Katharine Valencia

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala comenzó hoy a analizar las aptitudes de los candidatos que aspiran a convertirse en el/la próximo/a Procurador/a de Derechos Humanos.

El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), con un mandato de cinco años, tiene entre otras, la facultad de investigar y dar a conocer actos que constituyen violaciones de derechos humanos, y promover acciones o recursos judiciales o administrativos para su protección. Así lo hizo el actual Procurador cuando, por ejemplo, presentó memoriales en calidad de amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en defensa de los derechos de pueblos indígenas y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en situaciones urgentes. Se trata de un cargo que, por su trascendencia, ha recibido la denominación de “magistratura de conciencia”. Actualmente, la PDH también está integrada por una decena de defensorías especializadas, que se encargan de defender los derechos de poblaciones especialmente vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores y pueblos indígenas.

¿Por qué el Procurador de los Derechos Humanos es tan importante en Guatemala?

Si bien muchos países cuentan con un funcionario de este tipo, la historia reciente de conflicto armado en Guatemala hace que el rol del Procurador de los Derechos Humanos revista particular trascendencia. Guatemala está en un punto decisivo de su historia, luego de notables esfuerzos de avance. La semana pasada se cumplieron dos años del inicio de las marchas masivas contra la corrupción, en las que, de forma pacífica, los ciudadanos reaccionaron a información revelada por la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) sobre graves casos de corrupción. Las protestas propiciaron la renuncia y la detención del entonces Presidente de la República y de la Vicepresidenta en funciones. Por otro lado, en los últimos años, los tribunales de justicia han dictado sentencias en causas importantes relacionadas con violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Asimismo, el Congreso de Guatemala está analizando reformas constitucionales que, entre otras cosas, procurarían limitar la influencia que tienen los poderes fácticos en los procesos de selección judicial. Si bien muchos reconocen estos avances loables, hay sectores fuertes y resueltos que se oponen con vehemencia a los juicios por crímenes del pasado, a la presencia y el rol de la CICIG en el país, y a los proyectos de reforma constitucional. En este contexto de clara división, hay una preocupación concreta por el hecho de que algunos grupos que pretenden reinstaurar la situación anterior, están operando entre bastidores para que se favorezca a sus candidatos y, así, influir en la designación del titular de la PDH.

Por estos motivos, como nunca antes, es importante que haya un proceso transparente y basado en el mérito para identificar y elegir a los candidatos más idóneos, y asegurar de este modo que el nuevo Procurador tenga un compromiso genuino y la experiencia necesaria para promover y defender eficazmente los derechos humanos en Guatemala.

Proceso

La Constitución y el marco legal establecen que el Procurador de los Derechos Humanos es elegido por el Congreso de una terna de candidatos propuesta por la Comisión de Derechos Humanos (integrada por un representante de cada partido político). Durante el mes de mayo, ésta Comisión evaluará los antecedentes de los 31 postulantes, para elegir a los tres finalistas que propondrá al Pleno del Congreso.

La sociedad civil y los medios de comunicación independientes deberían trabajar activamente para que sean seleccionados como finalistas los mejores candidatos, y para que no prosperen aquellas candidaturas de personas que tengan una clara posición “antiderechos”. Una forma de lograrlo es hacer un seguimiento atento de la labor de la Comisión de Derechos Humanos y exigir transparencia. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil ya están trabajando arduamente en esto, se necesita la participación de un espectro más amplio de ONGs que promueven los derechos humanos y la transparencia. Concretamente, del 11 al 17 de mayo, la sociedad civil tendrá la posibilidad de presentar ante la Comisión, “pruebas de cargo” contra los postulantes. Por ende, activistas, abogados y periodistas independientes deberían estar preparados para presentar impugnaciones contra los candidatos que no cumplan los requisitos de idoneidad.

 Requisitos para el cargo

El marco legal aplicable solamente especifica que el Procurador de Derechos Humanos debería cumplir los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el candidato debe ser abogado y guatemalteco de origen y de “reconocida honorabilidad.” Estos elementos deben entenderse como requisitos mínimos (controles negativos) y no como una descripción del perfil ideal que los aspirantes mejor preparados deberían satisfacer (control positivo). Los elementos del perfil ideal para el cargo de Procurador incluyen, a modo de ejemplo, alta calidad moral, además de amplia experiencia en la defensa o promoción de los derechos humanos en Guatemala y un sólido conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. El Procurador de los Derechos Humanos, al igual que otros altos funcionarios judiciales o cuasijudiciales, debería ser independiente tanto a nivel personal como institucional. Es decir, la candidata o el candidato debería estar dispuesto a sostener una postura firme ante el poder y evitar y resistir las presiones para mirar hacia otro lado ante violaciones de derechos humanos, impunidad y violencia estructural.

Esto implica que las organizaciones de la sociedad civil deberían presentar todas las evidencias que sugieran que candidatos a la PDH puedan tener vínculos o relaciones poco claras con grupos ilícitos o estructuras de poder que actúan en detrimento de los derechos humanos, señalamientos de corrupción (o conflictos de intereses que los harían propensos a corrupción); u otros factores que indiquen de manera razonable que un candidato no tendría la voluntad o la capacidad para defender los derechos humanos de todos los guatemaltecos, y estos supuestos, cuando estén debidamente fundamentados, deberían llevar a que la Comisión excluya al candidato en cuestión. Por el contrario, aquellos aspirantes que demuestren una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, un compromiso con la independencia y la lucha contra la corrupción, y la capacidad de representar a todos los guatemaltecos, especialmente a los grupos marginados, deberían avanzar en el proceso y ser promovidos por la sociedad civil.

Conclusión

El/la próximo/a Procurador/a de los Derechos Humanos entrará en funciones en agosto de 2017. Intentemos que sea una ocasión para celebrar y avanzar en la protección y la promoción de los derechos humanos en Guatemala, y no un retroceso que tendría repercusiones negativas durante los próximos cinco años y con posterioridad.

Katharine Valencia, Oficial de Programa DPLF