La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción. 

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Protección de la identidad de las víctimas en el caso Doe vs. Chiquita: Amicus presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos*

Allie Lee** y Allie Brudney***

El 8 de julio de 2021, Corporate Accountability Lab presentó un memorial de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda el certiorari en el caso, Doe v. Chiquita Brands International. El caso fue presentado por los familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas atacadas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha en Colombia financiada en parte por Chiquita, la empresa bananera multinacional con sede en Estados Unidos. Los demandantes han interpuesto una querella contra Chiquita, alegando que Chiquita fue cómplice de las AUC financiándolas.

La cuestión que se plantea ante la Corte Suprema es técnica y estrecha: si una parte que impugna una orden de protección que ambas partes estipularon debe soportar la carga de demostrar la buena causa de la modificación. Lo que esto significa en realidad es que los peticionarios (un subgrupo de demandantes) piden a la Corte que revise la decisión del 11º Circuito (la Corte de Apelaciones) de levantar la orden de protección que les permite proceder sin que sus nombres, direcciones, números de teléfono o información laboral sean revelados al público. Hasta ahora, aunque Chiquita tiene acceso a la información de identificación de estos peticionarios, la orden de protección ha impedido que la información se haga pública. Si las identidades de los peticionarios se hacen públicas, muchos de ellos correrán un alto riesgo de sufrir daños físicos, e incluso podrían ser asesinados.

El escrito de amicus curiae – firmado por once organizaciones internacionales de derechos humanos y un bufete de abogados colombiano – argumenta que la orden de protección no debe ser levantada, ya que revelar la identidad de los peticionarios pondría en peligro sus vidas. 

Esta entrada del blog comienza proporcionando los antecedentes del caso Doe vs. Chiquita. A continuación, se explica la historia procesal detrás de la orden de protección y por qué la Corte Suprema debe revisar la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando el peligro que enfrentan los y las defensores/as de derechos humanos en Colombia. Por último, discutimos por qué es importante que las comunidades afectadas por los abusos de las empresas puedan obtener recursos de forma segura y hacer que las empresas infractoras rindan cuentas. 

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De la locura a la impunidad: la paz pendiente en El Salvador

Por: Sol Yáñez

Doctora en psicología social, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador

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Foto: El Tiempo Latino

En El Salvador, tras los acuerdos de paz y durante el postconflicto, cuando se habla del dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la impunidad construida -que cristaliza el trauma psicosocial-, el discurso oficial ha exigido que no se abran las heridas, que hay que olvidar. Y la respuesta de las víctimas y de sus familiares siempre ha sido la misma: ¿qué se va a abrir, si las heridas nunca se cerraron? Siguen abiertas. Esas heridas son las que convocan este artículo.

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