Reflexiones acerca de la situación de los derechos humanos en Panamá

Informe presentado a la CIDH por organizaciones panameñas de la sociedad civil en el marco de su 159° Período de Sesiones, realizado en Ciudad de Panamá.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido el papel que cumplen las y los operadores de justicia en los países de la región en su tarea de preservar el Estado de Derecho y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial, en los términos establecidos por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Do human rights belong to humans exclusively?

 

Stephany Caro Mejia and Ricardo Abend Van Dalen, DPLF Interns

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Photo: ICAR

In a landmark and controversial decision, the U.S. Supreme Court held in Citizens United v. FEC (2010) that the government may not restrict political speech on the basis of the speaker’s corporate identity (regardless of for-profit or non-profit status) because corporations, like natural persons, have a First Amendment right to free speech.

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Justice in Panama: between crisis and pending reforms

By Ramiro Orías 

DPLF Fellow

Versión en español

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Photo: La Prensa

  1. Judicial Crisis

The Judiciary in Panama is in the midst of a serious and prolonged crisis. While it is not new, it has worsened noticeably within the past year due to reports of corruption, back-and-forth accusations, and power struggles among the Justices of the Supreme Court (CSJ). These events have led to a climate of institutional destabilization and the low public credibility of the Court, which has lost the political leadership it should possess.

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Justicia en Panamá: Entre crisis y reformas pendientes

Por: Ramiro Orías

Fellow en DPLF

English version

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Foto: La Prensa

  1. Crisis Judicial.-

El Órgano Judicial en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis, que no es reciente, pero que en el último año se ha agravado notablemente debido a denuncias de corrupción, acusaciones reciprocas y conflictos de poder entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos hechos han llevado a una situación de desestabilización institucional y baja credibilidad pública de la Corte, que ha perdido el liderazgo político que esa instancia debería tener.

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