No son sólo dos estadísticas adicionales, sino dos seres humanos ejemplares, excepcionalmente valientes, con una trayectoria heroica. En su lucha por la verdad y la justicia, Miriam Rodríguez enfrentó la incapacidad del Estado de buscar a las personas desaparecidas e investigar. Y logró algo excepcional: no sólo encontrar los restos de su hija desaparecida, sino también identificar a los presuntos responsables y asegurar que fueran procesados. Miriam fue asesinada enfrente de su casa el Día de la Madres. Javier Valdez escribió sobre el poder del narco. En marzo tuiteó sobre el asesinato de Miroslava Breach, otra valiente periodista que investigaba los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder político, asegurando que no se dejaría silenciar. Ayer unas balas silenciaron a Javier, casi enfrente de su oficina.

Si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien defiende derechos humanos envía un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no sólo afecta a su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se viola el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Además, los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada, muestran que ser reconocido ya no es sinónimo de protección. Prueba de ello es que en 2011 Javier Valdez recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por el prestigioso Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Por otra parte, a Isidro Baldenegro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, asesinado en enero pasado en Chihuahua, tampoco lo protegió el hecho de que había recibido el igualmente prestigioso Premio Goldman.

Las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil, por tres razones:

Primero, porque, según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger. En un país federal eso incluye ambos niveles: la federación y las entidades federativas. En lugar de responsabilizar cada uno al otro, ambos deberían desarrollar una política integral de protección; necesitan mostrar que realmente hacen todo lo posible para proteger a las personas amenazadas.

Segundo, porque existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada, y porque en muchos casos los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos. De hecho, cuando se trata de desapariciones, las familias nos han indicado que un alto porcentaje se trata de desapariciones propiamente forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia. De manera similar, las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas constatan que en muchos casos las amenazas vienen de agentes del Estado.

Y tercero, porque la enorme mayoría de los 126 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y lo que va de 2017 –según la CNDH– han quedado impunes, así como las desapariciones. La Fiscalía para Delitos contra Libertad de Expresión ha sido, hasta la fecha, un ejemplo de ineficacia. El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos.

Después de esta nueva ola de asesinatos, es bastante probable que vamos a escuchar llamamientos para poner en marcha una política de mano dura contra el crimen organizado. Pero lo que se necesita no es mano dura. Lo que se necesita es un estado de derecho.