Justicia en Panamá: Entre crisis y reformas pendientes

Por: Ramiro Orías

Fellow en DPLF

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Foto: La Prensa

  1. Crisis Judicial.-

El Órgano Judicial en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis, que no es reciente, pero que en el último año se ha agravado notablemente debido a denuncias de corrupción, acusaciones reciprocas y conflictos de poder entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos hechos han llevado a una situación de desestabilización institucional y baja credibilidad pública de la Corte, que ha perdido el liderazgo político que esa instancia debería tener.

A principios del año 2015, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna fue destituido, procesado y condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. Moncada Luna se encuentra ahora recluido en una penitenciaria panameña. Al poco tiempo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides, renunció al cargo luego de ser denunciado por enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y corrupción pública. En diciembre de 2015, se procedió a la nominación de los nuevos magistrados reemplazantes, lamentablemente dentro un proceso calificado por algunos actores como opaco y no basado en criterios objetivos de mérito y trayectoria profesional, por lo que se perdió una importante oportunidad de mejorar la alicaída imagen del máximo tribunal de justicia.

En el último tiempo, la Asamblea Nacional ha recibido al menos 25 querellas contra siete de los nueve Magistrados de la Corte Suprema de Justicia[1]. De ellas, el actual Presidente de la CSJ, José Ayú Prado, es quien más denuncias tiene en su contra, con un total de 13. Las acusaciones tratan diversos supuestos delictivos, desde el uso excesivo de recursos públicos para viajes internacionales, peculado, abuso de autoridad, destrucción de pruebas, tráfico de influencias, extralimitación de funciones, incumplimiento de deberes, interferencia a las labores de investigación del Ministerio Público y corrupción de funcionarios.

La mayoría de las denuncias presentadas contra dichos Magistrados ante la Asamblea Nacional -aunque algunas fueron archivadas- se encuentran pendientes de resolución en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales, instancia legislativa que ha demorado y dilatado su informe de admisibilidad, necesario para pasar a juicio de responsabilidades. Esto se da al mismo tiempo que la Corte Suprema ha determinado no investigar y juzgar a algunos Diputados Nacionales por la comisión de delitos electorales (uso indebido de recursos públicos en la campaña electoral de 2015). Por su parte, frente a la crisis judicial, el Presidente de la Republica ha señalado que el Órgano Ejecutivo no tomará iniciativa alguna frente a este problema, ya que se trata de divergencias internas del Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia viene atravesando un proceso de desgaste y debilitamiento de su credibilidad pública, en un momento político particularmente sensible, en que mantiene abiertos, al menos, 12 procesos contra el ex Presidente Ricardo Martinelli por supuestos actos de corrupción durante su mandato (2009-2014). El caso más avanzado es el relacionado con la ilícita interceptación de comunicaciones telefónicas con fines políticos, además de otros casos de corrupción y daño económico al Estado. Actualmente existe una orden de detención en contra de Martinelli, quien se encuentra en los Estados Unidos y se han iniciado los trámites internos para su extradición.

La sociedad civil y los gremios de abogados han solicitado al Gobierno invitar a Panamá a la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a fin de que conozca la situación y emita recomendaciones con miras a solucionar la crisis en la justicia; que ya ha desbordado al escenario internacional. Recientemente, el Presidente de la CSJ, José Ayú Pardo, fue invitado a Washington DC por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para recibir un reconocimiento como embajador de la buena voluntad por la justicia Ambiental en las Américas. Luego de serios cuestionamientos de la sociedad civil panameña, se le comunico que ya no recibiría dicha distinción[2].

Entre otras cosas, esta crisis es una muestra del agotamiento del modelo actual de designación de los Magistrados, que son nombrados mediante acuerdos del Consejo de Gabinete de Ministros, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, para un período de diez años, si un procedimiento pre-establecido basado en la calificación de meritos y abierto al escrutinio público dirigido a elegir a los más idóneos. Por esta razón se hace necesario promover la reforma del actual sistema de nombramiento de magistrados, que es de tipo político, donde el Ejecutivo tiene gran discrecionalidad, por uno más transparente e independiente basado en méritos, publicidad y participación ciudadana.

  1. Antecedentes de la crisis: la pendiente reforma de la justicia.-

El principal problema del sistema judicial panameño es la falta de “acceso de los ciudadanos a la justicia”, resalta el Audito Ciudadano a la Justicia en Panamá elaborado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia como organización de la sociedad civil, con el apoyo del PNUD (2004). El Informe destaca que aún existen muchos problemas en la esfera judicial, como: el rezago judicial, el alto número de presos sin condena, la falta de autonomía presupuestaria, la corrupción en el sistema judicial, la percepción de impunidad y selectividad de la justicia, la poca transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema, concluyendo que la mejora del acceso a la justicia tiene que ver con el funcionamiento de un sistema “imparcial, calificado y transparente”. Para ello, frente a la grave crisis en el poder judicial, se propuso la formulación de un Pacto de Estado para la reforma integral y consensuada del sistema de justicia.

