Antonio Maldonado Paredes
En julio pasado, el Presidente Pedro Pablo Kucynski (PPK), presentó ante el Congreso del Perú un proyecto de ley para la reforma constitucional de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de la elección y ratificación de jueces y fiscales. Esencialmente, el proyecto incorpora representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo como miembros del Consejo, eliminando la participación de la sociedad civil.
David Lovatón Palacios
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano constitucional autónomo poco conocido por la ciudadanía; sin embargo, su papel es fundamental para el buen –o mal-funcionamiento de la justicia en el Perú: tiene como encargo constitucional la designación, evaluación y eventual destitución de jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional. Entró en funcionamiento el año 1995 y desde hace un buen tiempo se han venido incrementando los cuestionamientos y denuncias de corrupción al interior del CNM y por parte de algunos consejeros y consejeras; lo que llevó, en el año 2016, a un gran consenso entre diversos sectores de sociedad civil y autoridades, en torno a la crisis de legitimidad de este Consejo y la imperiosa necesidad de reformar constitucional y legalmente su estructura y funciones. Tal consenso se plasmó –por ejemplo- en algunos Planes de Gobierno de los entonces candidatos presidenciales, como fue precisamente el caso de PPK, que en su Plan ofreció una reforma profunda e inmediata del CNM.
David Lovatón Palacios
Profesor principal PUCP y consultor DPLF
El pasado 2 de Noviembre se suscribió en el Perú el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), a iniciativa del Gobierno de Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien asistió a la suscripción del mismo por parte de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG).
Por: Luis Pásara
Fellow en DPLF
Los impresentables nombramientos de jueces y fiscales supremos dispuestos por el Consejo Nacional de la Magistratura en las últimas semanas son un grave indicador del lugar al que ha llegado la reforma del sistema justicia en el país desde que, en 1970, empezara una sucesión de ciclos de pretensiones renovadoras. En distintos momentos y con medidas de propósitos diversos se han introducido cambios en la justicia que, en definitiva, no la han mejorado.
