Leonardo Sempértegui
Es innegable que la conclusión del gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) ha marcado un cambio de ánimo ciudadano. A pesar de que el Presidente Lenín Moreno es del mismo movimiento político, y de que su partido controla la Asamblea Nacional y la mayoría de espacios de poder público (señalando a los gobiernos autónomos descentralizados como clara excepción), la sensación es que el poder central no está a cargo de todos los actos del estado.
Ursula Indacochea
Es probable que nadie discuta la importancia de seleccionar a personas independientes para ocupar los altos cargos de las instituciones de justicia. Es probable que nadie discuta, tampoco, la importancia de que estas designaciones sean acompañadas y vigiladas por la ciudadanía, pues como bien ha señalado la CIDH, eso permite evitar influencias indebidas de otros poderes, y facilitar la identificación del mérito y capacidades profesionales de los candidatos. Pero para que eso suceda, los ciudadanos necesitan información.
Antonio Maldonado Paredes
En julio pasado, el Presidente Pedro Pablo Kucynski (PPK), presentó ante el Congreso del Perú un proyecto de ley para la reforma constitucional de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de la elección y ratificación de jueces y fiscales. Esencialmente, el proyecto incorpora representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo como miembros del Consejo, eliminando la participación de la sociedad civil.
Ramiro Orías y Ursula Indacochea
Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.
Claudia Escobar
Guatemala es un pequeño país en Centroamérica que no acapara la atención de la prensa internacional y cuando lo hace es principalmente por asuntos relacionados con la violencia o la inestabilidad política. Sin embargo, últimamente el país ha sido reconocido por los esfuerzos realizados por la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Björn Arp
Abogado de derechos humanos y miembro de la Federación Interamericana de Abogados
Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011-2013. El libro es una buena muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.
Eddie Cóndor Chuquiruna
Director Ejecutivo de Fundación Buen Gobierno
La Constitución Política del Estado (art. 178-II), establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.
La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje -fijo- del presupuesto general del Estado, suficiente que haga viable los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permitan gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.
