Esta nueva audiencia de Supervisión de Cumplimiento en el caso Barrios Altos – el caso que vio nacer esta nueva aproximación a sus potestades remediales en materia de amnistías – es, entonces, la oportunidad perfecta para que la Corte marque los contornos de esta línea jurisprudencial, tanto desde el fundamento legal que la sustenta bajo el Derecho Internacional general, como desde la perspectiva de cuáles son exactamente las figuras que ameritan este tratamiento diferenciado, y por qué.
Daniel Cerqueira
Desde que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) concedió indulto por razones humanitarias y derecho de gracia a Alberto Fujimori, el 24 de diciembre, se ha desatado un acalorado debate público entre los defensores y detractores de la decisión presidencial. En un país caracterizado por una creciente polarización política, las opiniones divorciadas de un compromiso con la verdad y la terquedad de quienes buscan legitimar la decisión de PPK descansan en un mismo elemento: la imprecisión sobre ciertos conceptos jurídicos.
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Javier Alonso de Belaunde
“No sólo se va a juzgar la conducta funcional de unos Magistrados a propósito de la resolución aclaratoria de una sentencia, sino que se va a afectar o no la estabilidad de uno de los mecanismos de contrapeso del Congreso y, en general del poder” -Valentín Paniagua[1].
Un hombre despierta en el hospital luego de un coma de varios años. Desconcertado por las diferencias que nota en el perfil de la ciudad a través de la ventana, toma el primer diario a la mano y lee: “Magistrados del Tribunal Constitucional serán procesados por el Congreso”. Suspira con alivio. Piensa que al fin y al acabo no ha dormido tanto tiempo. Sigue siendo 1997.
Antonio Maldonado Paredes
En julio pasado, el Presidente Pedro Pablo Kucynski (PPK), presentó ante el Congreso del Perú un proyecto de ley para la reforma constitucional de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de la elección y ratificación de jueces y fiscales. Esencialmente, el proyecto incorpora representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo como miembros del Consejo, eliminando la participación de la sociedad civil.
Entrevista a Ariel Dulitzky, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y ex Presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Katya Salazar
Directora Ejecutiva, DPLF
A pocos días de finalizar el gobierno de Ollanta Humala, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2009, presentó por segunda vez un pedido de indulto, que no es más que el perdón de lo que le resta de pena. Según la legislación peruana, existen dos tipos de indulto: el común y aquel basado en razones humanitarias. En el año 2013, familiares de Fujimori utilizaron la vía humanitaria argumentando que padecía de un cáncer que lo ponía en peligro de muerte. El entonces presidente Humala rechazó la petición porque los informes médicos no evidenciaban el estado de salud que su familia argumentaba. Recordemos que el indulto humanitario se puede otorgar en tres casos: por enfermedad terminal demostrada, no terminal pero grave o incurable y por trastornos mentales crónicos degenerativos e irreversibles. Según lo dictaminó la Comisión de Gracias Presidenciales en 2013, la salud de Fujimori no correspondía a ninguno de estos supuestos.
