orden de protección que ambas partes estipularon debe soportar la carga de demostrar la buena causa de la modificación. Lo que esto significa en realidad es que los peticionarios (un subgrupo de demandantes) piden a la Corte que revise la decisión del 11º Circuito (la Corte de Apelaciones) de levantar la orden de protección que les permite proceder sin que sus nombres, direcciones, números de teléfono o información laboral sean revelados al público. Hasta ahora, aunque Chiquita tiene acceso a la información de identificación de estos peticionarios, la orden de protección ha impedido que la información se haga pública. Si las identidades de los peticionarios se hacen públicas, muchos de ellos correrán un alto riesgo de sufrir daños físicos, e incluso podrían ser asesinados.

El escrito de amicus curiae – firmado por once organizaciones internacionales de derechos humanos y un bufete de abogados colombiano – argumenta que la orden de protección no debe ser levantada, ya que revelar la identidad de los peticionarios pondría en peligro sus vidas. 

Esta entrada del blog comienza proporcionando los antecedentes del caso Doe vs. Chiquita. A continuación, se explica la historia procesal detrás de la orden de protección y por qué la Corte Suprema debe revisar la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando el peligro que enfrentan los y las defensores/as de derechos humanos en Colombia. Por último, discutimos por qué es importante que las comunidades afectadas por los abusos de las empresas puedan obtener recursos de forma segura y hacer que las empresas infractoras rindan cuentas.