Por: Fundación Myrna Mack
Como se sabe ampliamente, en el mes de abril de 2015, el Ministerio Público con el acompañamiento del Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG- y la Policía Nacional Civil, capturaron a los integrantes de una red criminal de defraudación aduanera denominada “La Línea”. Dicha red era integrada por personas particulares, empresarios y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dirigidos por Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.
Tal suceso inmediatamente alimentó los titulares periodísticos de todo tipo, pues era un “bombazo” en el corazón del poder ejecutivo al más alto nivel y anunciaba impensables consecuencias para los principales responsables de ese poder del Estado. Al mismo tiempo evidenciaba que el Estado estaba penetrado por las mafias de la delincuencia organizada, cobijadas por funcionarios públicos de todos los niveles, incluso el más alto y en complicidad con estructuras empresariales a través de negocios aparentemente legales.
Un golpe de tal magnitud puso en crisis a la institucionalidad pública en general y al sistema político que hacía posible su funcionamiento, y en consecuencia, el Estado mismo y particularmente el sistema de justicia tuvieron que enfrentar un torbellino de hechos, decisiones y consecuencias totalmente inesperadas en muy corto tiempo.
La elección presidencial llevada a cabo el 6 de septiembre y en segunda vuelta el 25 de octubre de 2015, , más que causar impacto en los temas de justicia, fue impactada por estos sucesos políticos que han venido dando la nota dominante de la vida nacional l. Estos hechos –la investigación impulsada por la CICIG de altos funcionarios del gobierno por corrupción que culminó en la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina y buen parte de su gabinete, dieron lugar a la discusión sobre la necesidad de reformar el sistema político mediante cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y otras leyes claves para el fortalecimiento del estado y la lucha contra la corrupción y pusieron en “tela de juicio” la conveniencia de realizar las elecciones en la fecha prevista, en tanto no se aprobaran dichas reformas.
Vale decir que en el inicio del año aunque el malestar social era extendido, se preveía un proceso electoral agresivo pero con un resultado que parecía “cantado”. La victoria del Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y de su candidato l Manuel Baldizón parecían aseguradas, Nadie imaginaba que antes del proceso electoral el poder ejecutivo estaría descabezado, con el Presidente y Vicepresidente de la República en la cárcel, los poderes judicial y legislativo cuestionados y bajo presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general.
El sistema de justicia, aunque profundamente penetrado por los poderes ocultos y la delincuencia organizada, se vio forzado a actuar por la magnitud de los hechos descubiertos y denunciados por la CICIG, el Ministerio Público y por la exigencia de la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos. Igualmente, se vio presionado por la protesta popular masiva que a lo largo de cinco meses movilizó a representantes de prácticamente toda la vida nacional.
Cabe recordar que los procesos de selección de candidatos para el nombramiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal (institución cuyo Director aun no ha sido nombrado), realizados durante el año 2014 por las Comisiones de Postulación respectivas, fueron profundamente cuestionados por carecer de legitimidad ética y política al mediar tráfico de influencias a favor de poderes fácticos e incluso de la delincuencia organizada en búsqueda de impunidad.
En este panorama, el sistema de justicia que ya de por sí tiene serias carencias en todas sus instituciones , como por ejemplo la inexistencia de un sistema de carrera profesional, la poca independencia (el organismo judicial depende de la asignación presupuestaria del Congreso y frecuentemente es manipulado por esta vía) y el tráfico de influencia mayoritariamente desde el ejecutivo., la escasa cobertura y visión monolingües y mono cultural (en un país con diversos pueblos originarios con más de 19 lenguas propias), debió enfrentar un contexto políticamente urgente y de gran envergadura, para el cual no estaba preparado.
