Antonio Maldonado Paredes

En julio pasado, el Presidente Pedro Pablo Kucynski (PPK), presentó ante el Congreso del Perú un proyecto de ley para la reforma constitucional de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de la elección y ratificación de jueces y fiscales. Esencialmente, el proyecto incorpora representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo como miembros del Consejo, eliminando la participación de la sociedad civil.

Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que la elección de jueces a cargo de órganos políticos como los Parlamentos o los Poderes Ejecutivos, representan el mayor riesgo para la independencia de los jueces y fiscales, “por el alto grado de politización”[1].

El CNM fue considerado, por su arquitectura participativa y apolítica, como un modelo regional, sin embargo, en los últimos años fue objeto de serios cuestionamientos por la forma de elección y por la conducta indebida de algunos de sus integrantes. Puede citarse como ejemplo, la cuestionable elección de los representantes de universidades privadas -las de menor prestigio y calidad académica- que, por su número, lograron formar una alianza para colocar en el Consejo a personas que carecían de la suficiente idoneidad. Asimismo, fue de público conocimiento que candidatos a jueces y fiscales se reunían en conciliábulos con algunos Consejeros, para ganar nombramientos por medios ilegítimos e ilegales, a través de tráfico de influencias y corrupción

De esta manera, un Consejo que fue -en su día- un paradigma nacional y regional, se ha convertido hoy en una institución cuestionada y desacreditada que genera desconfianza ciudadana. Por ello, corregir estos problemas es urgente y necesario, y ciertamente requiere una reforma constitucional. Pero no de cualquier modo, ni a cualquier precio.

Desde noviembre del pasado año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera el Acuerdo Nacional por la Justicia, que es un espacio inter-institucional impulsado para debatir sobre los problemas del sistema de justicia, y en el cual participa activamente el propio CNM. El propósito de este Acuerdo, es diseñar y construir políticas públicas, así como proponer reformas en aspectos relevantes, entre ellos, los relativos al funcionamiento del CNM.

Conforme ha sido aceptado por el propio gobierno, el proyecto de ley de reforma constitucional sobre la composición del CNM, surgió después de una reunión celebrada entre PPK y Keiko Fujimori, la lideresa del partido político que cuenta con mayoría en el Congreso; y no es producto del debate en el Acuerdo Nacional por la Justicia. Es precisamente el origen de esta propuesta, lo que despierta gran sospecha: lejos de ser bien recibida, la iniciativa ha sido rechazada por jueces, fiscales, abogados, y organizaciones de la sociedad civil, por considerar que se pone en riesgo la independencia y autonomía de este órgano y por no haber tomado en cuenta el espacio natural para la discusión y analisis de una propuesta de reforma, que es el Acuerdo ya citado.

Claramente el otro protagonista de esta propuesta de reforma constitucional es el fujimorismo, y concretamente, Keiko Fujimori. El fujimorismo no es una fuerza de oposición que, dentro del juego democrático, se mantiene leal al Estado de Derecho y a los valores democráticos; por el contrario, se trata de una mayoría ubicada en el Congreso que pretende gobernar de facto, debilitando al gobierno, al que coloca muchas veces contra la pared. Obstruccionista y carente de una actitud constructiva y democrática, el fujimorismo muestra que su proyecto político es esencialmente autoritario y antidemocrático.

Ante el rechazo unánime de esta iniciativa legislativa por parte del Poder Judicial, del Ministerio Público y otras instituciones, el gobierno ha colocado la reforma del CNM en el ámbito de debate del citado Acuerdo Nacional por la Justicia. Sin embargo, no puede dejarse de señalar por las razones ya explicadas, que PPK ha hecho mal al escuchar al fujimorismo que, una vez más, está interesado en controlar el sistema de justicia, a través del control del sistema de nombramiento de jueces y fiscales, tal como lo hizo en el golpe de estado del 5 de abril de 1992.

[1] Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 56. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del Estado de Derechos en las Américas”, 2013.

Antonio Maldonado Paredes, Ex Procurador del Estado peruano Casos Fujimori/Montesinos