Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

 El 16 de enero de 2017 se cumplirán 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas de paz resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con el legado de masivas violaciones a los derechos humanos. Una significativa deuda es la falta de esclarecimiento de las desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5,000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10,000. La mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados con posterioridad. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó todo conocimiento de lo que les pasó. Ni un solo caso ha sido resuelto por acciones estatales[1].

Los años han pasado y la principal necesidad de las familias afectadas por los crímenes del conflicto armado, sigue siendo la de saber qué les sucedió a sus seres queridos, dónde están, recuperar sus restos y darles una digna sepultura para honrar su vida y memoria. Durante el periodo bélico y en los primeros años del postconflicto, las familias, especialmente las mujeres -madres, abuelas, hermanas e hijas- tomaron como propias las tareas de búsqueda: recorridos por prisiones, recintos militares, hospitales, o en supuestos sitios de ejecución o entierro; muchos las amenazaron: podrían correr la misma suerte de los que buscaban; otros simplemente las ignoraron, por indolencia o complicidad.

Esas valientes mujeres, y algunos hombres, eventualmente se organizaron, documentaron las denuncias que se multiplicaban, contaron en foros internacionales como el país se desangraba y enfrentaron al Estado que las reprimiría. En suma, juntaron fuerzas del miedo y la debilidad para tomar acción. En su camino de lucha fueron acompañadas por líderes de organizaciones de derechos humanos, quienes actuaban desde la solidaridad, pero sin todas las herramientas técnico- profesionales necesarias para sostener el proceso.

Más tarde, los impulsos se agotaron, los recursos escasearon y las respuestas oficiales no llegaron, ni con la paz ni con sucesivos gobiernos de derecha e izquierda. Hasta el día de hoy el Estado de El Salvador no ha asumido como suya la obligación de la búsqueda, no existe una política nacional para la determinación del paradero de las personas desaparecidas, ni un mecanismo nacional que atienda esta problemática pendiente; pero no todo está perdido. Hoy se vislumbran nuevos signos de esperanza.

En los últimos meses organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, junto a comités de víctimas, han retomado los esfuerzos por demandar del Estado la conformación de institucionalidad destinada a encontrar a las personas desaparecidas, en particular desde el Poder Ejecutivo.

El Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso de toma de posesión en junio de 2014 afirmó que “el país tiene una deuda moral con los desaparecidos y sus familias que debe ser solventada”.

Apelando a esta promesa, en junio de 2016, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, entre ellas DPLF, le presentaron una carta al Presidente[2], solicitando la creación de una Comisión de Búsqueda, formada por expertos independientes, que incluya capacidades genético-forenses y acompañamiento psicosocial. Esta petición ha dado lugar a un diálogo inicial en progreso.

Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, familiares de desaparecidos y organizaciones internacionales, están pidiendo al gobierno de ese país que apoye la creación de la Comisión y que desclasifique archivos con información sobre las operaciones en El Salvador en la década de los 80, que puedan contribuir a la identificación del paradero[3]. Los anuncios del Presidente Barack Obama sobre apertura de archivos relacionados con las dictaduras en Chile y Argentina fueron alentadores. No obstante, en ambos casos la iniciativa la tomaron los gobiernos latinoamericanos, es decir, la administración de Obama respondió a solicitud. El Salvador debe tomar ejemplo.

Internacionalmente se ha reconocido que el esclarecimiento del destino de los desaparecidos debe darse bajo un enfoque humanitario, no condicionado por las resultas de un proceso penal. Tampoco debe ser excluyente. La búsqueda de la verdad a través de un mecanismo no judicial no impide la activación de la justicia para los responsables de los crímenes. Son vías diferentes, y pueden ser complementarias, la decisión es de la víctima, nunca del Estado.

Por tanto, el sistema de justicia debe cumplir su propósito cuando se trate de desapariciones: investigar los hechos y procesar a los responsables. Esa es la tarea de fiscales y jueces en materia penal, pero por su parte el gobierno debe mostrar una voluntad decidida que favorezca la rendición de cuentas y tienda a evitar su repetición, compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, y recientemente, en la iniciativa de cooperación entre los países del triángulo norte y Estados Unidos, Alianza para la Prosperidad.

La creación de una comisión de esta naturaleza y el poner a disposición pública la información que obra en manos de autoridades militares o civiles en relación a la suerte de las personas desaparecidas en el conflicto, serian pasos positivos para dar alivio a las familias, pero también para la reconstrucción del tejido social y para generar credibilidad en las instituciones.

Adicionalmente las capacidades especializadas de un mecanismo como el que se propone podría dar pistas para el problema de las desapariciones en el marco de la violencia criminal actual. La Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que funciona por Decreto Ejecutivo, ha demostrado ser una experiencia útil que podría servir de modelo para atender la problemática de las personas adultas desaparecidas.

Confiamos en que el gobierno concrete la implementación del mecanismo nacional de búsqueda en los próximos meses. La tarea no se vislumbra fácil: la resistencia de las fuerzas armadas y de algunos miembros de la guerrilla no se harían esperar. Sin embargo, las respuestas deben llegar hoy. El tiempo de los familiares se agota.

[1] Exceptuamos las desapariciones de niñas y niños que son investigadas por una Comisión creada por decreto ejecutivo, la cual ha resuelto varios casos. Ver su sitio web http://www.cnbelsalvador.org.sv/

[2] Texto completo de la carta disponible en http://www.dplf.org/es/news/organizaciones-de-ddhh-demandan-creacion-de-comision-nacional-de-busqueda-de-personas

[3] Esta iniciativa de cabildeo ha sido liderada por la Fundación Mauricio Aquino (MAF), a través de la campaña “Los Huesos de Nuestros Padres” cuyo objetivo es encontrar los restos de los desaparecidos en El Salvador. Esta campaña es dirigida por jóvenes salvadoreño-americanos que sobrevivieron la desaparición forzada de una madre o un padre durante la guerra civil. El nombre de la Fundación es en honor a Mauricio Aquino Chacón, desaparecido por el ejército salvadoreño, padre de la co-fundadora y Presidente de la Junta Directiva Alexandra Aquino-Fike. http://www.ourparentsbones.org/la-fundacion-mauricio-aquino/. La MAF ha unido esfuerzos con DPLF, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.