Hasta ahora la actuación del sistema, si bien es cierto no ha sido totalmente mala, tampoco puede decirse que es muy buena. Ha tomado decisiones importantes pero a empujones, presionado por las circunstancias y bajo el impulso de la presión popular y mediática que no le dio tregua hasta ahora. La actuación del Ministerio Público ha sido importante, pero en realidad la Fiscal General y algunas de sus dependencias solo están cumpliendo con su deber, lo que parece mucho dado que con frecuencia sus actuaciones son deficientes. Por otro lado, apenas se están dando los primeros pasos de estos procesos legales que se anuncian largos y difíciles. Una cosa es lograr aprehensiones y cárcel provisional para imputados en distintos casos de corrupción, incluyendo al ex Presidente y la ex Vicepresidente de la República, y otra muy distinta lograr resoluciones condenatorias por los delitos de los que son juzgados; como se ve el asunto recién comienza y no es para “lanzar las campanas al vuelo”.
El proceso electoral recién concluido, que para muchos no debió realizarse sin hacer las reformas antes mencionadas, que habrían hecho posibilitado en el mediano y largo plazo cambios reales enel funcionamiento del sistema político y del Estado, trajo como resultado la elección presidencial de un personaje inédito políticamente hablando. Un comediante sin experiencia política y menos como “hombre de Estado”, se promocionó como “ni ladrón, ni corrupto” y capitalizó el hartazgo y rechazo de las capas medias urbanas hacia la clase política.
Sin embargo, no es un personaje neutral y aséptico. En realidad, tiene más de diez años de estar relacionado con personas de poder e influencia política en la extrema derecha militar y finquera del país, incluso se le vincula con personajes muy obscuros como Byron Lima Oliva, preso por la comisión de la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan José Gerardi Conedera en 1998. Tiene una relación dependiente y con muchos favores por pagar con Remigio Ángel González y González, empresario de origen mexicano nacionalizado guatemalteco y propietario de la red latinoamericana de medios Albavisión, es decir el monopolio de la televisión abierta en Guatemala. Allí Morales transmitió durante 10 años el programa cómico “Moralejas” con el cual se hizo de una “imagen” conocida nacionalmente.
En estas condiciones la influencia que el resultado de las elecciones pueda tener en el sistema de justicia no parece ser en beneficio de su independencia y fortalecimiento. Dependerá de la decisión de las autoridades judiciales mantener la línea que tímidamente empezaron a transitar o volver a su tradicional sujección con los poderes fácticos a través del poder ejecutivo o el mangoneo presupuestal del poder legislativo. Sobre todo, si la presión de la Embajada de Estados Unidos baja de intensidad, si considera que sus objetivos estratégicos están a salvo, o los de la CICIG, que es financiada mayoritaria por dicho país
En este panorama, el gobierno recién electo seguramente mantendrá la agenda económica y social de las élites hegemónicas de Guatemala, que tienen una representación visible en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Además de otras organizaciones formales como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y también las instancias de presión informal y muy fuertes que se mantienen por medio de operadores políticos, intelectuales orgánicos y un sin fin de cooperadores en el sector académico, medios de comunicación social, organizaciones privadas de investigación o incidencia política, etc.
Esta influencia necesariamente afectará al sistema de justicia, en tanto la tradicional opacidad empresarial y elitaria en Guatemala en temas sustanciales, por ejemplo, el fiscal y laboral. Además de los privilegios de acción pública en decisiones judiciales que tradicionalmente favorecen a los sectores económicamente hegemónicos, se hará sentir en el momento de las decisiones de las cortes y coincidirá además con la impunidad que necesitan las mafias y los sectores militares partícipes de la corrupción o de graves violaciones de derechos humanos, que se cobijan detrás de la figura del presidente recién electo.
El actual accionar del Sistema de Justicia y su aparente cumplimiento de deberes, pende de un hilo en lo político, y además de un incierto futuro económico. Las finanzas públicas están en una de sus horas más bajas e incluso con posibilidad de impago de compromisos financieros internacionales, lo que desataría una crisis económica que no es previsible en sus consecuencias. Por tanto,, el impacto de las elecciones en los temas de justicia y Estado de Derecho, no es alentador, mas bien se anuncia como el inicio del recrudecimiento de un estado de postergación y crisis que afectan desde hace mucho al país.
Justicia en las Américas 