Reflexiones acerca de la situación de los derechos humanos en Panamá

Informe presentado a la CIDH por organizaciones panameñas de la sociedad civil en el marco de su 159° Período de Sesiones, realizado en Ciudad de Panamá.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido el papel que cumplen las y los operadores de justicia en los países de la región en su tarea de preservar el Estado de Derecho y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial, en los términos establecidos por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el mes de octubre del presente año enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de audiencia para exponer la grave crisis que enfrenta la administración de justicia panameña, debido a que llevamos 11 años con un sistema de justicia donde se nombran y remueven jueces de manera discrecional.

En agosto del 2015, luego de muchos años de exigencia ciudadana, se aprobó la Ley que regula la Carrera Judicial y se creó a su vez la Jurisdicción de Integridad y Transparencia competente en materia disciplinaria, pero aún no se le han asignado los recursos por lo que en el 2017 seguiremos con la situación de libre nombramiento y remoción de jueces.

Lo peor ha sucedido luego de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. En agosto y septiembre del 2016, casi un año después de la aprobación de la nueva Ley, se nombró a más de 900 funcionarios del Órgano Judicial por el Pleno y la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, todos basados en criterios de absoluta discrecionalidad y sin estabilidad en sus cargos. Es decir, nos encontramos ante un Órgano Judicial caracterizado por la interinidad y la extrema precariedad.

En Panamá no existe, en este momento, garantía de jueces probos, competentes y preparados para la tarea de administrar justicia, lo que coloca en total fragilidad la actuación de los jueces y por ende el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz e independiente.

Si los jueces de la República que son los encargados de velar porque se respete la Constitución, las Leyes y los derechos fundamentales de las personas, no están debidamente capacitados, son nombrados de manera interina y removidos sin debido proceso, definitivamente peligran los derechos humanos y la seguridad jurídica de todos los habitantes de las República.

Situación de los defensores de derechos humanos y los activistas sociales en Panamá.

En medio de esta crítica situación de la administración de justicia nos encontramos con varios casos de defensores de derechos humanos, activistas sociales y comunitarios que son acosados o molestados por parte de empresas, debido a sus acciones en defensa del ambiente y de sus comunidades.

  1. El caso de los cuatro moradores de la Isla de Pedro Gonzalez que actualmente llevan 30 días detenidos, por una denuncia de daños a la propiedad por parte de la empresa con la que mantienen un conflicto por tierras en dicha comunidad.
  2. El caso de la Señora Larissa Duarte, activista social y ambiental de la provincia de Veraguas, que fue demandada por diez millones de dólares por haber presentado oposición a un proyecto hidroeléctrico.
  3. El caso de Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de derechos humanos de la Provincia de Darién, que fue amenazada por su defensa de la Laguna Matusagaratí, y que debió salir del país como medida de seguridad.
  4. El caso de los vecinos de la comunidad de Coco del Mar que por su lucha en contra de un proyecto que afectaba el ambiente y su calidad de vida fueron denunciados penalmente con solicitud de detención preventiva y ahora demandados civilmente por lo que viven en una constante incertidumbre y acoso.

Hemos denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las instancias de Naciones Unidas que la administración de justicia en Panamá no es garantía para los defensores de derechos humanos y para ello solo debemos recordar los episodios de abuso policial ocurridos durante las protestas de Changuinola (2010), examinados durante el primer ciclo del mecanismo de Examen Periódico Universal, y los sucesos de San Félix y Colón (2011-2012), donde principalmente fueron afectadas comunidades indígenas y afrodescendientes, todos documentados y conocidos por las instancias internacionales de derechos humanos. Ninguno de estos graves episodios de violaciones a los derechos humanos fueron investigados ni juzgados y por lo tanto no hubo condena a sus autores materiales e intelectuales, mucho menos se ha ofrecido reparación a las víctimas, quedando en impunidad estos casos de abusos en el ejercicio de la fuerza del Estado.

Además de estos y otros casos contra activistas y defensores de derechos humanos, están en juego la tutela de los derechos humanos de todos los habitantes de la República, los derechos de todas las personas sometidas al sistema judicial panameño, los cientos de casos por conflictos socio ambientales que afectan a comunidades urbanas, indígenas, afrodescendientes y campesinas, en especial el conflicto por Barro Blanco y por lo menos 30 casos de corrupción de alto perfil que han causado una lesión patrimonial de más de 500 millones de dólares al Estado panameño y que se encuentran hoy a la espera de decisiones judiciales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, establece el derecho que tienen todas las personas a ser oídas con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que les ampare contra todos los actos que violen sus derechos humanos. Los panameños y panameñas reclamamos este derecho establecido en la Convención Americana.

Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos acudido por lo menos en cuatro ocasiones a ustedes para exponer los problemas institucionales de la administración de justicia y la falta de una Carrera Judicial en Panamá y estamos esperando desde el 2010 un pronunciamiento por parte de ustedes.

 

Redes

Asamblea de Acción Ciudadana

Alianza Ciudadana Pro Justicia

Alianza de Mujeres de Panamá

Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)

Coordinador Nacional de Organizaciones Negras Panameñas

Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (FEDAP)

Frente Amplio Colonense

Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad.

Red Ciudadana Urbana

Red Nacional en Defensa del Agua

Red de Derechos Humanos de Panamá

 

Organizaciones

Alianza por un Mejor Darién

Afro Panameña Soy

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Ambiental del Residentes de Coco de Mar y Viña del Mar

Asociación de Comunidades de Áreas del Canal

Asociación Conciencia Ciudadana

Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)

Centro de Capacitación Social (CCS)

Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)

Colectivo Voces Ecológicas

Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Coordinadora para Defensa de Tierras y Aguas de Coclé –CODETAC

Coordinadora Nacional Pro Rescate Torrijista

Espacio Encuentro de Mujeres (EEM)

Federación de Asociación Ecologista Panameña

Fundación por el Panamá Que Queremos

Fundación Generación sin Límites

Fundación Levántate y Anda

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad

Frente por la Defensa de la Democracia

Frente Santeño contra la Minería

#Juntos Decidimos

Movimiento Democrático Popular

Movimiento Institucionalidad y Justicia

Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre

Red Continental Personas Mayores de América Latina y el Caribe/ Panamá

Servicio Paz y Justicia – Panamá

Unión Nacional de Mujeres Panameñas

Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá

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