En marzo del año 2005, el Presidente de la Republica, convocó a la firma de un Pacto de Estado por la Justicia y creó una Comisión de Estado para elaborar una agenda de consenso entre todas las instituciones del sector justicia y la sociedad civil, definiendo un conjunto de acciones encaminadas a la reforma judicial. Si bien en principio se impulsaron diversas iniciativas, el proceso fue debilitándose gradualmente y no alcanzo sus propósitos. Por ejemplo, en el 2008 se aprobó un nuevo Código Procesal Penal, pero su implementación se postergo por varios años.

Entre los años 2009 al 2014 se mantuvo inactiva la Comisión de Estado por la Justicia, lo que impidió que se avanzara en la agenda de la reforma integral acordada en el año 2005, implicando grandes retrocesos en materia de administración de justicia. A partir del 2015, se reactivó la dinámica en el proceso de la reforma del sistema penal y su implementación en tres distritos judiciales del país, así como la discusión sobre la Ley de Carrera Judicial finalmente aprobada (Ley 53 del 27 de agosto de 2015). En ambos casos está pendiente otorgar el presupuesto para su adecuada implementación institucional.

El nuevo sistema penal acusatorio, que debería empezará a regir desde septiembre de 2016 en el Primer Distrito Judicial, enfrenta escasez de recursos para desarrollar la amplia estructura logística que se requiere. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó el presupuesto que el Órgano Judicial había solicitado para la implementación del nuevo modelo penal a partir de dicha fecha. El presupuesto Judicial que se había programado por $257 millones para este año, fue recortado a $119 millones.

El Órgano Judicial panameño requiere recuperar su liderazgo e iniciativa institucional para implementar y gestionar las reformas pendientes, y para que estas sean sostenibles en el largo plazo se hace necesario establecer un mecanismo de renovación de sus altas autoridades que asegure el cumplimiento de los estándares internacionales de independía judicial y transparencia.

  1. Conclusiones.-

Claramente, la crisis judicial es parte de una crisis política más compleja, que entre sus causas podría estar una posible intención de desestabilizar y deslegitimar esta instancia para el juzgamiento de ex autoridades públicas. En ese sentido, requiere también de una solución política que reencauce el proceso de consolidación institucional para una justicia independiente y transparente.

En Panamá el Órgano Judicial tiene un alto nivel de dependencia de los otros poderes públicos. El Ejecutivo controla su presupuesto y el Legislativo elige a la Corte Suprema, en base a las nóminas que le envía el Presidente de la Republica. En ese sentido, para viabilizar la agenda de reformas pendientes resulta crucial solucionar la actual crisis en el Órgano Judicial. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse oportunamente y definir la situación jurídica de las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y pasar a un nuevo acuerdo político con el objetivo de fortalecer la independencia judicial. Para ello, será necesario avanzar en lo siguiente.

  • Desarrollar a nivel constitucional y legislativo un nuevo sistema de nombramientos de Magistrados de la CSJ, a cargo de una entidad independiente de los poderes políticos, que utilice un sistema de concursos, con criterios transparentes de evaluación de méritos y trayectoria profesional de los postulantes, con las garantías de publicidad, escrutinio público y participación ciudadana.
  • Renovar los acuerdos del Pacto de Estado  por la Justicia, a fin de guiar el proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia en Panamá.
  • Desarrollar las políticas institucionales necesarias para iniciar el proceso de institucionalización de la carrera judicial, así como aprobar un plan de implementación y cronograma de ejecución. Al efecto, se debe proceder a la designación del secretario técnico de recursos humanos, encargado de gestionar los concursos.
  • Implementar de manera plena el nuevo sistema procesal penal, dotando de los recursos y capacidades necesarias para su funcionamiento.
  • Ampliar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, mejorando los servicios de asistencia legal y desarrollando mecanismos de justicia paz y comunitaria.

 

[1] La Prensa, Diputados dilatan denuncias contra Magistrados de la CSJ, Panamá, 14 de marzo de 2016:

http://www.prensa.com/politica/Casos-magistrados-mantienen-engavetados_0_4436556403.html y

http://www.prensa.com/politica/Magistrados-expedientes-Asamblea_0_4410309022.html

[2] La Prensa, Once ONG exigen a la OEA no distinguir a Ayú Prado, Panamá, 10 de febrero de 2016: http://www.prensa.com/judiciales/ONG-OEA-distinguir-Ayu-Prado_0_4412558793.html#sthash.p877hNuU.dpuf

La Prensa, Ayú Prado no será embajador de buena voluntad, Panamá, 12 de febrero de 2016: http://www.prensa.com/judiciales/ayu-prado-oea-dialogo-embajador_0_4414058682.html#sthash.kyr58MV3.dpuf

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